- En el primer trimestre sumaron 107 y en el segundo 241
- Dependencias afirman no tener datos sobre apoyos al Necaxa
Durante cada uno de los dos primeros trimestres de este 2013, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) ha superado el centenar de peticiones sin respuesta posible.
Del 1 de enero al 28 de marzo el casillero de la “información inexistente”, publicado en gráficas de la página oficial, se llenó con 107 solicitudes ciudadanas. Luego de tal fecha y hasta el día de ayer, jueves 11 de julio, se acumularon otras 134, para llegar a un total de 241.
En esta segunda tanda el ITEA no pudo responder, por ejemplo, cuánto dinero público entró al club Necaxa entre 2003 y 2010. Tampoco supo cuánto gastó el gobierno en la casa del equipo deportivo.
Secretarías como las de Obras Públicas, Finanzas, Infraestructura y Comunicaciones, de Gobierno y del Ayuntamiento de Aguascalientes también dijeron no poseer un solo dato acerca del respaldo al club.
A solicitud ciudadana formulada el 24 de junio, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social dijo no saber qué guarderías recibieron del Estado una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, como parte del programa de Estancias Infantiles.
El Poder Judicial manifestó desconocer el número de denuncias interpuestas contra funcionarios públicos de 1998 a la fecha, ni cuántas de éstas terminaron en sentencia condenatoria. Argumentó que la información se encuentra en poder de distintos órganos de gobierno.
La petición para saber cuáles son los criterios que el Instituto aplica para declarar desahogado un recurso de inconformidad también fue rechazada, en razón de que “no existe documento en que se contengan dichos datos”.
La Secretaría del Medio Ambiente dijo no tener registro de entrada de recursos para el Fondo Estatal de Protección Animal, no obstante quedó a su cargo a partir de 2003, año en que se creó una ley con el mismo nombre.
Las solicitudes etiquetadas como “negativa reservada” también se vieron duplicadas de un trimestre a otro, ya que pasaron de 31 a 70.
A este apartado la Contraloría capitalina envió una solicitud que pretendía saber “en la entrega-recepción de la administración pasada a la actual, cuáles son los faltantes, ya sea de equipos, facturas, documentación”.
La Secretaría de Seguridad Pública negó dar a conocer el listado de empresas facultadas para prestar servicios de guardia privada en la entidad, mientras la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas hizo lo propio con la situación patrimonial de funcionarios como el gobernador, el procurador de Justicia, el jefe de Gabinete y los directores de todos los institutos a cargo de la administración estatal.
Foto: Archivo LJA
