México ha logrado sobrevivir a cuatro años de “transformación”, desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador. En esa su visión megalómana, el huésped de Palacio Nacional ha sometido a la nación a un proceso que, pomposamente, ha denominado como la “Cuarta Transformación” o 4t, para abreviar; tratando de equipararla con los grandes momentos que incidieron en el cambio de México a partir de su independencia de España en el siglo XIX, transitando por la Reforma de los tiempos juaristas y el movimiento revolucionario de principios del siglo pasado. Sólo a partir de este último movimiento el país entró en un proceso de modernización acelerado, sí, lleno de situaciones y eventos sociales, económicos y políticos complejos, la mayoría de ellos llenos de injusticia para las mayorías de la población nacional, pero que llevaba una dirección decididamente orientada hacia el desarrollo y crecimiento del país, buscando su lugar en el ámbito internacional como una nación importante, ello por su población, extensión territorial, situación geográfica, por sus recursos naturales, entre otros factores.
En este proceso, la población general ha sido la mayormente exigida y, en muchos casos expoliada, la que ha invertido sus esfuerzos y sacrificios, y sus rentas económica y social han sido las menores. Además de sufrir los abusos del poder a través de prácticas tan nefastas como la corrupción, la inseguridad y la impunidad en su día a día. Sin embargo, esta misma sociedad mexicana, paralelamente, fue construyendo a lo largo de los años y con una tenacidad muy característica de los mexicanos, unos mecanismos institucionales para regular la actuación de la clase política en el poder, más allá de los colores que la impulsaron, a fin de mediar y controlar sus modos y apetitos de coyuntura.
Ciertamente, al menos en la forma legal, constitucionalmente se logró acotar los tiempos del ejercicio del poder por los titulares del Poder Ejecutivo; el caudillismo, se vio forzado a aceptar plazos limitados a seis años en la presidencia de la República. No obstante, la incipiente institucionalización, no lograba contener las ambiciones de una clase política a pesar de los controles legales. La “creatividad” de los políticos revolucionarios siempre encontró la forma de enriquecerse ilegítimamente desde el gobierno, así como de garantizar el perpetuarse en el poder, controlando los mecanismos electorales desde el propio aparato del Estado. Imaginación no les faltaba.
La lucha entre el partido “revolucionario” y el pueblo cansado, se mantuvo en una intensidad constante, sobre todo a partir de las crisis económicas recurrentes del último tercio del siglo 20. En 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión, expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), derivado de lo anterior, y específicamente en 1997, por primera vez el oficialismo perdía la mayoría en la Cámara de Diputados y con ello se allanó la llegada de la alternancia en el Ejecutivo en el 2000. Así, el pueblo sabio (López Obrador dixit), a través de sus representantes y la nueva mayoría, inició la construcción de los mecanismos que permitirían a los mexicanos acotar y regular las acciones del gobierno, específicamente, de la clase política incrustada en la administración pública, en su toma de decisiones y sus actos relativos a las formas de ejercer los recursos públicos, en un claro intento por combatir en un primer momento la galopante corrupción.
En este último trayecto de 18 años, se sucedieron al menos tres alternancias en la presidencia de la República, y en el interín, se instauraron innumerables organismos e instituciones reguladoras de la vida nacional, de carácter económico, político, social, ambiental, que darían seguridad y certeza a las decisiones y acciones emanadas de las autoridades para encauzar el desarrollo y crecimiento del país. En el sexenio previo a la llegada del presidente López Obrador, el control de la lucha contra la corrupción se mostró en su faceta más descontrolada y descarnada, lo que exacerbó el ánimo y paciencia de los mexicanos, lo que permitió que una tercera opción, encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) arribara a la presidencia del país. Su propuesta, como se mencionó al principio, era impulsar una “Cuarta Transformación”, pero, a cuatro años de este arribo ¿qué ha significado para el país?
El andamiaje institucional, con la llegada de la 4t y su “Marca Bienestar”, ha sufrido las siguientes mermas. Hasta abril de este año (de acuerdo con el reportaje de Alejandra Crail, del portal gatopardo.com del 18/04/22), la administración pública nacional ha sido reducida vía decretos presidenciales y cambios en las normas internas, y con el pretexto de impulsar una “austeridad republicana”, el gobierno de México ha desaparecido diversos organismos, subsecretarías e instituciones claves para México. Así, 70 organismos gubernamentales desaparecieron o están en vías de hacerlo: ya 43 están extintos y 27 en esas andan. Se han perdido 14 subsecretarías de Estado, 6 organismos desconcentrados, 3 organismos descentralizados, dos áreas internas de dependencias, 1 empresa de participación estatal mayoritaria, un organismo autónomo y 17 oficialía mayores. Además, desaparecieron 109 fideicomisos públicos federales, entre otras medidas “transformadoras”.
El último embate de la 4ta a las instituciones del país está referido al ataque sistemático del INE, la institución con mejor reconocimiento de los mexicanos por sus resultados para la vida nacional. Ante la perspectiva del término del sexenio del presidente López Obrador, y los magros resultados transformadores, sobre todo aquellos relativos al desarrollo y crecimiento económicos, así como la inflación y carestía de la vida, la mala calidad de los servicios de salud, la creciente y agresiva inseguridad que acosa a todos los mexicanos, el marcado aislamiento internacional del país y la crisis del T-MEC, el único camino que encontró AMLO fue atacar el responsable de las elecciones del país, a fin de tratar de garantizar su pervivencia en el poder más allá del 2024.
De todo lo comentado, no podemos aceptar que México haya alcanzado un nivel mínimo de “transformación”, todo lo contrario, preocupémonos de cara a la entrada del 2023.
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