Pues ahora toca el turno a la reforma de crear la fiscalía anti-corrupción, la cual vendrá a suplir a la Secretaría de la Función Pública de la Federación, y se considera que con esta nueva dependencia se va a terminar con la corrupción, que es un cáncer que debilita al país y hace que la ciudadanía no confíe en las instituciones y en la clase política.
Esto podría facilitar a que se termine con la investigación de las denuncias de excesos de dinero en las elecciones presidenciales pasadas. De acuerdo a un artículo publicado en el periódico Reforma el pasado miércoles 11 de diciembre, se conoce que un contador anónimo confiesa que trabajó para las empresas Edicom -Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales-, de las cuales fue despedido decomisándole dinero además de haber sido amenazado de muerte por sus jefes.
En estas revelaciones el contador dice que 23 millones de pesos depositados a tarjetas de bancos y monederos electrónicos Monex, fueron aportados por redes criminales que venden facturas de manera ilegal; simulan contratos y hacen lavado de dinero. Esto es investigado desde el año 2012, en que se efectuaron estos hechos ilícitos y a la fecha no han avanzado las investigaciones.
Según las investigaciones, en el oficio 110/H/787/2012 una persona de nombre Raúl Álvarez Longoria aportó a los monederos electrónicos Monex la cantidad de 10 millones 116 mil pesos; otra persona implicada es Ricardo Mauro Calzada Cisneros el cual aportó 13.1 millones de pesos a los monederos del Partido Revolucionario Institucional. Todo esto según las revelaciones de este contador anónimo. Estas cantidades son parte de los 44 millones de pesos que pasaron por los monederos de Monex.
Todo esto, de llegar a aclararse, ayudaría a que la confianza en las elecciones con el nuevo Instituto Nacional de Elecciones llegue a ser una realidad; claro, esto es lo que sueña y anhela un mexicano pues desafortunadamente la justicia sólo actúa de manera rápida y expedita cuando se trata de venganzas políticas o se trata de quitar de en medio a algún opositor incómodo.
También creo que sigue imperando la corrupción de los políticos que no cumplen sus promesas de campaña, o no desempeñan su cometido legislando a favor de la sociedad con lo que se necesita para salir adelante. Por ejemplo: A la fecha no hemos sabido en qué quedó la denuncia de alcaldes a los cuales se les pedía el “diezmo” de los fondos que les conseguían algunos diputados; los encargados del área económica del gobierno federal no han dado cuentas del porqué, en el año de 2012, se crearon 711,704 empleos y este año de 2013 se calcula que se generarán 420,000, con lo cual serán ¡290,000 menos!, empleos que tanto se necesitan en el país, pues son familias completas que estarán en situaciones difíciles.
En cuanto a la seguridad tenemos que, a pesar de que de manera muy hábil se ha bajado el tema en los medios de comunicación, la inseguridad sigue siendo un problema muy grave y desafortunadamente va en aumento. En este sexenio se están acumulando los casos de periodistas desaparecidos. Mejor dicho, el sexenio peñanietista está sumando su propia cifra de comunicadores asesinados o desaparecidos. Esto último, que con frecuencia viene a ser lo mismo, pues en la mayoría de los casos nunca aparece el periodista desaparecido. En lo íntimo de cada quien, se asume que ha sido asesinado. Le comento lo anterior a propósito de la desaparición de la periodista zacatecana, Zoila Edith Márquez Chiu, de un portal digital de gran penetración en el vecino Estado.
El caso de Zoila llegó hasta los altos niveles del Gobierno Federal que se tradujo en un impresionante operativo de búsqueda de la joven periodista. Se sabe que Zoila Edith Márquez se dirigía a un videoclub este domingo anterior y ya nada se supo de ella.
Lo más inquietante es que su caso se suma al de Sergio Landa Rosado, reportero de la sección policíaca del Diario Cardel, un diario de circulación local del municipio La Antigua, a unos 30 kilómetros al norte del puerto de Veracruz y al de Gerardo Blanquet, de Radio Grande, en Coahuila. De éste último no se sabe nada desde el 30 de abril del presente año. Y este es precisamente el tema del asunto: en México y desde hace muchos años, sólo en ocasiones excepcionales se ha esclarecido algún caso de periodistas asesinados. Nunca el de un comunicador desaparecido. La lista es muy extensa, bien lo sabemos. Lo anterior amén de los 6 periodistas asesinados este 2013 y los ataques a instalaciones como El Siglo de Torreón, Milenio Laguna, Mural de Guadalajara, Radiodifusoras en Quintana Roo, etc. Y las autoridades responsables de la seguridad en esas entidades jamás han sido castigadas por no cumplir con su cometido. ¿Por qué será?
Por otro lado, y en el colmo de la irresponsabilidad oficial, tenemos que el Congreso de la Unión no ha expedido las leyes secundarias o reglamentarias de la reforma en materia de telecomunicaciones, que según la misma reforma dio de plazo hasta el 9 de diciembre para que se hiciera. Con lo anterior observamos, o podemos augurar, que no son las leyes las que le darán cause al país para ser un país justo, equitativo, democrático y moderno. Nuestras autoridades deben actuar simple y llanamente para que la impunidad, la corrupción y la falta de responsabilidad de los servidores públicos desaparezcan de nuestro entorno. Obras son amores y no buenas razones.
