Cosas Veredes
Teuchitlán, primeras conclusiones
Aún no se termina por conocer la magnitud de los hechos de horror que se cometieron en el rancho Izaguirre de la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco, y ya podemos llegar a algunas conclusiones iniciales sobre el significado de los hallazgos de un grupo de buscadores voluntarios.
La principal conclusión seguramente consiste en establecer que la desaparición de personas, y especialmente la desaparición forzada, ya es un problema de emergencia nacional. Es una expresión de inseguridad pública que vive el país, agravada en lo que va del siglo XXI y cuyo origen se encuentra en el crecimiento de la delincuencia organizada en el marco de un alto índice de impunidad que permea en la sociedad mexicana, así como en las deficiencias del aparato de justicia de nuestro país.
La cifra que reportó el Registro Nacional de Personas desaparecidas hasta enero de 2025 es de más de 121 mil personas y, de ellas, en lo que va de 2025 han sido más de 4 mil. Son cifras escalofriantes. Por estos tiempos ya no es raro saber de alguna familia que busca a uno de los suyos que por algún motivo salió y faltan noticias de su paradero. Las causas de las desapariciones pueden ser variadas, desde los motivos personalísimos hasta las relacionadas con la delincuencia. Frente al fenómeno real, resultan frívolas e irresponsables las expresiones que se han vuelto comunes: “tal vez se fugó con el novio o la novia”, “andaba en malos pasos”, “eso le pasa por andar en malas compañías”, etc. Lo cierto es que en un estado de derecho las personas tienen derecho a estar seguras en donde sea que se encuentren, pero eso se torna dramático y de terror cuando se reporta que existen al menos 72 mil cuerpos sin identificación en los servicios forenses del país, y casi no pasa un día sin que se sepa del hallazgo de fosas clandestinas. ¿Qué familia puede tener tranquilidad con esas noticias, ante el paradero desconocido de uno de sus integrantes?
La mejor respuesta es la empatía y la solidaridad. Independientemente de los datos precisos que resulten de investigar las operaciones del rancho Izaguirre. Ni los restos humanos, ni las personas secuestradas, ni los criminales y armamento que encontró la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco en ese rancho en septiembre del 2024 son cosa mínima, como tampoco los restos y vestigios que hallaron los voluntarios en ese mismo lugar el pasado 7 de marzo. Tampoco las fosas clandestinas y los restos humanos que se han encontrado ya en todas las regiones del país. Si los zapatos y ropas halladas pertenecieron a 10 personas o a 50 o a 200, no quita un ápice a la gravedad de los hechos. La discusión de cantidades de restos humanos termina siendo una distracción tan macabra y cruel como la existencia de esos sitios de la cultura de la muerte. La sociedad mexicana está impactada y cada hallazgo como esos nos coloca en la disyuntiva de normalizar la cultura de la crueldad o solidarizarnos con las víctimas y levantar la voz ante la violencia y la impunidad.
Los grupos de voluntarios en búsqueda de personas son un valioso activo social. El surgimiento de decenas o centenas de grupos de buscadores voluntarios de personas desaparecidas, nos muestra que la desgracia de la desaparición forzada ya afecta profundamente nuestra sociedad; la desesperación de familias y la ausencia de resultados de las corporaciones oficiales ha llevado a miles de personas a que busquen por su cuenta y riesgo a sus familiares, recorriendo anfiteatros, escuchando rumores, siguiendo pistas e indicios y hasta buscando contactos con las organizaciones criminales que incluso pudieron haber reclutado o asesinado a la persona buscada. De manera espontánea, en México se está conformando desde la sociedad civil un movimiento nacional de búsqueda de personas desaparecidas y, como sucede con otras expresiones sociales, lo mejor es que desde los gobiernos se creen las sinergias necesarias y nunca la condena ni la descalificación. Sería absurdo que las instituciones de seguridad se confrontaran con los ciudadanos que pueden ser sus mejores aliados en el doloroso tema de la búsqueda de personas.
Es inaceptable la descoordinación, la negligencia y la omisión. Entre las muchas razones para que exista estrecha coordinación entre las instancias municipales, estatales y federales, la seguridad pública es hoy por hoy la principal. No es posible que persistan miles de restos humanos sin identificar, y miles de familiares buscando desaparecidos; lo mínimo es que exista el banco nacional de datos en dónde se pueda buscar y cruzar información. Esas escenas de madres buscando el cadáver extraviado de un hijo en morgues caóticas, como hemos visto recientemente, nunca debieran repetirse. La causa de los desaparecidos es una razón muy fuerte para demandar que los gobiernos municipales y sus policías tengan conocimiento exhaustivo de sus territorios, y la vigilancia necesaria con el auxilio de los estados y la federación y sus corporaciones de seguridad. Si algo bueno puede quedar del terror de Teuchitlán es que se ponga en marcha la recuperación y formación de policías locales de alta confianza y eficiencia. No será fácil, pero esa estrategia ya debe empezar y seguramente será positiva y fructífera. Y será la mejor respuesta de los gobiernos de los estados y la federación.
