México vive la más grande decadencia política, económica, social y de seguridad de su historia. Eso se debe a que sus gobernantes llevan 30 años saqueando los bienes de la nación y despojando de sus derechos a los mexicanos. Bajo el pretexto de la modernización se privatizaron los bancos, aerolíneas, ingenios azucareros, puertos, aeropuertos, minas, carreteras y otras empresas públicas. Ya en manos privadas quebraron y el gobierno las rescató con recursos del erario público. Al privatizar más de mil empresas nacionales, el Estado mexicano obtuvo 30 mil millones de dólares, pero al rescatarlas poco después, gastó 90 mil millones de dólares.
Todavía estamos pagando el rescate bancario y ya nos quieren imponer desde el gobierno federal la entrega de la industria petrolera y de sus enormes ganancias a compañías extranjeras. Pemex es la empresa más rentable de México y el gobierno federal dice que no va a venderla ni privatizarla. Pero no es necesario vender las instalaciones de una empresa pública para privatizar su actividad. Por ejemplo, nunca se ha vendido un solo fierro de la Comisión Federal de Electricidad pero la mitad de la generación eléctrica del país ya la producen compañías privadas extranjeras; por mantener sus negocios se cobran elevadas tarifas de luz. Eso quieren hacer ahora con el petróleo. Cada año el país obtiene del petróleo 1 billón 250 mil millones de pesos, o sea, unos 100 mil millones de dólares. Eso representa 40 por ciento del presupuesto nacional, en otras palabras cuando se construye una escuela, 40 por ciento del dinero proviene del petróleo, cuando se edifica un hospital, 40 por ciento de los recursos vienen del petróleo, cuando se paga a los maestros o a los médicos del ISSSTE o del IMSS, 40 por ciento de sus salarios provienen del petróleo; de la misma forma, el 40 por ciento del monto de las pensiones de los empleados públicos. Con el petróleo también se paga 40 por ciento de los libros de texto gratuitos, de las viviendas de interés social y de la distribución del agua. El petróleo es la base de nuestra independencia económica. Si se entrega la riqueza petrolera a empresas privadas, así sea parcialmente, las finanzas públicas dejarán de recibir más de un tercio de sus ingresos. ¿Y quién va a pagar el faltante? Las clases medias y los más pobres, ya que el gobierno aumentaría los impuestos al tiempo que seguiría perdonando a los grandes empresarios el pago de sus contribuciones fiscales. Por eso quieren aumentar el IVA del 16 al 19 por ciento y extenderlo a medicinas, alimentos, libros y transporte. Esto sería un duro golpe a la economía de la mayoría de las familias mexicanas, ya que en estos rubros gastan 90 por ciento de sus ingresos. Es inevitable que la privatización del petróleo conduzca al incremento de impuestos. Las compañías extranjeras sólo ambicionan quedarse con las enormes ganancias que genera el petróleo y no invertirán en el desarrollo de México. Cuando fueron dueños del petróleo mexicano no pagaban impuestos y daban salarios miserables a los trabajadores. El petróleo es la principal riqueza del país y la última industria que queda en manos de la nación. Todo lo demás ha sido entregado a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Si se privatizan las ganancias del petróleo aumentarían los impuestos pero también el desempleo, la pobreza y la violencia. En suma se cancelaría el futuro de millones de jóvenes. Es por ello que el Movimiento Regeneración Nacional está convocando al pueblo de México a defender el petróleo para la nación y la economía de las familias, con información, organización y movilización pacífica. El próximo domingo 8 de septiembre estaremos en el zócalo de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador para manifestarnos contra la privatización del petróleo y contra el aumento del IVA en alimentos, medicinas, libros y transporte. MORENA en Aguascalientes habrá de sumarse consciente de la responsabilidad histórica que representa al país evitar estas medidas. México no requiere de más impuestos ni hace falta que Pemex modifique su marco legal ya que le bastaría reducir su gasto burocrático, terminar con los privilegios de sus altos funcionarios y sobre todo acabar con la corrupción imperante para que ese organismo sea un verdadero motor del desarrollo y prosperidad de México.
