Australia, un país con imagen de avanzada en conservación ambiental, se convirtió en el centro de una tormenta ética y mediática tras autorizar la muerte de 750 koalas mediante disparos desde helicópteros en el estado de Victoria. Esta medida, defendida por el gobierno local como “eutanasia humanitaria”, fue aplicada luego de un incendio que devastó más de 2,000 hectáreas en el Parque Nacional Budj Bim, dejando a los koalas sin alimento ni refugio.
El Departamento de Energía, Medio Ambiente y Acción Climática (DEECA) justificó la decisión argumentando que los animales estaban heridos o moribundos, y que dispararles era “el método más rápido disponible para evitar sufrimientos prolongados”. Francotiradores certificados y veterinarios habrían evaluado la condición de los animales desde el aire, disparando desde una distancia de hasta 30 metros. La primera ministra estatal, Jacinta Allan, respaldó la medida como respuesta a una emergencia de bienestar animal.
Pero la narrativa oficial enfrenta una fuerte resistencia. Organizaciones como Friends of the Earth, la Koala Alliance y figuras políticas del partido Justicia Animal denunciaron la falta de protocolos éticos y técnicos rigurosos. La crítica más contundente: es imposible determinar el estado de salud de un koala desde el aire, y no se tomaron precauciones para evitar la muerte de crías ocultas en las bolsas marsupiales de las hembras abatidas.
El debate no se limita a un cuestionamiento ético, sino que pone el foco en una política de manejo ambiental que, según expertos, puede sentar un peligroso precedente. “Estamos normalizando la idea de que matar animales en masa es una forma válida de gestión ambiental”, advirtieron varias voces desde el ámbito conservacionista. El temor es claro: si el cambio climático intensifica incendios como el de Budj Bim, esta solución podría replicarse.
Las grietas en el relato oficial también se evidencian en los números. Mientras el gobierno sostiene que fueron 750 koalas, medios reportan estimaciones cercanas a los 700. Activistas exigen transparencia en los registros veterinarios, en los criterios de selección y en los costos operativos de esta matanza selectiva.
Y hay una paradoja jurídica que refuerza el malestar: aunque los koalas fueron declarados especie en peligro de extinción en Queensland y Nueva Gales del Sur en 2022, en Victoria no tienen esa protección legal. Esto permite que las autoridades del estado ejecuten medidas sin solicitar permisos federales, lo que limita la supervisión externa. La legislación nacional, más laxa en regiones específicas, refuerza un marco legal fragmentado que deja la protección de la fauna sujeta a decisiones estatales de emergencia.
La preocupación se amplifica ante el deterioro constante de las poblaciones de koalas. Estudios reportan una disminución de entre el 50 y el 62% en las últimas dos décadas, agravada por la deforestación, enfermedades como la clamidia y eventos extremos relacionados con el cambio climático. A pesar del Plan Nacional de Recuperación a 10 años y herramientas como el monitoreo por IA, los resultados son escasos y las expectativas, desalentadoras.
Más allá de cifras y declaraciones, este episodio plantea una pregunta central: ¿cuál es el verdadero costo de una política de conservación que responde con balas a una crisis provocada por la inacción climática?
