En un movimiento que recuerda prácticas del viejo régimen, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una lista de nombramientos para consulados y embajadas que privilegia perfiles políticos afines a Morena, expriistas reciclados y militares retirados, muchos de ellos sin experiencia en el Servicio Exterior Mexicano (SEM). La Comisión Permanente del Congreso recibió la propuesta de once cónsules para Estados Unidos, Canadá y Brasil, así como un embajador ante la UNESCO. La noticia desató críticas entre diplomáticos de carrera y especialistas en política exterior, quienes cuestionan la pertinencia de designar a personajes con trayectoria partidista —pero sin formación diplomática— en un contexto internacional especialmente tenso.
Entre los nombres propuestos destacan Carlos Iriarte, exlíder del PRI en el Estado de México y parte del grupo de Peña Nieto conocido como “Golden Boys”; Marco Antonio Mena, exgobernador priista de Tlaxcala y exdirector de la Lotería Nacional; y Luis Rodríguez Bucio, general retirado y excomandante de la Guardia Nacional. Todos ellos fueron nominados para consulados estratégicos en Boston, San Francisco y Dallas, respectivamente.
La lista también incluye a Donají Alba, fundadora de Morena en CDMX, sin experiencia diplomática, propuesta para el consulado en Raleigh, y a Neftalí Pérez, exfuncionario del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, propuesto para San José, California. Ambos han sido cercanos a operadores clave del oficialismo como Mario Delgado. Solo unos pocos nombres, como Rafael Laveaga, con más de 30 años en el SEM, aportan una trayectoria sólida en relaciones exteriores.
Las críticas no se hicieron esperar. La embajadora eminente Martha Bárcena calificó de “vergüenza” el procedimiento seguido por Sheinbaum para justificar las designaciones. En redes sociales, cuestionó la legalidad del supuesto proceso de selección basado en entrevistas personales y pruebas de inglés, alegando que dicho método no está contemplado en ninguna normativa oficial. La crítica apunta al riesgo de debilitar el cuerpo diplomático profesional a favor de cuotas políticas.
Frente a las críticas, Sheinbaum defendió la pluralidad de las propuestas: “no solamente son de Morena”, afirmó, e insistió en que los nominados “pasaron un proceso de selección” y recibieron capacitación. Alegó que se convocó a más de 200 personas y se eligió a quienes demostraron sensibilidad social y conocimiento del trabajo consular. “Todos están a prueba, siempre”, agregó, anticipando que habrá más designaciones de cónsules y embajadores por vía directa.
Pero más allá de los discursos, el contexto es clave: la designación de figuras sin carrera diplomática ocurre mientras el gobierno de Donald Trump intensifica redadas antimigrantes, una coyuntura que exige alta capacidad de gestión consular. Delegar funciones delicadas a perfiles políticos podría comprometer la atención a los connacionales, especialmente en ciudades con alta densidad migrante como Dallas, Nueva York o San José.
Además, Sheinbaum ha optado por mantener a cónsules y embajadores nombrados por López Obrador —muchos de ellos también expriistas—, como Omar Fayad (Noruega), Quirino Ordaz (España), y Claudia Pavlovich (Barcelona). Lejos de romper con el pasado, la presidenta parece afianzar una estrategia de continuidad que apuesta por fidelidades políticas antes que por méritos diplomáticos.
El reparto de consulados como extensión de alianzas partidistas no es nuevo, pero cobra otra dimensión en un sexenio que prometía ser distinto. En tiempos de crisis migratoria, tensiones diplomáticas y polarización interna, la pregunta no es solo si los nombramientos son legales, sino si son pertinentes. Y eso, hasta ahora, sigue sin respuesta convincente.
