Cuando el tamaño deja de impresionar y empieza a incomodar, los reguladores alzan la voz. Eso es lo que ocurre actualmente entre Google y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que se prepara para emitir, antes del 17 de junio, una resolución que podría sacudir el modelo de negocios del gigante tecnológico en México. De confirmarse las acusaciones, Google enfrentaría una de las multas más altas impuestas por el organismo: hasta el 8% de sus ingresos anuales en el país.
La investigación arrancó en 2020, bajo la sospecha de que Google ha establecido un monopolio efectivo en el mercado mexicano de publicidad digital. En 2023 se emitió un emplazamiento formal, y el 20 de mayo de 2024 se celebró una audiencia oral, considerada uno de los últimos pasos del procedimiento legal. Tanto Google como Cofece han declinado hacer comentarios públicos, mientras la expectativa crece en el sector tecnológico y publicitario.
La sanción podría ser histórica. Aunque Alphabet —la empresa matriz de Google— no desglosa ingresos por país, se estima que sus ingresos en la región de “otras Américas”, que incluye América Latina, fueron de alrededor de 20,400 millones de dólares en 2024. Si se aplica la multa del 8% sobre una porción significativa de esa cifra, el impacto económico sería considerable, aun para una de las compañías más poderosas del planeta.
Como parte del proceso, la Cofece solicitó información financiera al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para reforzar sus argumentos. La disputa, sin embargo, no se limita al ámbito económico. También hay implicaciones políticas y simbólicas.
Desde el Congreso, legisladores de Morena han presionado a la Cofece para resolver el caso desde el año pasado. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó su propio desencuentro con Google al presentar una demanda contra la empresa por mostrar en su plataforma de mapas el nombre “Golfo de América” en lugar de “Golfo de México” para usuarios estadounidenses. El cambio —que muchos vinculan a políticas revisionistas del expresidente Donald Trump— fue percibido como una afrenta a la soberanía mexicana y desató reacciones oficiales.
En el fondo, lo que está en juego es más que una multa. Se trata del equilibrio entre eficiencia tecnológica y competencia justa. En palabras de Lina Ornelas, directora de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google México: “Ser grande no es malo, lo que importa es que no saques a ningún competidor con tus productos siendo que los tuyos pueden ser muy eficientes y por eso tienes más usuarios”. La Cofece, sin embargo, parece inclinarse por otro criterio: que la posición dominante no impida la existencia de otras opciones viables.
El caso también refleja una tendencia global. En Estados Unidos, Google ha sido objeto de varios procedimientos legales por prácticas anticompetitivas. En 2023, un juez determinó que dominaba ilegalmente los mercados de búsquedas en línea y tecnología publicitaria, y el Departamento de Justicia pidió incluso la venta de Google Ad Manager.
México, aunque opera en otro contexto, se suma a este escrutinio. La decisión que se avecina será observada de cerca por otras autoridades reguladoras en América Latina, donde la concentración digital es una constante. No es casual que Google sea la empresa más investigada por organismos antimonopolio en la región.
Aún si el fallo es adverso, Google podrá solicitar un amparo directo, lo que alargaría el proceso hasta que un tribunal especializado confirme o rechace la decisión de Cofece. Pero el mensaje institucional ya está claro: incluso los actores más grandes del ecosistema digital deben someterse a las reglas de competencia.
