Si suena raro tener que legislar el derecho a sentarse, es porque lo es. Pero en México, a partir del 17 de junio, quedó oficialmente escrito que las personas trabajadoras no pueden ser obligadas a pasar toda su jornada laboral de pie. Entra en vigor la conocida “Ley Silla”, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que, entre otras cosas, establece que los empleadores deben proporcionar sillas con respaldo suficientes para el descanso o la ejecución de funciones.
La reforma, impulsada por la ahora diputada Patricia Mercado y aprobada por unanimidad en el Senado en 2023, busca combatir una vieja normalidad en sectores como el comercio, los servicios o los call centers: la obligación de estar de pie todo el día. En un país donde el cansancio laboral rara vez es tema de políticas públicas, este cambio podría marcar un antes y un después en la forma en que se entienden los derechos laborales más básicos.
No es solo una silla: es salud
La idea de que una silla puede mejorar la calidad de vida parece simple. Pero según la doctora Elvia Luz González Muñoz, experta en ergonomía de la Universidad de Guadalajara, permanecer de pie por horas genera desde várices y dolor lumbar hasta rigidez muscular, lesiones en rodillas y afectaciones psicológicas. De ahí que la reforma también obligue a considerar qué tipo de silla se proporciona: debe tener respaldo, estar bien tapizada y adecuarse a las condiciones del entorno laboral (no es lo mismo una cocina calurosa que un mostrador con aire acondicionado).
Además, la ley considera la posibilidad de descansos periódicos y espacios específicos dentro de las instalaciones para sentarse, sin que necesariamente se tenga una silla en el mismo lugar de trabajo. Y aunque todavía no está clara la vigilancia puntual del cumplimiento (¿un inspector leerá reglamentos internos con lupa?), la STPS y PROFEDET ya pueden recibir denuncias anónimas e imponer sanciones.
¿Y si no se cumple?
La Ley Silla no es una sugerencia. Es una obligación legal. Las empresas que no la respeten pueden recibir multas de entre 250 y 2,500 UMAs, es decir, entre 28,285 y 282,850 pesos. Y en caso de reincidencia, se contempla incluso la suspensión de actividades.
El plazo para implementar cambios internos vence el 14 de diciembre de 2025. Es decir, las empresas tienen 180 días naturales para adaptar sus reglamentos y adecuar sus espacios. Esto aplica también para las pymes, que, como señala Expansión, no pueden escudarse en su tamaño para evitar cumplir con las nuevas disposiciones.
Una silla, muchas implicaciones
Más allá del sillón literal, la Ley Silla se inscribe en un contexto más amplio de reforma laboral y bienestar en el trabajo. En un país donde el 15% de los trabajadores se siente “poco o nada feliz” en su empleo, según datos citados por Expansión, legislar pausas, comodidad y dignidad no es un exceso: es una medida mínima.
Y mientras en países como Chile estas normas existen desde hace años, México apenas empieza a formalizar que el cuerpo también trabaja y que merece descanso. Quizá por eso esta ley, aunque suene elemental, representa una victoria simbólica y legal en la larga lista de derechos laborales olvidados. Porque a veces, el cambio empieza con algo tan sencillo como dejarse caer —legalmente— en una silla.
