Durante los últimos meses hemos sido testigos y actores de un cambio si bien interesante, también riesgoso en nuestro entorno político. ¿Por qué comento esto? Bueno pues porque hasta hace muy poco tiempo se hablaba de que los gobiernos apoyaban de manera oculta, discreta o imperceptible a sus candidatos y que de manera sutil influían para que determinados actores políticos se convirtieran en dirigentes o candidatos de los partidos.
Eso se acabó de manera abierta, y hasta pública, con el “nuevo PRI” y las nuevas generaciones en los demás partidos. Es evidente que autoridades o grupos hegemónicos son los que determinan quiénes son los candidatos. Esto de alguna manera altera el fenómeno del año 2000, cuando se creyó que la alternancia provocaría un cambio democrático en todos los institutos políticos, y que sus procesos internos estarían marcados por la competencia apegada a la ley electoral, a sus estatutos y reglamentos y, sobre todo, con total transparencia hacia la sociedad.
Todo esto en un proceso natural provocado por la exigencia de la sociedad de estar realmente representada en los gobiernos, cuando estos candidatos, gracias al voto ciudadano, lleguen a ejercer esas responsabilidades. Desgraciadamente para algunos partidos los procesos internos les representan un riesgo para la “unidad” o para su cohesión; en otros no se permiten competencias con equidad, seguridad jurídica, y sobre todo no permitiendo que sus miembros se manifiesten de manera libre, sin coacciones.
¿Por qué querer que esto no sea así? Porque los partidos políticos son de la sociedad pues su vigencia, de acuerdo a nuestro sistema electoral, es gracias al presupuesto que se les proporciona con los impuestos de toda la sociedad, el cual no es menor. Por lo tanto al no responder a las exigencias sociales de la búsqueda de la democracia plena, transparencia, generación de oportunidades para todos aquéllos que quieran, y puedan, ser buenos servidores públicos, cuidar y promover el respeto al voto, difundir y explicar sus doctrinas y plataformas políticas, mediantes las cuales se gobernaría en bien del pueblo y sobre todo informando puntualmente del manejo de los fondos que la sociedad les entrega para su supervivencia.
Todo lo anterior con la finalidad de que el dinero sucio no contamine o se adueñe de los partidos o bien que no se invierta dinero en ellos, o en los procesos electorales, que posteriormente sean devueltos con favores, o el capital más intereses, afectando las tesorerías de todos los niveles, o fomentando la corrupción en las administraciones gubernamentales.
Un fenómeno que me parece que se está dando es que los partidos se han dado cuenta de que sí pueden incorporar a sus filas a personas de escasos recursos o vulnerables en sus necesidades primarias; sienten que éstos serían fáciles de manejar y por lo tanto de cooptar sus voluntades, y por supuesto sus votos. Eso es administrar la miseria. Por ello cuando llegan al gobierno se dedican a sólo dar mantenimiento a la pobreza de la población, pues si ésta llega a satisfacer sus necesidades, ya no sería tan manejable y por ende maquiladora de votos.
El cumplimiento de la ley no es un programa de complacencias, sino una obligación, pues así lo ordena la ley; es deber de los partidos políticos el denunciar cuando el partido en el poder no está cumpliendo lo ofrecido a la población durante sus campañas, y sobre todo los programas obligatorios sociales, que no son de los gobiernos, pues son operados con el dinero de todo el pueblo a través de los impuestos pagados por todos. Por eso deben de ser para todos sin condicionamientos de ninguna especie.
No por nada el secreto mejor guardado de los partidos políticos son sus doctrinas y documentos básicos, los cuales sólo se usan en discursos, a veces no entendibles para la mayoría de la sociedad. Pero que sólo quedan en eso, en un discurso.
Por eso mi pregunta: ¿Y la sociedad qué? ¿Sólo debe pagar y no recibir nada a cambio?
