Ante la iniciativa de reforma energética propuesta por el PAN y por el presidente Enrique Peña y el PRI, aparece otra vez el debate tradicional sobre el modelo de gobierno y de desarrollo que tenemos, y que ha dado muestras sobradas de su ineficiencia; es tiempo en que todavía no hemos concluido las necesarias reformas política y electoral, que le den al estado y al gobierno una sólida estatura que le permita efectuar un gobierno fuerte, que atienda y resuelva los problemas de convivencia.
El modelo de desarrollo, considerado como la forma en que la sociedad integra a la población en la actividad de producir los bienes y servicios para la calidad de vida de los ciudadanos, sigue siendo un campo en que el modelo de gobierno no alcanza a llegar plenamente y a ejercer el control y la rectoría. Es decir, el gobierno muestra debilidad ante los agentes hegemónicos del capital, y no logra establecer la equidad en la creación y distribución de la riqueza, teniendo como efecto el bajo crecimiento económico y el mantenimiento de sectores poblacionales en la pobreza.
Es común observar, considero, la confusión que se da entre un estado fuerte y un estado monopolizador de sectores de la economía, como es el energético; la vocación fundamental del gobierno, no es ser empresario, sino ser rector y autoridad en el desarrollo de la sociedad. Cierto, este punto es parte de un gran debate en nuestro país, al igual que en otros países emergentes; es necesario avanzar en la conformación de una identidad de gobierno, que no debe incluir realizar actividades económicas que corresponden a la sociedad civil.
El punto de fondo que se presenta en la vieja identidad gubernamental es que, ante leyes deficientes y confusas –que la clase política no ha logrado superar-, el estado “no puede” detener y evitar los abusos que la economía –movida por los grandes capitales- realiza; la debilidad del Estado –que sigue, por ejemplo, exentando y condonando el pago de impuestos a grandes empresas- ha sido tradicionalmente contrarrestada con el llamado nacionalismo revolucionario.
El objetivo, por lo tanto, es fortalecer al estado y su función, con leyes claras; las reglas para el funcionamiento de las empresas del sector energético, como las del bancario, de telecomunicaciones, de minería, del transporte, etcétera, las pone el estado. Para ello, los políticos deben identificar con claridad la función de gobernar que debe asumir el Estado, lo cual les dará la capacidad de emitir leyes que –sin estorbar la actividad productiva-, pongan en cintura a los grandes capitales, logrando así el beneficio general en la sociedad.
En este panorama, surge una pregunta: ¿hasta qué punto tiene el Estado la facultad de determinar lo que sí es monopolio, y lo que no es? No obstante que el campo de acción del Estado para ejercer la función de gobernar, es toda la sociedad con todas sus actividades, el ámbito donde puede determinar lo que es monopolio y lo que no es, es el ámbito político. Es aquí, en el ámbito político, donde el Estado puede ejercer el monopolio del uso de la fuerza, de hacer leyes para la vida de la sociedad, de ser autoridad para dirimir los conflictos que se susciten entre los ciudadanos, etcétera. Sin embargo, ¿sería viable que el Estado determinara en el ámbito económico lo que constituye monopolio y lo que no? Cuando el Estado “decreta” que algo no es monopolio en la economía, en los hechos económicos ¿deja de ser y de tener el efecto de monopolio? La respuesta, considero, es, que el monopolio económico de los energéticos tiene sus efectos monopólicos en la economía del país, y, como cualquier otro monopolio económico, vuelve deficiente el funcionamiento de la economía del país.
El monopolio económico y su efecto en la economía de la sociedad, no desaparecen sólo porque la Constitución de la República diga, en su artículo 28, párrafo tercero, “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.
Todos conocemos cómo opera hoy en día la comunicación en que además de los correos, telégrafos y radiotelegrafía, existen muchas otras empresas que manejan la transmisión de información; las dependencias públicas de estas actividades ya compiten con empresas privadas, y, al contrario, se ha mejorado enormemente el uso de la información.
Las iniciativas de reforma energética del PAN y del Gobierno Federal, pretenden llevar al petróleo, los hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad, al plano de la realidad y del realismo de la economía, al quitarlos de la redacción del artículo 28 de la constitución. Éste es el primer paso legislativo, que deberá ser seguido por la reforma a las leyes secundarias; es en estas leyes donde deberá fincar la clase política la estatura del Estado, para hacer que esas actividades energéticas sean realizadas por los capitales privados beneficiando a la nación.
Una vez que el Congreso de la Unión abra el debate legislativo en foros paralelos, en las comisiones legislativas, y en los plenos de las cámaras de senadores y de diputados, conoceremos la visión que tienen los diferentes partidos políticos y sus grupos parlamentarios, de los modelos de gobierno y de desarrollo que manejan; podremos apreciar si son visiones que superan los traumas históricos causados por nuestras debilidades como país –que permitieron el abuso de otros países y de grandes empresas-, y que están dispuestos a levantar al estado mexicano y disponerlo en la estatura, en la fuerza y en la autoridad, que debió haber tenido desde hace ya mucho tiempo. El consenso podrá enriquecerse alrededor del fortalecimiento del estado mexicano como gobierno del país, y de la función de gobernar como responsabilidad primordial.
