Bajo presión
Minotauro institucional
Con los votos de Morena y sus incondicionales, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la integración definitiva de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El argumento, repetido como mantra, es consolidarla como una fuerza de seguridad profesional, con disciplina militar y funciones civiles. Una especie de minotauro institucional: con botas del Ejército, cabeza de policía y, en teoría, corazón de estrategia civil.
Este dictamen, que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional y modifica otras ocho leyes y dos códigos, no solo transforma la arquitectura legal de la seguridad pública en México; también redefine, de facto, la relación entre civiles y militares en la vida pública del país. No es una simple reforma administrativa, sino un viraje de largo aliento hacia la militarización con rostro amable.
Claro que hay quien insiste en que no, que no es militarización, que el mando sigue siendo civil. Que la Guardia seguirá obedeciendo al Ministerio Público en las investigaciones y que su doctrina es “policial con enfoque humanista”. Pero cuando una corporación se forma en cuarteles, responde a jerarquías castrenses y recibe órdenes de un secretario de la Defensa, el argumento de lo civil suena más a marometa tetratransformista que a garantía constitucional.
Hay una palabra que ronda todo esto: transexenal. Lo dijo el diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia: con esta reforma se consolida “la Guardia Nacional como una fuerza transexenal en beneficio del pueblo”. El término es revelador. Lo que está en juego no es solo un modelo de seguridad, sino un proyecto de poder duradero, uno que quiere fijar con leyes lo que se ha ido normalizando con prácticas: que los militares vigilen las calles, operen trenes, controlen aduanas, vigilen migrantes, construyan aeropuertos y, ahora también, tengan su propia fuerza policial con uniforme y fuero. Un régimen con lógica militar, pero con ambiciones de permanencia partidista: que la transformación dure cien años, como ha proclamado algún morenita envalentonado.
Sin eufemismos, es la legalización de un hecho consumado. Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional fue diseñada con estética civil, pero con ADN militar. Comando, formación, equipamiento, despliegue territorial… todo responde a la lógica castrense.
El oficialismo celebró el dictamen como un acto de valentía, profesionalismo y responsabilidad histórica. Aseguraron que la Guardia Nacional será más eficiente, más capacitada, más legal. Y que el Ejército -el mismo que durante décadas fue excluido de tareas civiles- ahora tiene la solución a todos los males: desde la delincuencia organizada hasta la inseguridad cotidiana de colonias sin patrullaje.
Como siempre, no hubo debate, solo exposiciones. A los festejos adelantados del oficialismo siguieron las advertencias de la oposición: el PAN alertó sobre la eliminación del control parlamentario y la entrega de más poder a la Sedena sin contrapesos; el PRI calificó la reforma de inconstitucional por minar la naturaleza civil de la seguridad pública; Movimiento Ciudadano se abstuvo, pero propuso una Comisión Bicamaral para vigilar a los militares. Lo de siempre: discursos opositores que suenan más a gritos de pelea que a argumentos.
La paradoja es amarga: se militariza para garantizar la paz; se entregan tareas civiles a quienes fueron entrenados para el combate; se habla de control civil mientras se refuerza la disciplina castrense. Más allá del discurso, lo preocupante es la lógica que se impone: si la seguridad pública -ese derecho esencial que implica libertad, legalidad, derechos humanos y confianza en las instituciones- queda bajo la estructura militar, ¿quién pondrá límites cuando los límites se redactan con mando vertical?
Las Fuerzas Armadas, por efectivas que se nos diga que son en el control territorial, no están diseñadas para la rendición de cuentas, la transparencia ni la lógica del servicio público. Su razón de ser es otra, y eso no es una crítica, sino una constatación.
La apuesta por un Estado cada vez más armado no es compatible con una democracia cada vez más plural. Si el precio de la seguridad es la renuncia progresiva al control civil, a los equilibrios constitucionales y a la deliberación pública, lo que se está consolidando no es una institución profesional, sino una forma de gobierno que desconfía de la ciudadanía, que divide a sus gobernados entre adversarios y pueblo bueno; un régimen que prefiere la obediencia al disenso, gobernantes que llegaron al poder con los diagnósticos correctos, pero creen que los problemas se resuelven con jerarquía, uniformes y disciplina.
Coda. Para resolver la crisis de seguridad se requieren acciones que sumen de forma sostenida. Lo que se nos ha impuesto es una estrategia de largo plazo que demanda fe ciega. El resultado no se verá mañana. Pero el rumbo está marcado. Porque, a diferencia de la ley, el uniforme no está hecho para el matiz, sino para la obediencia.
@aldan
