- Abogados preocupados porque las universidades aún no ofrecen capacitación en justicia oral
- Estudiantes sin adiestramiento no podrían ejercer la abogacía
Hace una semana, debido al atraso en la implementación de los juicios orales, la Secretaría Técnica del propio sistema recogió 70 millones de pesos de Aguascalientes, señalaron litigantes locales durante rueda de prensa.
Rubén Rosales Andrade, vicepresidente de la Asociación Libre de Abogados, dijo que “nuestros legisladores actuales saben que ya están 10 para las 12, van a concluir su periodo constitucional y no alcanzaron ni siquiera a hacer un aula modelo para que nosotros estuviéramos ya practicando.
“Por consecuencia, esa millonaria cantidad que venía a ofrecer para realizar infraestructura, audio, video, capacitación de jueces, ministerios [públicos] y policías tuvo que devolverse a las arcas de la Secretaría Técnica”.
Los procesos de capacitación, anotó, ya pueden llevarse a cabo no obstante que la respectiva reforma al Código Penal no ha sido aprobada por el Poder Legislativo.
Con abogados adiestrados en materia de juicios orales, el Palacio de Justicia quedaría obsoleto, pues se trata de un edificio sin salas ni equipo de grabación.
Para ejecutar una nueva obra, dijo Rosales, “dinero hay mucho, inclusive es dinero que viene de la ONU, pero siempre y cuando el Estado muestre avances técnicos y avances en capacitación. Somos de los 14 últimos estados donde no está todavía instaurado [el sistema de justicia oral], apenas estamos en la etapa de planeación”.
En 13 entidades de la República los juicios ya son desahogados de manera presencial.
Consideró que la Legislatura entrante tendrá que aplicarse en formular estrategias de pronta capacitación, pues los nuevos mandatos expresan que el abogado que no cuente con ella perderán su licencia profesional.
“Eso no lo saben ni las universidades, no estamos viendo que lo estén instaurando de manera obligatoria. Aunque tengamos nuestra cédula profesional, si no estamos certificados no vamos a poder ni ejercer el cargo de juez, ni de Ministerio Público, mucho menos una defensa”.
De tal modo, la Asociación Libre de Abogados convocó a las instituciones educativas a poner cartas en el asunto. Aparentemente ninguna de éstas cuenta con procesos certificados por dicha Secretaría Técnica.
En dicho órgano, declaró Rubén Rosales, hay erogaciones de hasta 300 millones de pesos para los estados con mayor trecho recorrido en el aterrizaje del programa.
“Si usted tiene un proyecto para una Ciudad Justicia, en donde quiere administrar de inicio 70 millones de pesos, como fueron solicitados, la Secretaría Técnica viene a verificar que ya tengan la infraestructura, el terreno. Como no los tenían, Setec se regresó con los 70 millones porque no hay más que eventos de planeación, no hay ninguna ejecución, tenemos que avanzar para que Setec baje dinero de la ONU”.
-¿Habría responsabilidades administrativas?
-Cuando Gobierno del Estado llegue al límite de 2016 y ya no alcance a hacerlo [trabajar a través de la justicia oral] seguramente va a haber sanciones económicas y políticas.
Foto: Gilberto Barrón
