Los órganos garantes del país suscribieron una carta dirigida a la presidenta electa, a fin de solicitarle una audiencia y explicarle los beneficios de tener acceso a la información. Comentó que esto significa que el Poder Ejecutivo sería juez y parte, con lo cual no se tendría certeza
El comisionado presidente del Instituto de Transparencia en Aguascalientes, Jorge Armando García Betancourt, destacó la labor periodística y la amenaza que se tiene ante la posible desaparición del INAI como órgano autónomo.
De igual manera, descartó que el INAI no cuente con acciones específicas para que funcionarios públicos o entes públicos que hayan caído en irregularidades o actos de corrupción puedan ser sancionados.
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En entrevista para LJA.MX explicó que la ley sí contempla acciones vinculantes, es decir, tanto en denuncias que presenta la ciudadanía por falta de carga de una obligación, como por el tema de cuando una dependencia se va a un recurso de revisión por no garantizar el acceso a la información.
“Prácticamente actuamos como una réplica, porque se armonizó la Ley General de Transparencia con la ley estatal en materia de transparencia y aquí más bien lo que hemos hecho como organismo garante en el estado ha sido la promoción de este derecho con la ciudadanía”.
Lo anterior debido a que el acceso a la información se considera un derecho nuevo y poco conocido, donde el porcentaje, en un 70 u 80 por ciento de quienes lo utilizan, son los medios de comunicación, por lo que es una herramienta muy importante a efecto de realizar investigaciones periodísticas.
Manifestó que, por tanto, han estado en una lucha constante y unidos, por lo que los órganos garantes del país suscribieron una carta dirigida a la presidenta electa, a fin de solicitarle una audiencia y explicarle los beneficios de tener acceso a la información y la protección de datos personales.
“Nos comentaron que ahorita la prioridad era el tema de la Reforma Judicial y posteriormente se vendría el tema de la discusión, a través del parlamento abierto como figura, por el tema de la desaparición de los órganos autónomos, pues lo que quieren hacer es meterlo a la Secretaría de la Función Pública, es decir, centralizarlo”.
Comentó que esto significa que el Poder Ejecutivo sería juez y parte, con lo cual no se tendría certeza: “imagínense, como usuarios de la herramienta que pidan el tema de un contrato, aquí existe un tercero como órgano autónomo y entra como árbitro para ver si realmente se está garantizando o no el acceso a la información de lo que están pidiendo, pero aquí ellos decidirían si dan la información o no”.
Señaló que ese es el riesgo que se tiene si se aprueba esta reforma constitucional.
Comentó que actualmente hay distintas sanciones para quien no da información, donde la ley maneja amonestaciones, apercibimientos y hasta una multa que puede llegar a las 4 mil 500 UMAS.
Dijo que a la fecha están revisando que cada sujeto obligado, que son las entidades o secretarías que ejercen recurso público, tengan información actualizada, como su directorio telefónico o el capítulo 1000, que son los sueldos y salarios.
