Documento generado como conclusión del IX Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología FEMESS 2013, realizado en Aguascalientes de octubre 31 al 2 de noviembre:
Este congreso científico ha conjuntado a más de 1,000 participantes profesionales y estudiantes, de todos los estados de la República Mexicana, además de otros países del continente Americano y Europa, que representan a 100 instituciones de la sociedad civil, sector gubernamental y académico interesados en exigir y defender:
El Derecho a una cultura sexual amplia y a su libre expresión.
El Derecho a la educación científica y laica sobre sexualidad.
El Derecho a participar en la elaboración y vigilancia de políticas relacionadas con la sexualidad.
El Derecho a la Salud Sexual y Salud Reproductiva
Aplaudimos, que cada vez más crece el número de sexólogas y sexólogos mexicanos mejor capacitados, profesionalizados y comprometidos en el estudio científico de la sexualidad; así como su participación activa en la educación y en el fortalecimiento de ciudadanía con injerencia política, social a nivel local, nacional e internacional.
Declaramos asimismo, nuestra firma oposición a los discursos conservadores y anticientíficos, que en el México contemporáneo, aun sostienen “oscurantistas afirmaciones tales como: que la homosexualidad es una enfermedad que debe ser curada, que el empleo del condón y los diversos métodos anticonceptivos son muestra de ausencia de valores personales, o que las y los jóvenes deben abstenerse de tener relaciones sexuales responsables e informadas, porque ello es consecuencia de un mundo decadente y amoral”.
Por el contrario, postulamos con toda contundencia, que las diferentes orientaciones sexuales son elementos enriquecedores de nuestra sociodiversidad, que no son patologías, y representan rasgos humanos valiosos y dignos de respeto incondicional.
Exhortamos también, a que se realicen las modificaciones pertinentes en relación a las leyes que permitan un mayor acceso a los derechos fundamentales de las comunidades de la diversidad sexual, específicamente el matrimonio de las personas del mismo sexo, brindando el reconocimiento jurídico de estas uniones, y a las personas transgenéricas y transexuales asegurar el acceso a los trámites jurídicos de reconocimiento oficial de su identidad genérica, y que estas leyes sean aprobadas a nivel federal.
Aseveramos, porque así lo revela la evidencia científica, que el empleo de diferentes medidas de vida erótica protegida, al impedir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, constituyen una importantísima fuente de bienestar, físico, emocional y social.
Reconocemos, el derecho al placer de toda la población, incluyendo a las y los jóvenes, personas con limitaciones observables y mujeres y hombres de cualquier edad, mediante un erotismo pleno, libre de culpa, vergüenza o inadecuación. Reiteramos que la educación sexual formal es piedra angular de la salud integral de toda la población.
Afirmamos que usar los condones como prueba para fincar los delitos de lenocinio, invitación a la prostitución, o trata de personas, es una violación a los derechos a la salud, es discriminatorio y ha inhibido su uso entre trabajadoras y trabajadores sexuales. Las procuradurías de justicia deberán incorporar a sus protocolos de investigación que la portación o uso de condones NO son prueba para ningún delito, por lo tanto los jueces no deberán aceptarlos como prueba.
Recomendamos, continuar el trabajo con las autoridades judiciales para que las mujeres y los hombres que se encargan de la impartición de justicia, lo hagan de manera eficiente, sensible y respetuosa hacia las mujeres que dependen de sus decisiones jurídicas; para impedir que se sigan presentando casos de violadores liberados y mujeres criminalizadas injustamente.
Foto: Gilberto Barrón.
