¿Para qué se reforman los poderes judiciales?
Existen cinco explicaciones por las cuales los gobiernos realizan una reforma judicial. Partimos de que la Corte y el Poder Judicial son centrales para la democracia como contrapeso de los otros dos poderes, además, de tener el rol fundamental de protección de los ciudadanos contra los abusos del poder y la tutela de los derechos constitucionales.
Varias teorías explican el por qué los regímenes gubernamentales promueven las reformas judiciales, destacando entre ellas las siguientes: a) la parte económica y de libre mercado, b) protección política; c) gobernanza política; d) ideas y compromisos ideológicos, y, e) agencia y movilización legal.
- a) En lo que respecta a la parte económica y de libre mercado, se destaca la necesidad de dar certeza y crear un buen clima para los negocios, además de fomentar la inversión extranjera. En nuestro país tenemos como ejemplo la reforma zedillista de 1994, que removió a todos los miembros de la Suprema Corte para reducirla de 21 a 11 ministros, todo ello dentro del esquema de requerimientos exigidos para entrar al tratado de libre comercio TLCAN (hoy TMEC), exigencias que hacían los socios comerciales Estados Unidos y Canadá. Pero, sobre todo, de dar certeza como estado en la parte relativa a la inversión extranjera que se instalaba en nuestro país producto de ese tratado comercial que inició en ese mismo año. Esta teoría apunta a la influencia que tienen las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, en lo referente a los préstamos a países en desarrollo al que solo accedían a partir del cumplimiento de ciertos parámetros, como la transformación del sistema de justicia y la construcción de un Estado de derecho efectivo.
- b) La versión de protección política, se denomina así aquélla en que el partido en el gobierno busca protegerse frente a su posible derrota en las elecciones subsecuentes, por ello es que promueva reformas creando cortes y jueces a modo que limiten en su actuación al futuro gobierno, buscando de esta manera evitar que la corte y poder judicial sean usados como arma política con la oposición. Los casos ya los conocemos especialmente en países de Latinoamérica.
- c) Gobernanza política, esta teoría destaca cómo los actores políticos encuentran en la reforma judicial y el fortalecimiento de las cortes una herramienta estratégica para evitar la toma de decisiones en temas polémicos, pero urgentes, como el aborto o la legalización de la marihuana. En este sentido, se argumenta que los líderes políticos reforman las instituciones judiciales con el propósito de transferir la responsabilidad de resolver estas cuestiones sensibles a los tribunales, en lugar de abordarlas directamente a través del proceso legislativo. Esta estrategia les permite evitar enfrentar directamente las posibles repercusiones políticas o sociales asociadas con estos temas controvertidos, al tiempo que mantienen una apariencia de compromiso con el Estado de derecho y la separación de poderes.
- d) La teoría de las ideas y los compromisos ideológicos, pone al centro los valores políticos y las creencias ideológicas de los actores involucrados en la reforma judicial, apuntando que pueden influir en el diseño y la instrumentación de cambios en el sistema judicial, determinando cuáles aspectos se priorizan y cómo se llevan a cabo las reformas. Por ejemplo, estas teorías señalan que las reformas judiciales responden a las ideas o a los compromisos ideológicos de sus hacedores: aquellos cercanos a la izquierda las impulsan para mejorar la justicia y la democracia, mientras que aquellos cercanos a la derecha tienen como prioridad garantizar las condiciones para el libre mercado, particularmente, con un tribunal independiente para que garantice los derechos de propiedad, comercio e inversión.
- e) Agencia y movilización legal, enfatiza la participación activa de diversos agentes o actores sociales, como jueces, fiscales, colectivos de derechos humanos y abogados. Estos grupos movilizan recursos con el objetivo de influir en la agenda política y promover cambios en el sistema judicial, o en algunos casos, resistir contrarreformas. Su acción abarca desde la elaboración de propuestas de ley hasta la difusión de ideas a través de medios de comunicación, así como el cabildeo tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo. Asimismo, utilizan el litigio estratégico para avanzar una protección más amplia de derechos en al ámbito judicial que pueda servir de base para un cambio legislativo futuro.
