- No combate la especulación, sólo grava el mejoramiento urbano, manifiesta Gilberto Carlos
- Los artículos 898 y 851 hablan sobre cobros por obra pública y chocan entre sí
Si bien el nuevo Código Urbano podría votarse en el transcurso de los dos meses y medio que restan a la LXI Legislatura del Estado, lo viable sería prolongar todo lo posible su presentación ante el Pleno, pues el proyecto del Ejecutivo, “así como está”, antes de impedir la especulación con terrenos estaría “castigando el mejoramiento urbano” a través de la contribución a la plusvalía de los bienes inmuebles.
Gilberto Carlos Ornelas, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que “hay que meterle mano” para descartar diversas “imprecisiones peligrosas para la población”, pues en el artículo 898 se prevé gravar a los beneficiarios de las obras públicas de gran envergadura, mientras en el 851 se expone que toda obra, sin excepción, generará cargos a los bolsillos ciudadanos.
El destino de los recursos obtenidos por esta vía también ha propiciado debates, pues aparentemente serían administrados por Gobierno del Estado, lo cual rompe el principio de gestión municipal patentizado en el Artículo 115 de la Constitución.
“Así como viene la iniciativa a mí me queda claro que lo que se está gravando es el mejoramiento urbano, la construcción de parques, jardines, vialidades, etcétera, sería motivo de ese impuesto… Parece que se quiere gravar el mejoramiento urbano, cuando el mejoramiento urbano es una obligación de la autoridad, no es ningún lujo”.
Anotó que el Poder Legislativo no puede dictaminar sobre las rodillas, ya que no queda claro si se trata de un impuesto o una contribución.
Carlos añadió en entrevista que “hay que examinarlo con mucho cuidado. Hay varias cuestiones que sí afectan las facultades de los ayuntamientos, el Código Urbano parte de la idea de que Gobierno del Estado sea el rector del desarrollo urbano… en muchos artículos se establecen facultades de la Secretaría de Gestión Urbanística por encima de ayuntamientos. Lo que tiene que garantizar el legislador es que no se aplasten estas facultades”.
Como ejemplo estarían los “desarrollos urbanos especiales”, previstos para áreas de 5 mil metros cuadrados y bajo la tutela de la citada dependencia.
– ¿Presumiría el PRD que el proyecto ya tiene violaciones flagrantes a la Constitución?
– Puede haber contradicciones con la norma constitucional, no se trata de un artículo en específico, pero sí de varios en los que se puede decir que hay invasión a la jurisdicción de los ayuntamientos.
– ¿Realmente preocupa que éste código llegue a ser aprobado? ¿No podría tirarse fácilmente con un trámite de inconstitucionalidad?
– No se tira fácilmente todo un código, en todo caso sería algún artículo que esté notoriamente en contraposición a la Constitución. El hecho es que la legislación estatal acota el campo de acción de los ayuntamientos, pero dicho acotamiento no debe significar la invasión de sus funciones, eso es lo que el Legislativo tiene que ver, hasta dónde debe llegar la ley estatal… No es un ordenamiento que dijéramos que se caería fácilmente con una acción de inconstitucionalidad.
El perredista consideró que el nuevo Código Urbano sería uno de los actos más importantes de la presente diputación, por lo cual nadie puede permitirse las improvisaciones.
“La posición del PRD es, en conclusión: si es tan vasto (mil 134 artículos), si es complejo, si trae imprecisiones peligrosas y alguna normatividad inaceptable, lo que el iniciador de la propuesta tiene que aceptar es que no salga vía fast track, que acepte que va a tener que estudiarse con muchos actores políticos y técnicos”.
El Partido Revolucionario Institucional, como fracción mayoritaria, anotó Gilberto Carlos, debería abonar a que la respectiva votación no se lleve a cabo en los días próximos. Manifestó que no hay urgencia por echar a andar un proyecto que tampoco termina por aclarar el método para distribuir las concesiones del transporte público. “No es para que se quiera sacar a matacaballo”.
– El diputado Gregorio Zamarripa afirma que el código coordina y no subordina a los municipios.
– No comparto esa impresión ni esa expresión porque así como viene sí tiene varios esquemas de subordinación. Nos dice el Ejecutivo que la intención no es esa. En el Legislativo lo debemos corregir.
Apuntó que la propuesta “no encuentra una forma adecuada de combatir la especulación”. En lugar de cobrar por el beneficio de la nueva obra pública, propuso el entrevistado, podría apelarse al Impuesto de la Propiedad Raíz.
“Esa intención no viene correctamente manejada”.
