Un nuevo escándalo de violencia institucional sacudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que se difundieran en redes sociales varios videos en los que se observa a cuatro guardias de seguridad sometiendo con brutalidad a un derechohabiente en el Hospital General de Zona No. 1 de Villa de Álvarez, Colima. El paciente, un hombre de aproximadamente 50 años, acudió el pasado 6 de junio a exigir un medicamento que, según él, no había podido obtener en visitas previas. Terminó en el suelo, convulsionando, con los uniformados encima de su cuerpo mientras los presentes gritaban por ayuda médica.
La escena, grabada por testigos, muestra una respuesta desproporcionada por parte del personal de seguridad privada, contratado por el IMSS a través de la empresa Hidalgo Vigueras Consultores, S.A. de C.V. Según testimonios publicados en redes, el hombre estaba solo, fue golpeado en la cabeza con un objeto (identificado por una testigo como un termo) y pidió en repetidas ocasiones que dejaran de pisarle la cabeza. Las imágenes circularon ampliamente en plataformas como X y Facebook, provocando indignación pública e interrogantes sobre el trato que reciben los pacientes en instituciones de salud públicas.
En un intento por contener los daños, el IMSS emitió varios comunicados en los que aseguró que el medicamento solicitado —la pregabalina, fuera del cuadro básico de primer nivel— ya había sido entregado en una visita anterior, el 2 de junio. El Instituto justificó que no podía suministrarse de nuevo ese mismo mes y señaló que la intervención de los guardias siguió los “procedimientos institucionales” y se condujo con “trato respetuoso y digno”.
No obstante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima inició una investigación de oficio y condenó el hecho, enfatizando la falta de capacitación del personal de seguridad para atender situaciones sin incurrir en violencia. En respuesta a la presión social, el IMSS anunció la rescisión del contrato con la empresa de seguridad implicada y trasladó la vigilancia del hospital a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Aunque el IMSS reconoció públicamente que mantendrá contacto con el paciente y ofreció “seguimiento con sensibilidad y responsabilidad institucional”, no detalló si habrá consecuencias para los elementos directamente involucrados. Tampoco se ha aclarado si los protocolos de uso de fuerza serán revisados para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir.
La narrativa oficial choca con los testimonios ciudadanos y con las imágenes que, en tiempos de vigilancia digital y redes sociales, resultan imposibles de ignorar. La escena de un paciente que convulsiona mientras exige su derecho a la salud resuena más allá de Colima: interpela a un sistema que normaliza la violencia como recurso administrativo, bajo el argumento de seguir “procedimientos”.
Como si la seguridad privada en hospitales públicos estuviera más entrenada para el control físico que para el respeto humano, el caso revela un vacío crítico en la formación en derechos humanos. El IMSS ha prometido no volver a contratar empresas que omitan este tipo de capacitación, pero la declaración llega después del daño, con la ciudadanía preguntándose: ¿cuántos otros episodios no fueron grabados?
