El lenguaje político es un discurso; una expresión de ideología que busca lograr que la sociedad realice las conductas adecuadas para mantener el orden, y fortalecer el sistema. Algunas veces, esos discursos se emiten para definir ciertos aspectos de la vida, y en otras ocasiones (las mayores) ordenan algo; es decir, intervienen en el desarrollo del contexto social en que se produce, para calificarlo de válido o inválido, justo o injusto.
Si ese discurso provoca que se den las conductas esperadas por el emisor, es eficaz para mantener poder, al haber logrado que se realicen las conductas impuestas. Así, el lenguaje político es un discurso de poder, ya que tiende a determinar las conductas de los demás.
En la película Agente Internacional (The International), hay un diálogo que dice más o menos así: “primero está todo lo que la gente quiere oír, luego lo que la gente quiere creer, después todo lo demás, y finalmente está la verdad.” Ya no sorprenden discursos donde se explota el miedo y se ataca a otros para responsabilizarlos de errores propios, pues cada sexenio es el mismo cantar. Según esos discursos el Poder Judicial es corrupto, genera impunidad e indignación, y actúa contra los intereses de la sociedad. En esos discursos se maneja la información a determinados intereses, en forma recortada y popular, para dar una aparente sensación de seguridad, en el sentido de que ciertos actores públicos cumplen con sus funciones, pero el Poder Judicial es la autoridad que está mal.
Podríamos formular unas preguntas a esos emisores de discursos: ¿Por qué no le informan a la sociedad que el Poder Judicial existe en nuestro Estado de Derecho, no para cumplir los caprichos de la administración o de los legisladores en turno, sino para proteger a las personas de las arbitrariedades de las autoridades, respetando y haciendo valer sus derechos humanos?
¿Por qué no le informan a la sociedad, que los actos de autoridad deben ser apreciados, y para determinar su validez, debe realizarse un proceso y dictarse una sentencia, y no puede tacharse o estigmatizar a una Jueza o Juez por realizar debidamente su trabajo?
¿Por qué no le informan a la sociedad que las medidas de protección de derechos, no son “tecnicismos legales”, “errores de interpretación” o “servilismo”, sino derechos esenciales de toda la sociedad, que el propio pueblo instituyó para defenderse de los abusos autoritarios?
¿Cuál es la finalidad de mostrar a un Poder Judicial como “corrupto” al cumplir con su trabajo, si es la principal institución defensora y protectora de los derechos de la sociedad? ¿Por qué repetir constantemente esa mentira?, ¿por qué insistir en que todo lo que no salga a favor de sus intereses es producto de la ilegalidad?
¿Es necesario alegar que no se puede avanzar por “tecnicismos legales” o “criterios equivocados de los Jueces”, para tratar de justificar las violaciones a los derechos humanos, la restricción de garantías, las actuaciones autoritarias, y lograr que el pueblo crea que esto es necesario y lo pida a gritos?; ¿por eso se da esa información, en vez de reconocer los propios errores, y no atribuírselos a otro?
Cuando algún tema se litiga a través de los medios de comunicación o las redes sociales, es porque regularmente no se tienen los elementos para litigarlo y ganarlo ante los tribunales. Con estos discursos se trata de destruir a una de las principales instituciones encargadas de proteger los derechos humanos; el mensaje proyectado por quienes dan esa información, es que las personas no tienen derechos, y no pueden existir mecanismos que los protejan; todos son enemigos del Estado y deben ser tratados como tales. Con esos discursos se están cometiendo delitos, pues públicamente se busca intervenir en el ánimo de las y los juzgadores para que tomen una decisión bajo presión popular; es una intromisión a la independencia y autonomía judicial (lo más inexplicable es que lo dicen en horario familiar o lo dejan por escrito).
No requerimos “modernizar” los viejos discursos; necesitamos crear nuevos discursos operativos que aterricen en el fortalecimiento de un Sistema de Administración de Justicia real, autónomo e independiente, que asegure el respeto absoluto de la dignidad humana y sus derechos. Pero en México, la inoperancia, la sorda reflexión y ciega creatividad, ha contribuido, durante muchos años, a convalidar la convicción colectiva de que en la lucha por la supervivencia todo vale y que nada razonable puede esperarse de la autoridad (Elbert).
Los ataques a las instancias que protegen derechos se intensifican en la medida en que el poder central tiene un carácter más absoluto y a la sociedad se le impide desarrollarse para exigir sus derechos. Seguimos viendo como las leyes son producto de escritorio, y no del contacto directo con la realidad, o por lo menos volteando los ojos hacia otro lado al momento de crearlas. En lugar de hacer normas o programas de acción que obliguen a las autoridades a cumplir con sus funciones constitucionales de protección y satisfacción de derechos humanos y fundamentales, se siguen aprobando leyes y estrategias que lentamente van destruyendo los derechos y garantías, y mantienen un sistema social acrítico y restrictivo, disfrazándolo de benéfico y supuesto protector de derechos.
El camino a seguir es el de crear e implementar políticas públicas integrales para la satisfacción de necesidades humanas en forma digna para el desarrollo adecuado del ser humano; y no dejar de caminar con políticas restrictivas de las libertades que no generan evolución social, y solo incrementan el miedo, el odio, el egoísmo, la división y la violencia. Pero como siempre, las leyes y el derecho son la bandera imperante para obtener grandes canteras de votos. Ahí es dónde realmente vemos en qué lugar nos tienen a los demás, y la diferencia esencial entre servir al pueblo o para qué les sirve el pueblo. Entonces, a nosotros nos corresponde decidir qué tipo de sociedad, discurso y Estado queremos.
