El pasado 15 de noviembre inició sus trabajos la LXII Legislatura del Congreso del Estado; la conformación está hecha por 12 diputados del PRI, 7 del PAN, 2 del PRD, 2 del PNA, 2 del PVEM, 1 del PT y 1 de MC. Es una integración en la que, individualmente, ningún grupo parlamentario tiene mayoría absoluta, y, menos todavía, calificada.
En los inicios de las legislaturas, por lo general, los diputados y sus grupos, configuran, con sus discursos y pronunciamientos, una imagen determinada de lo que quieren ser como Congreso del Estado, para que los ciudadanos la tomemos como idea de que así será, y les demos nuestra confianza.
Para los ciudadanos, una de las preguntas que surgen es, fundamentalmente, qué grado de autonomía aplicarán en su ejercicio legislativo; la razón de ello se debe a que, como órgano de gobierno, tiene una función constitucional que desarrollar, como es la elaboración y aprobación de las leyes y las reformas a las leyes, que regirán la vida del estado y de su gobierno, en los ámbitos político, económico y social.
El manejo de la autonomía está descrito y determinado en las constituciones, tanto federal como estatal, cuando dice, en el caso de la de Aguascalientes, en el Artículo único del Capítulo V, el 14, que “El Supremo Poder del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos Poderes en un solo individuo o corporación, ni depositarse el Legislativo en una persona”.
La consecuencia natural es que cada uno de los poderes toma decisiones de manera independiente a los otros dos poderes, en los campos que expresamente le marca la Constitución; en el plano político, sobraría entrar en explicaciones al respecto, ya que, también, de manera natural –en el caso de los diputados del Congreso del Estado-, suelen responder con viveza, que toman sus decisiones de manera autónoma.
¿Qué importancia tiene el que tomen sus decisiones de manera autónoma? El motivo elemental es el que sean el contrapeso, particularmente, del poder ejecutivo. Este es la principal razón de su autonomía. De lo contrario, los legisladores serían y harían, lo que el ejecutivo les determina que sean y hagan.
¿Por qué y para qué el poder ejecutivo necesita del poder legislativo? Porque la vida republicana ha comprendido que el buen gobierno de la sociedad, se da cuando se separan las funciones básicas de gobernar, como son la elaboración de las leyes, su aplicación y el desarrollo de los programas de gobierno para la sociedad, y el dirimir y juzgar los conflictos que surgen entre los ciudadanos. Toda la acción de gobernar se lleva a cabo con los recursos financieros que son proveídos por los ciudadanos.
El uso y la aplicación de los recursos financieros se convierten en un asunto de primera importancia, la cual está supeditada al modelo de sociedad que se quiere construir a través de los programas y las acciones de gobierno. Es por ello que la separación de poderes, considerando particularmente al legislativo y al ejecutivo, tiene una importancia primordial, que es el principal punto del contrapeso que debe ejercer el legislativo para con el ejecutivo, en razón de que es este último, es el que tiene en sus manos el manejo de tales recursos.
Este es uno de los puntos donde observamos el ejercicio de la autonomía; la actual administración del gobierno del estado ha señalado irregularidades –que se ubican en el campo judicial- de la administración estatal anterior (aunque todavía no haya sido capaz de procurar la justicia de manera pronta y expedita, dejando en el aire los asuntos [tal vez esperando el próximo proceso electoral]). El cuestionamiento es, por lo tanto, qué hicieron las legislaturas correspondientes que, no obstante las irregularidades, aprobaron las cuentas públicas y dieron por concluidos sus trabajos de contrapeso.
Observamos, también, que la Legislatura LXI, prácticamente, llevó los mismos pasos que las anteriores; es en este punto, precisamente, donde tenemos que cuestionarnos acerca de la autonomía de los legisladores, y evaluar si, en lugar de fungir como contrapesos, se convierten, para muchos asuntos, en mera oficina apéndice del ejecutivo (de manera que los ciudadanos tendríamos, otra vez, que esperar al siguiente ejecutivo y a la siguiente legislatura para que se haga bien la revisión de las cuentas públicas de esta administración, con las mismas consecuencias que estamos viendo ahora).
La autonomía del poder legislativo, considero, dependerá, prácticamente, de dos aspectos: el primero es la idea de hacer gobierno que tenga el ejecutivo, y, la segunda, la forma de relación que quieran tener los diputados con el ejecutivo. El primer aspecto ha determinado, y pretenderá seguir determinando, la forma como debe trabajar el congreso del estado. El segundo aspecto consistirá en, también, la forma como quieran responder los diputados ante la pretensión del ejecutivo.
Este punto salta a la vista porque hemos comprobado que la idea de gobernar del ejecutivo ha sido de retroceso democrático, mostrado en la tendencia de volver a los grandes tiempos de dominación priista.
El dilema de los diputados, consecuentemente, muestra elementos interesantes: por un lado, tienen la opción de asumir plenamente su función legislativa y de contrapeso con el ejecutivo, lográndolo con una disposición respetuosa pero firme; o, por el otro, reducir su acción presente a preparar su futuro político, para lo cual requerirían de los beneficios financieros que sólo puede otorgar el ejecutivo, motivo por el que su primera necesidad sería “estar bien” con ese poder, y no con los ciudadanos. El estar bien con el poder ejecutivo implicaría el atender asiduamente las peticiones que les haga por medio de los canales indicados.
Los ciudadanos estaremos en la observación de los pasos que den los grupos parlamentarios, además de sus discursos políticos, para construirnos una imagen de su trabajo; las señales que emitan serán el insumo para forjarnos una idea de ellos.
