- Hay impuestos por revisión de concesión y recortes en la vida útil de las unidades
- La utilidad de uno de estos vehículos pasaría de diez a sólo seis años
Entre los 17 capítulos y mil 134 artículos de la propuesta de nuevo Código Urbano promocionada por el Ejecutivo local hay “un impuesto adicional por revisión de la concesión” de vehículos de alquiler, señaló Héctor Quiroz García, diputado por el Partido del Trabajo (PT).
Apuntó que se trata de “un tema delicado” pues la administración, además de cobrar el derecho a la explotación de este servicio, obligaría a los taxistas a realizar dicho pago anualmente.
“Parece que les están dando una puñalada” después de que el Revolucionario Institucional exhibiera su cercanía con el gremio durante la pasada campaña electoral.
Uno de los lineamientos del Código Urbano es la sustentabilidad ambiental. Quiroz manifestó que la antigüedad del modelo de los taxis en operación sería recortada de 10 a seis años.
“Lo correcto es que te revisen físicamente cada año el vehículo. Puede haber uno con dos años de antigüedad y estar muy descuidado, pero puede haber un carro de siete u ocho años en muy buenas condiciones”.
Pidió al gobierno “que te permitan trabajar, tienes que ver la situación económica del país, la situación económica de las personas, no puedes estar cambiando (la unidad) cada seis años”. El petista mencionó que en Aguascalientes la tarifa del taxi no es revisada desde 2009, no obstante a los constantes aumentos en el precio de las gasolinas magna y premium.
El citado impuesto, aunado al de la plusvalía a los bienes inmuebles, dijo, ha sacado a flote coincidencias entre el propio PT y los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, quienes ya se habrían reunido con el propósito de conformar un bloque opositor.
“¿Qué es lo que pedimos como partido? Tiempo para analizar (el Código), a lo mejor hay cosas buenas… La posición es esa: tiempo para una buena revisión, el que sea necesario. Una semana, un mes, cinco meses, que la sociedad, que los colegios de profesionistas, que las personas realmente estén en el mismo canal”.
El mismo código señala que la autoridad debe ser notificada, con 48 horas de anticipación, sobre la realización de toda manifestación pública.
Aunque este trámite ya se ejecuta, el documento no establece si quienes omitan avisar serán sujetos a alguna clase de sanción.
Foto: Gilberto Barrón.
