Finalmente concluyeron las campañas, la elección y en la mayoría de los municipios y distritos de Aguascalientes, incluso ya se entregaron las constancias de mayoría a los triunfadores de la contienda. Pero más allá de los resultados y de los ganadores y vencedores, como en cada elección es obligado hacer un análisis del proceso y obtener conclusiones que nos ayuden a perfeccionar (o al menos mejorar) a nuestra ya de por sí debilitada democracia.
Sin entrar en detalles, pero sin dejar pasar la serie de acontecimientos realizados por un aparato gubernamental totalmente enfocado en todos sus ámbitos a fortalecer a sus candidatos, que desde luego en el caso de Aguascalientes se trató del PRI, pero que no por eso podemos decir que se trata del único partido o del único estado en el que ocurran este tipo de actos, podemos además afirmar que la sociedad ya no vota por el candidato que cuenta con la campaña más fuerte en cuestión económica o por aquél que tiene mayor presencia en los medios de comunicación y que tampoco a pesar de mensajes en campaña como el “vota todo…” los electores así lo hagan, sino que el voto diferenciado llegó para quedarse y con ello también la oportunidad de gobernar para aquellos partidos alternos a los mayoritarios en los casos en donde ya probaron con los dos más fuertes de la entidad y decidieron ahora dar la oportunidad a una tercera alternativa.
Pero las lecciones que a mi parecer son las dos más importantes a destacar del proceso electoral que vivimos en Aguascalientes, son las referentes a dos puntos que urge se transformen en beneficio de la sociedad y de los partidos que no tienen el control del Poder Ejecutivo estatal y que paradójicamente está en los propios partidos el poder redefinir el rumbo para tener una democracia más sólida que a su vez genere mayor participación de los ciudadanos y no el desánimo que se pudo llegar a sentir en esta elección.
La primera lección que yo consideraría que nos ha dejado esta elección, es la de la urgencia de dar autonomía al Ministerio Público (entiéndase Procuraduría General de Justicia), ya que no es posible que dicha institución que debiera ser (o en algunos casos lo es) de tanta utilidad para la sociedad, sirva a intereses y tiempos electorales. El Procurador no debe ser un empleado del Gobernador, sino de la sociedad en su conjunto, la Procuraduría es un órgano social y como tal debe atender a los intereses de la sociedad, no a los de un servidor público y mucho menos a los de un partido político. Pero es necesario que esa autonomía sea real y no sólo en términos legales y es que este tema nos lleva a la segunda lección.
Lección que de igual forma consideraría con carácter de urgente y que es la de dar vida al Instituto Nacional Electoral o lo que vendría a ser dar facultades al actual Instituto Federal Electoral (IFE) para organizar las elecciones locales en todas las entidades federativas y con ello, que el órgano calificador de la elección sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (antes TRIFE), eliminando a los Institutos Estatales Electorales (IEE) y a los Tribunales Electorales locales. La razón es muy sencilla, en la práctica dichos Institutos estatales para su operación, dependen en gran medida del Poder Ejecutivo estatal en turno y así se demuestra cada año cuando el presupuesto anual que tendrá el Instituto es precisamente propuesto por el Gobernador del Estado a través del Presupuesto de Egresos que posteriormente deberá aprobarse en el Congreso del Estado, lo cual resta totalmente la supuesta autonomía del Instituto y termina convirtiéndose en la práctica en una dependencia más o a lo mucho en un organismo descentralizado de la administración pública estatal. En detalles tan sencillos como los que pudimos constatar en las elecciones pasadas en donde incluso hubo quejas ciudadanas por ver vehículos utilitarios del Gobierno del Estado con “calcas” sobrepuestas del IEE, lo cual se prestaba a malentendidos, a pesar de que oportunamente se había informado que se apoyaría de esa forma para el correcto desarrollo de la elección. Pero ello es sólo una muestra de la falsa autonomía que impera en los “órganos autónomos” y que precisamente está en manos de los partidos políticos a través de sus legisladores locales en el primer caso y federales y locales en el segundo, el poder corregir esas deficiencias que nos conduzcan a ser un país demócrata y no sólo conformarnos con el “voto libre y secreto”.
@OzielGuerrero
