De todos los giros inesperados en la política habitacional mexicana, pocos tan llamativos como el más reciente anuncio del Infonavit: ofrecer renta con opción a compra a quienes invadieron viviendas abandonadas. Así, sin necesidad de taparse los ojos ante lo evidente, el Estado ha decidido no solo reconocer la ocupación irregular de miles de casas, sino convertirla en una vía de acceso formal a la vivienda.
El director del Instituto, Octavio Romero Oropeza, presentó la medida con la naturalidad con la que se anuncia un nuevo programa de subsidios. En total, se han identificado 168 mil viviendas en situación “emproblemada”, de las cuales 145 mil están ocupadas por personas que ya no pagan su crédito o directamente nunca lo tuvieron. Las otras 23 mil están vandalizadas o completamente deshabitadas. La cifra total de viviendas por regularizar, sin embargo, es mucho más ambiciosa: 843 mil propiedades que podrían pasar de la irregularidad al esquema de propiedad en cinco años.
¿Qué se les propone a los ocupantes?
Una especie de redención hipotecaria: quedarse en la vivienda mediante un contrato de arrendamiento con opción a compra, incluso si nunca fueron derechohabientes del Infonavit. Lo que antes era ilegal, ahora será legal… si se regularizan. El discurso oficial no escatima en advertencias: si no se formaliza el proceso, “nunca serán dueños”, pero si aceptan el trato, podrán comprar la vivienda “a valor en libros”, es decir, a bajo costo.
La estrategia forma parte del programa “Vivienda para el Bienestar” y responde —según Romero— a una orden directa de la presidenta Claudia Sheinbaum: no más desalojos, ni siquiera en casos de invasión. En lugar de eso, diálogo, regularización y reestructuración de créditos.
¿Y los propietarios originales?
Según el funcionario, a ellos también se les repondrá el hogar: se les reestructurará el crédito, se les ofrecerá otra vivienda en caso de que la suya esté ocupada, y se rehabilitarán otras casas deshabitadas para ponerlas a su disposición. Un trueque involuntario en nombre del bienestar.
El diagnóstico oficial no oculta los errores estructurales del pasado. Las casas abandonadas, muchas sin servicios o ubicadas lejos de los centros de trabajo, son producto —según Romero— de la corrupción y mala planeación de gobiernos anteriores. A esto se suma la herencia de 4 millones 155 mil créditos considerados “impagables”, de los cuales ya se han intervenido 915 mil con reducción de tasa, mensualidad y saldo. Para finales de año, el plan es ampliar esta ayuda a otros 1.6 millones de acreditados.
La narrativa gubernamental parece clara: mejor regularizar que desalojar. Un discurso práctico que asume que el Estado no tiene la capacidad (ni la legitimidad política) para sacar a miles de personas de viviendas que ya habitan, aunque las hayan ocupado sin ningún papel legal. De paso, se envía un mensaje ambiguo: si necesitas casa y ves una vacía, quizá lo mejor sea ocuparla y esperar a que el Estado regularice después.
Mientras tanto, el Infonavit avanza con el censo de viviendas y promete rehabilitar las deshabitadas para ponerlas a disposición de jefas de familia, personas con discapacidad y jóvenes. Un plan que, en papel, suena como política social progresista, pero que en los hechos pone en pausa incómoda la legalidad de la propiedad privada.
Más que una solución definitiva al problema de la vivienda en México, esta parece ser una estrategia para contener la crisis sin escalarla. Como quien pone curitas sobre una estructura rota, el gobierno apuesta a que la inclusión llegue primero por necesidad… y después, si se puede, por derecho.
