Durante estos días hemos sido testigos de una serie de hechos bastante preocupantes en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y parte del Estado de México. Se nos informa de la creación -y operación- de policías comunitarias y de líderes de esas comunidades que ahora se han autonombrado jueces, y ellos dicen a quién detener y a quienés se etiqueta de inmediato como delincuentes. Todo esto ante la ausencia de autoridades estatales y municipales.
Desafortunadamente la subsidiariedad que hubo en el anterior sexenio, por parte del gobierno federal, no está siendo proporcionada a estos gobiernos rebasados por estos hechos. Y no solamente está sucediendo esto, sino que grupos de maestros y grupos radicales, o anarquistas, han tomado las capitales y poblaciones principales de estos estados y han paralizado la actividad docente, dejando por meses a cientos de miles de alumnos sin escuela; siendo estos estados los que tienen el nivel más bajo en cuanto a la calidad educativa y aprovechamiento de los alumnos, lo que los deja en franca desventaja con los alumnos del resto del país; y qué decir con los que se preparan en el extranjero.
Han llegado a tanto las arbitrariedades de estos grupos violentos que han cercado los centros comerciales para evitar que la población se abastezca de productos necesarios para su subsistencia. Y no sólo eso, sino que han tomado los accesos de los edificios públicos para paralizar el quehacer gubernamental.
Vemos con asombro y preocupación cómo insultan y persiguen a los policías que tienen la desgracia de encontrarse con esta gente violenta. Por supuesto que las comisiones de derechos humanos, tanto estatales como federal, no han dicho una palabra por la violación a los derechos humanos de los habitantes de estas poblaciones, que se dedican a trabajar, a generar empleos y a pagar impuestos para que estos alborotadores cobren puntualmente sus salarios, trabajen o no.
Lo grave de este asunto es que estas personas ¿de dónde creen que va a salir el dinero para pagarles sus “salarios” cuando están afectando el aparato productivo? Se les olvida, o les importa muy poco, que aquí y en China el ciudadano es el que sostiene el gasto de los gobiernos y ellos, los paristas, de ahí cobran.
Decía, estimado lector, que la sociedad cumple, ¡claro que lo hace! ¡y con creces!, pero recordemos que los Gobernadores y Presidentes Municipales al llegar al cargo prometen o juran “Protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la Constitución Estatal y las leyes que de ellas emanen”. Lo delicado es que este juramento no está siendo cumplido. Y hablo de regiones de nuestro país que están en un estado de descomposición latente en cuanto al respeto al estado de derecho; sus habitantes no se encuentran protegidos por las leyes y las autoridades encargadas – que juraron- de hacerlas cumplir.
Creo que a la mayor brevedad posible, los que se han comprometido con la sociedad a gobernar, deberán de cumplir con su encomienda, o dejar el lugar a quienes sí tengan claro su deber ante la sociedad.
Observando estos sucesos me causa extrañeza que la Procuraduría General de la República haya desaparecido su Consejo Ciudadano. Esto fue firmado por el Procurador Jesús Murillo Karam y publicado el pasado 26 de marzo, y en el mismo dice que quedan abrogados los acuerdos A/037/02 y A/096/09 y A/012/11 y A/111/12, en los se crea dicho consejo y en otros se van modificando sus atribuciones. Este acuerdo dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación.
Este Consejo se creó con la finalidad de que participaran representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales, empresarios, representantes de los medios de comunicación y representantes de los trabajadores y obreros. Todo esto con la finalidad de analizar, proponer, evaluar, consensuar y dar seguimiento a las políticas, programas, estrategias y acciones relacionadas con las tareas de la institución.
Con esto se deja fuera a la sociedad y vuelve el sistema cerrado del “viejo PRI”, en donde solamente se nos avisará de su “voluntad y trabajos”. O sea, no cumplen con su deber de procurar justicia pronta y expedita a los gobernados y se pierde al avance de la participación social. Esto me recuerda aquella ya muy gastada, pero vigente, frase que dice: “la reversa también es cambio”.
