En conferencia de prensa, el Movimiento Juvenil RDfine señaló el desinterés mostrado por parte de los candidatos a senadores y diputados federales de todos los partidos políticos al diálogo que refiere temas sobre derechos sexuales y reproductivos de Aguascalientes, manifestando que en las otras siete entidades del país, donde se ha convocado a conciliar esta situación, se ha contado con la participación de, al menos, tres partidos e, inclusive en algunos casos, aquellos que por su ideología no comulgan con las propuestas manifestadas en torno a los diferentes tópicos.
Integrantes del movimiento manifestaron recibir poca atención por parte de los aspirantes a funcionarios públicos obteniendo “largas” al llamado solicitado en las diversas casas de campañas, cedes y redes sociales; los jóvenes dijeron estar sorprendidos con esta actitud, dado que los políticos señalan que la juventud es parte importante de las decisiones del estado.
Quince mil jóvenes dicen haber abandonado el estudio por maternidad o paternidad temprana.
Rdfine indicó que entre los datos que se contrastarían con las propuestas de los candidatos, se mostraría que actualmente en Aguascalientes fueron censadas más de siete mil quinientas madres menores de diecinueve años de edad, de las cuales setenta y cuatro tenían catorce años, o menos y, asimismo, más de quince mil jóvenes dicen haber abandonado el estudio por maternidad o paternidad temprana aunado al hecho de que el 13.6 por ciento de más de ciento trece mil encuestados respondió haber interrumpido su embarazo alguna vez.
Ante esta problemática, el movimiento dijo haber planteado en una carta a los candidatos – en la que se menciona garantizar la educación de los adolescentes y atenderles con la información correspondiente – difundir la Norma Oficial Mexicana 046 sobre la atención que el Sistema de Salud debe brindar a mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia, teniendo como opción el acceso a una interrupción en condiciones seguras en caso de violación; difundir y garantizar el acceso a la Pastilla Anticonceptiva De Emergencia (PAE) en centros de salud y clínicas estatales así como la capacitación a servidores públicos del sector salud.
Por último, se enfatizó la necesidad de no criminalizar a la mujer en caso de presentarse algún percance que represente la interrupción del embarazo, independientemente de la postura respecto al tema; esto con la finalidad de salvaguardar la integridad de las mujeres en el estado.
