Benjamín Saúl Huerta, exdiputado federal por Morena, ha agotado sus recursos judiciales para evitar la sentencia más contundente en su historial penal: 22 años de prisión por la violación de un menor de edad en el estado de Puebla. El fallo, dictado en febrero de 2024, fue ratificado este 15 de mayo por el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, luego de que se desechara la apelación con la que pretendía reducir su condena.
La resolución reafirma no solo la pena de cárcel, sino también la sanción económica establecida: 325 veces la Unidad de Medida y Actualización. Según lo estipulado por el tribunal, la condena se cumplirá en el centro penitenciario que determine el juez de ejecución, sin que se tomen en cuenta los periodos de prisión preventiva ya cumplidos. Actualmente, Huerta permanece recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Esta es la segunda sentencia condenatoria en su contra. En noviembre de 2023, fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de abuso sexual en un proceso previo desarrollado en la Ciudad de México. Ambas sentencias derivan de denuncias presentadas entre 2021 y 2023, tras su desafuero y posterior detención en agosto de 2021.
El caso más emblemático tuvo lugar el 21 de abril de 2021, cuando un menor de 15 años denunció a Huerta por agresión sexual en un hotel de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según las investigaciones, el legislador usaba su investidura política para acercarse a jóvenes, particularmente en Puebla, ofreciéndoles supuestas oportunidades en el ámbito político. Al menos cuatro denuncias adicionales han sido interpuestas en su contra por hechos similares.
A pesar de haber intentado ampararse en distintas ocasiones —incluso alegando que la familia de la víctima le había otorgado el perdón—, los jueces reiteraron que los delitos que se le imputan son de carácter perseguible de oficio, y por tanto no susceptibles de negociación. La narrativa de víctima de un proceso injusto, sostenida por su defensa, tampoco prosperó ante los tribunales, que consideraron válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla y por los representantes legales de las víctimas.
El caso de Huerta ha sido un punto crítico en la discusión sobre la protección institucional a figuras políticas acusadas de delitos sexuales. El desafuero, que le fue retirado en agosto de 2021, permitió que avanzaran los procesos judiciales. Pero los años previos en los que operó bajo la sombra del fuero reflejan las barreras que enfrentan las víctimas al denunciar abusos cometidos por figuras de poder.
Que un actor político con al menos dos sentencias firmes y varias denuncias por agresiones a menores haya llegado a ocupar un escaño federal, no solo es un recordatorio del rezago institucional en materia de prevención y justicia, sino también un llamado de atención sobre las estructuras partidistas que, por acción u omisión, permiten la permanencia de figuras con antecedentes cuestionables. Que hoy enfrente su condena no borra el daño, pero sí representa un precedente judicial necesario.
