Una característica constante en la sociedad aguascalentense es que el común de los ciudadanos otorga al gobernante su credibilidad tanto a lo que dice, como a lo que hace; la confianza cotidiana lleva a la tranquilidad de que los recursos públicos están siendo bien utilizados en los programas de gobierno, y que los servidores públicos están comprometidos y dedicados a sus responsabilidades.
La confianza ciudadana es alimentada por la información benigna que difunden regularmente la mayoría de los medios de comunicación; lo que escuchamos en los noticieros de radio son las quejas que se refieren a la recolección de la basura, el servicio de agua potable, el alumbrado público, la asistencia de la policía en algún caso de robo o la pérdida de algún documento en un transporte público, los reportes de accidentes viales, o la desatención de algún conductor de servicio público, etcétera.
Sin embargo, esa superficie de la información que desde la periferia de los centros de poder político y económico tenemos los ciudadanos, resulta distinta con la intermitencia de notas informativas que apuntan hacia otras realidades de la gestión pública. Son notas que pasan brevemente en los medios informativos, a las que no se presta mayor atención, salvo algún medio que muestre actitud distinta a la común que consiste en no alterar la tranquilidad de los ciudadanos. Y no se les presta mayor atención porque los ciudadanos no participan en ellas por no contar con suficiencia de datos (salvo cuando se reducen a acusar de ladrón a algún ex funcionario y pedir que “lo metan a la cárcel”).
¿Cuáles son las notas informativas que insinúan otras realidades de la gestión pública? Son aquéllas que hablan de la necesidad de otorgar más recursos al Órgano Superior de Fiscalización del congreso del estado, que tiene la responsabilidad de revisar las cuentas públicas del gobierno del estado y de los 11 municipios (cuando la dependencia que sólo revisa las cuentas del gobierno estatal recibe mucho más recursos y cuenta con más personal). O que señalan que “Aguascalientes ha sido evaluado de manera negativa en ciertos indicadores establecidos por el Instituto Mexicano de Competitividad (nota de Fermín Ruíz Esparza en LJA, 19 mayo). O que “Duplica el ITEA su número de solicitudes sin respuesta” en el presente año (Nota de Carlos Alonso López en LJA, 12 julio). O que el “Bajo ejercicio presupuestal sacó al Estado de programas de alto impacto en seguridad; no participó en Prevención social de violencia, Control de confianza, Profesionalización de instituciones; ya finalizaba 2012 y Aguascalientes sólo había empleado 6 de sus 144 millones de pesos” (Nota también de Carlos Alonso, 10 de junio). O, en la misma edición de LJA, Javier Rodríguez escribía “Arellano Espinosa rebajaba vía nómina 400 mil pesos mensuales para cuotas del partido; me equivoqué con el helicóptero y el grupo policiaco Calea, lo reconozco”. O que “se multiplican las anomalías del OSF” que no entregó las observaciones de la revisión de las primeras cuentas trimestrales del año, y “garrafal error en cuentas públicas del 2012, exigen que renuncie Arturo Solano; ‘bailan’ casi 3 mil millones de pesos, dice Reyes Velázquez” (Carlos Alonso y Javier Rodríguez en LJA, 26 julio). O que el IEA “firmará un convenio para borrar retrasos de cuotas al Fovissste” por más de 110 millones de pesos que retuvo a los trabajadores y no remitió a la institución (LJA, 13 julio), similar a la información de que los ayuntamientos y dependencias del gobierno del estado tienen adeudos pendientes con el Issspea, etcétera. Son notas informativas que en su mayor parte están referidas a las actuales administraciones, no a las anteriores.
Cuando esta información y su seguimiento logren la preferencia en los espacios noticiosos de radio, televisión y medios impresos –salvo La Jornada Aguascalientes que ha estado atenta al asunto- y se haga el necesario análisis político, los ciudadanos podremos pasar de la tranquila superficie de la información, a la activa participación como demanda y exigencia de mejores gobiernos.
La pregunta ahora es si la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información ¿son un problema de gobierno o de los gobernantes? Lo primero que es necesario decir es, que si sólo registramos el discurso político, los gobernantes nos siguen diciendo que no se permitirá la desviación de recursos, y que “vendrán muchos otros procesos legales porque no hay impunidad; el que a hierro mata, a hierro muere, dijo Lozano de la Torre” (LJA, 25 mayo), ya que la ley es pareja y no habrá privilegios para nadie. O que la “cacería de malos funcionarios aún no termina; asegura el diputado Arturo Robles Aguilar que la ‘película todavía no acaba’; ‘lo claro es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo están siendo más consistentes en esto’” (LJA, 23 julio).
Cómo contrastar, entonces, la disposición de los funcionarios con la falta de información de las cuentas públicas del 2011 y 2012, donde se indique lo gastado para la planta Nissan II como es la compra-donación del terreno, los contratos de los taxis ecológicos, el incumplimiento del uso de recursos en el programa Habilidades para todos, las licitaciones de obras públicas, las compras de artículos para los programas sociales, etcétera.
Llegamos a un momento en que podemos distinguir tres puntos: las leyes vigentes, la disposición de los gobernantes, y los hechos señalados. Es posible, por lo tanto, percibir –mientras no veamos otra cosa- que el problema de la rendición de cuentas y la transparencia, más que ser de gobierno, es de los gobernantes. No obstante el retraso mostrado en las tibias acciones correctivas de las corrupciones de la administración estatal pasada, todavía la corrección y la información de las actuales administraciones no la observamos. ¿Será que tendremos que esperar al próximo gobernador del estado para conocer las cuentas públicas actuales (hace seis años así sucedía)?
