El pasado 23 de enero en el Instituto Federal electoral IFE se discutió el tema sobre si en la campaña electoral de julio de 2012 se había violado la ley electoral, en cuanto a rebasar los topes de gastos. Recordemos que el PAN denunció que a través de tarjetas de banco Monex, el PRI dispersó una cantidad de 66.3 millones de pesos para movilizar sus estructuras y presumiblemente para acarreos y otras cosas que la ley no permite.
El 26 de junio de 2012 en la demanda que presentó el PAN ante IFE y la Fepade, incluyó dos tarjetas Monex recompensas, con testimonios notariales de dos ciudadanos de Guanajuato a los que les habrían pagado por su desempeño como promotores para el voto; se habló que serían 700 millones los que se utilizaron para ese fin.
El PRD dijo haber recibido 33 facturas y una relación de depósitos para adquirir tarjetas Monex por 108,200,764.00 pesos, por parte de Grupo Comercial Innizo S.A de CV, Importadora y Comercializadora Efra S.A. de C.V., las cuales fueron las intermediarias en la compra de tarjetas. Se habló de empresas fantasmas que compraron tarjetas y sobre todo de que las declaraciones fiscales de las empresas identificadas tenían la misma dirección y que se relacionaban con los Sres. Gabino Fraga Mouret y Gabino Fraga Peña.
Debemos recordar que el 1 de julio de 1998 el consejero del IFE Sergio García Ramírez y Gabino Fraga Mouret, inconformes con lo que sucedía dentro del PRI, formaron una corriente política llamada Renovadora, para buscar cambios. El año pasado al aflorar el escándalo de las tarjetas reconoció, el 19 de julio de 2012, su amistad con los señores Mouret, en virtud de que la empresa Efra involucrada en el caso Monex tiene la misma dirección que ellos, y en julio 20 de 2012, a raíz de estas declaraciones y reconociendo su amistad con estos señores decide no intervenir en la comisión de quejas del IFE en lo relacionado con este caso. Sin embargo, durante la votación para definir si se castigaba o no al PRI por exceso de gastos de campaña, la votación se empató, pues los consejeros Leonardo Valdez (presidente), Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero y la consejera María Macarita Elizondo, votaron a favor del proyecto de la unidad de fiscalización del Instituto, en donde se dice que está claro el origen y destino del dinero utilizado, exonerando al PRI.
Por otro lado, los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y la consejera María Marban, votaron la propuesta que está fundada en que el PRI no comprobó origen y destino de los recursos y por lo tanto es acreedor a la sanción de 75 millones de pesos, pero el consejero Sergio García Ramírez, a pesar de haberse disculpado de participar en las discusiones y en el estudio del expediente, por su amistad con los señores Fraga, pidió al pleno que se le permitiera votar en el asunto al ver que se encontraba empatado y sí, atinó usted ¡votó en contra de la sanción al PRI! del cual fue secretario general del CEN.
El problema del porqué pienso que esto caerá irremediablemente en la impunidad, si sigue este camino, es que el IFE, como todos sabemos, goza de independencia, presupuesto propio y hasta hace poco de presidentes con criterio apegado a la ley electoral e inflexibles en su determinación de defender la democracia, a la que aspiramos todos los mexicanos. Sin embargo en la resolución de este caso dicen que quedaron “sospechas”, por lo tanto le dan vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito público, en donde su actual titular es quien coordinó la campaña del Presidente Enrique Peña Nieto. Creo que podemos deducir que ahí no saldrá nada que cambie esta situación.
Lo mismo que en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al SAT y a la PGR, todos ellos dependientes del Ejecutivo, y como les decía, de parte de un organismo que por su naturaleza nos daría más certidumbre si cumpliera con su obligación de fiscalización.
Y mire usted, hasta el nombrado –en el año 2006- Secretario de Hacienda, del gabinete del “Presidente Legítimo”, Mario Di Constanzo y hoy titular de la Condusef -Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero-, se negó a ser parte de la investigación, aún cuando el año pasado, cuando todavía era Diputado Federal, declaró que las operaciones de las tarjetas Monex eran casos de “lavado de dinero”.
Pues bien, estimado lector, estamos siendo testigos de actos que en nada abonan a la certidumbre y la transparencia con que se deben manejar estos asuntos que afectan la credibilidad de la sociedad en las elecciones y en las instituciones. ¿De qué estamos siendo testigos? ¿De presagios de impunidad?
