Estamos cerca del octavo aniversario del asesinato de varias personas inocentes y la inmediata desaparición posterior de al menos otros 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Dichos sucesos han marcado un antes y un después en la historia del crimen y la impunidad en México. Por eso importa, y mucho, lo que ocurre en torno a este caso, paradigmático, como muchos otros graves, de la violación masiva de Derechos Humanos, de impunidad y de pactos de silencio mafiosos.
Vale entonces hacer un breve recordatorio del origen de las normales rurales como la Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y habrá que recordar que las normales rurales nacieron en los lejanos años 30 del siglo XX, ya hace casi cien años, al impulso de la educación popular promovida por Lázaro Cárdenas para formar docentes comprometidos con las regiones indígenas y campesinas más alejadas del país, que se fueron construyendo junto con internados donde los estudiantes podían vivir, y que en ellos se gestaron fuertes organizaciones y movimientos estudiantiles. En los internados, las hijas e hijos de los campesinos, muchos de ellos indígenas, como es el caso de muchos de los 43 de Ayotzinapa, podían estudiar y vivir con los magros apoyos del régimen y sobre todo a partir del trabajo cooperativo. Así se formaron y consolidaron estrechos lazos de solidaridad, reciprocidad y activismo que fueron el germen de sólidas comunidades a todo efecto humano, social y pedagógico. De dichas normales rurales, con una fuerte ideología revolucionaria y de izquierdas, surgieron estilos y formas de protesta radical que casi siempre se confrontaron con el partido en el poder, que era también partido de estado. Y los y las estudiantes defendieron sus escuelas normales e internados anexos y exigieron respuestas de los gobiernos en turno a sus demandas, gobiernos caracterizados por su autoritarismo de corte paternalista, muchas veces represivo. Y la represión abierta o velada no se hizo esperar de múltiples maneras.
Así fue como el normalismo, y especialmente el normalismo rural, no teniendo la notoriedad universitaria o bien la proximidad o atención de los medios masivos de comunicación, ni tampoco la atención de las mayorías de las ciudades, estableció formas alternas de protesta y negociación basadas en la toma de instalaciones, bloqueos y toma de autobuses. Y ese tipo de acciones obligaron a los diversos gobiernos a responder a sus demandas. Pero el régimen, cada vez más cargado a la derecha, no pudo y no quiso cumplir con las justas demandas de los normalistas, e intentó, sin éxito hasta hoy, desmantelar las normales rurales acusándolas de radicales, sediciosas y violentas, obligando a los estudiantes y maestros a la resistencia.
La Normal Rural Isidro Burgos, mejor conocida como Ayotzinapa, recibió ya antes de la desaparición de los 43, represalias graves, cuando en 2011 fueron asesinados dos de sus estudiantes quienes bloqueando la autopista México-Acapulco, exigían audiencia con el entonces gobernador. En respuesta al citado crimen, las normales se reunieron en agosto de 2014 en Asamblea y acordaron concentrarse en Ayotzinapa, para desde ahí movilizarse a CDMX para la marcha del 2 de octubre. Los normalistas rurales del país, seguían exigiendo justicia para sus compañeros asesinados en la carretera en 2011, así que los estudiantes de Ayotzinapa organizaron la logística de la toma de autobuses para acudir a la marcha del 2 de octubre. Así es como la zona militar destacada en Iguala, el Ejército, la SEDENA, el CISEN, la PFP, la PGR, el gobierno y las Policías estatales y municipales de la zona de Iguala, no sólo sabían de las acciones estudiantiles, sino que les hacían seguimiento y espionaje (ahora sabemos que uno de los normalistas desaparecidos era en realidad un militar infiltrado en el movimiento). Por eso el gobierno de Guerrero impidió la toma de autobuses en la capital Chilpancingo, provocando que los normalistas fueran a Iguala a intentar la toma del transporte.
Los avances presentados recientemente por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre Ayotzinapa (CoVAJ) a cargo de Alejandro Encinas en representación de la Presidencia de la República, permiten reconstruir los hechos de Iguala de una manera alternativa a la llamada por el hoy detenido ex procurador Murillo, “verdad histórica”. Pero sabemos también que la “verdad histórica” se había derrumbado ya desde la publicación del primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en 2015. Tal vez por eso el gobierno de Peña les invitó entonces cordialmente a dejar el país después de haberles pedido participar en las investigaciones inicialmente. Desde entonces, hay al menos 2 informes públicos del GIEI, además del de la CoVAJ recién hecho público por Encinas. Volveremos sobre los hechos de Iguala y sus graves consecuencias para la sociedad y el estado mexicano en las siguientes entregas.
@efpasillas
