Una vez más, la semana que concluyó el sábado 10 de diciembre, ha sido un tormento para el ánimo del inquilino de Palacio Nacional. La derrota en la votación de los Diputados de su reforma (deforma) electoral tras un par de intentos (el 29 de noviembre y el 6 de diciembre) por alcanzar la mayoría que requería la modificación a la Constitución, por supuesto significó un enorme desgaste político para su movimiento “transformador”. Sus huestes no fueron suficientes para alcanzar los votos necesarios para su intentona, ni con la marea de su megamarcha del 27 de noviembre, de su impericia política basada en la tozudez del propio presidente, eliminando cualquier margen de maniobra para sus operadores en San Lázaro.
Tras el descalabro de ese martes fatídico para su proyecto de reforma electoral, terco como es, insistió en su: “el INE sí se toca”, y, en fila, empujó a sus grupos parlamentarios coludidos en torno a la 4t, a aprobar el Plan B. Una iniciativa elaborada en el Palacio de Cobián, y cuyo responsable directo fue la corcholata mayor, el secretario Adán Augusto López, con la impronta colaboración de Pablo Gómez, por su amplia experiencia en materia electoral y hombre de las confianzas presidenciales.
Este Plan B proponía la modificación de al menos 450 artículos de 6 leyes, en un documento de alrededor de 1000 páginas, a saber: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Federal de Consulta Popular, y la Ley General de Comunicación Social, propuesta que fue entregada a los diputados por la tarde noche del 6 de diciembre, con la consigna de ser aprobada de manera inmediata, esto es, sin leer, sin analizar su contenido, y, por supuesto, “sin cambiarle una coma”.
Dóciles y serviles, los diputados cuatroteros hicieron su tarea obedientes y obtusos, aprobaron el Plan B en la madrugada del 7 de diciembre, y prácticamente ese mismo día fue turnado el dictamen a la Cámara de Senadores, que fungiría como Revisora del mismo, junto con una minuta en materia electoral que resumía los cambios propuestos por la Cámara de Origen. La indicación para los senadores de la mayoría de la 4t era la misma: obviar el debido proceso legislativo, subirse al pleno y aprobarse, mediante la mayoría simple. En un acto esperado por las circunstancias prevalecientes, el presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, señaló que el Senado de la República actuaría con responsabilidad y con apego a los procedimientos parlamentarios vigentes, a pesar de la voluntad presidencial. Decisión que causó revuelo en la opinión pública por la carga política de su significado en este tiempo de tempestades del Titular del Poder Ejecutivo. Señaló un plazo de 5 días para que las Comisiones del Senado revisaran la minuta, aunque enseguida señaló al menos un par de irregularidades en el dictamen y lo compartió públicamente, cuestiones que favorecían a los partidos políticos pequeños para garantizar su sobrevivencia en procesos electorales futuros. Asimismo, señaló que el documento votado por los diputados no correspondía a lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, lo que implicaba una grave falta en el proceso legislativo. El presidente López Obrador tuvo que reconocer esos deslices y los achacó a los “duendes”, nunca lo admitió como un error de su corcholata mayor.
Asimismo, ya con avances en la revisión del documento aprobado por los diputados, el senador Monreal indicó que, la Cámara Alta, tenía detectados alrededor de 100 inconsistencias en la propuesta, mismas que se le harían saber a la Cámara de Origen (y al secretario López Hernández, como cortesía), para su consideración y, en su caso, modificación, en la sesión del 13 de diciembre, sólo un par de días ante del término del período ordinario de sesiones del Congreso. Un auténtico laberinto para el presidente López Obrador, quién en su afán por someter al INE de cara al 2024, seguro procederá según su invariable estilo autoritario.
En otro escenario, este en el ámbito de la política exterior, coincidentemente con el drama del Plan B, en Argentina, un tribunal penal determinó que la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, defraudó al Estado por más de mil mdd al otorgarle fraudulentamente contratos de obras públicas a un socio durante su presidencia, decretándole 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Algunos días después, el mismo 7 de diciembre, el Congreso de Perú depuso a Pedro Castillo, amigo, hermano, de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de ese país, tras su intentona de disolver el Congreso, declarar un estado de excepción y un toque de queda, vamos, un autogolpe de Estado. En una acción rápida, legal y sin balas (ni abrazos), el Congreso de Perú designó a Dina Boluarte, como presidenta interina.
Ambos sucesos provocaron la indignación de López Obrador achacando a los “enemigos del pueblo”, a los conservadores de ambas naciones de ser los responsables de ambas situaciones. En el caso particular de Perú, las declaraciones vertidas por el presidente mexicano, provocó la reacción diplomática del gobierno peruano solicitando al presidente mexicano de evitar cualquier acción injerencista respecto a su situación interna. La respuesta de López Obrador sería en el sentido de que sólo estaba “opinando”, olvidando su calidad de jefe de Estado. Ante la opinión pública mexicana, López Obrador, usa un doble rasero para referirse a la situación latinoamericana, una para Argentina y Perú y otra para los casos de sus “amigos” de Venezuela, Nicaragua o Cuba, por ejemplo. Todo el apoyo para sus gobiernos, aunque a los pueblos buenos, los acose la pobreza y la antidemocracia. Así otro laberinto de la 4t, por su selectiva e imprudente visión en política exterior.
A manera de remate, en este mismo ámbito, no olvidar la resolución en materia de energía que se dará con relación al T-MEC con los “socios” EU y Canadá.
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