Organismos de inteligencia de nuevo gobierno de Colombia consideran que los narcotraficantes mexicanos podrían fortalecer su presencia en ese país en el escenario de la “paz total” que impulsa el presidente Gustavo Petro, pues esto generaría “vacíos criminales” que podrían ser llenados por los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, considerados una amenaza a la soberanía colombiana.
El presidente colombiano Gustavo Petro considera que los cárteles mexicanos se han convertido en la principal amenaza para la soberanía nacional y, en consecuencia, ha ordenado a los comandantes de las Fuerzas Militares y de la policía reorientar la estrategia de seguridad a contener el avance de estas estructuras del “crimen multinacional”.
La directriz del mandatario está contenida en un documento reservado del gobierno, conocido por Proceso, y el cual parte de un diagnóstico que refleja los planteamientos que ha hecho en diferentes consejos de seguridad: “Los cárteles internacionales de la droga, especialmente los mexicanos, dominan cada vez más extensas zonas de nuestro territorio”.
Ese dominio territorial se traduce en “un control político de la población que obstaculiza la construcción de paz”, agrega el informe.
Y señala que “hoy los campos de batalla de Colombia no están cruzados por la Guerra Fría, no son guerrillas revolucionarias enfrentadas a un Estado oligárquico; son guerras mafiosas con un ingrediente que no teníamos antes: los factores de poder de las mafias en Colombia cada vez son más mexicanos”.
Los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación “tienen la capacidad de controlar la producción de hoja y su transformación en cocaína en Colombia, el transporte de la droga a Estados Unidos y su distribución en el mercado minorista de los grandes centros urbanos estadunidenses”, indica el documento.
El reporte, que contiene información de las principales agencias colombianas de inteligencia –militares, policiacas y civiles–, asegura que esos cárteles están introduciendo a Colombia “armamento de alto poder” y tienen a su disposición “ejércitos privados que les aseguran el control de las diferentes fases de producción de cocaína y de las rutas” de exportación de esa droga.
Con estos insumos, las fuerzas militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad que dependen del presidente Petro comenzaron a elaborar una nueva estrategia de seguridad que erradicará el concepto de “guerra” contra el narcotráfico que impulsaba el anterior mandatario, Iván Duque, y que privilegiará, en cambio, la protección de las comunidades amenazadas por actores criminales y la lucha contra las “amenazas externas”, entre ellas los cárteles mexicanos.
Los organismos de inteligencia formaron una mesa de trabajo para alinear el Plan Nacional de Inteligencia con las prioridades del gobierno de Petro, que apenas lleva seis semanas, y una de las tareas de los especialistas ha sido el cambio de lenguaje: ya se habla, por ejemplo, de Seguridad Humana, un concepto de seguridad que impulsa Petro, y de “crimen multinacional”.
En esa mesa de trabajo participan delegados de la Dirección Nacional de Inteligencia, que depende del presidente, y la cual está a cargo de Manuel Casanova, un filósofo y exguerrillero del M-19 de toda su confianza; de la Dirección de Inteligencia Policial; del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército (CEDE2); de Inteligencia Naval, y de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Alerta del CEDE2
A tono con las prioridades de seguridad del gobierno de Petro, el CEDE2 trabaja en el fortalecimiento de una Unidad contra la Delincuencia Trasnacional Organizada que se encarga de detectar, analizar, atacar y neutralizar organizaciones criminales extranjeras que amenacen la seguridad.
Informes entregados por esa unidad al nuevo gobierno, los cuales fueron conocidos por este semanario, indican que los cárteles mexicanos son “actores fundamentales” en el negocio de la producción, procesamiento, transporte y exportación de la cocaína en Colombia, y en los últimos años han adquirido una “creciente importancia” en los territorios más conflictivos del país.
Los informes identifican a los cárteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, de Oaxaca y remanentes de Los Zetas, y los ubican como “estrechamente relacionados” con Grupos Armados Organizados locales, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
