Come on, come on, Holy Roman empire.
Come on if you think you can take us on…
You and whose army? – Radiohead
La democracia republicana y civil tiene dos características inalienables: primero, mantiene una estricta división del poder del estado mediante el contrapeso de sus órganos legislativo, ejecutivo, y judicial, con la finalidad de evitar que uno sólo de estos órganos (o una sola persona, representante de algún órgano) amase un poder autocrático; y segundo, asegura que el poder sea ejercido por los civiles, no por los militares ni por los estamentos de la iglesia o el linaje. Fuera de la democracia republicana y civil están otras maneras de ejercer el poder, como el autoritarismo, o el totalitarismo.
Algunas acciones de la actual administración federal se alejan bastante del ideal republicano, democrático y civil. Algunos ejemplos: cómo el ejecutivo regaña, investiga, y acorrala a los jueces que le estorban en sus proyectos. Los límites que el poder judicial ha marcado sobre temas como la reforma energética; o los proyectos prioritarios del presidente, como el Tren Maya, han confrontado a dos poderes del Estado mexicano. Ante eso, el ejecutivo no sólo ha regañado o criticado a los jueces, sino que –incluso– los ha mandado a investigar como medida de amedrentamiento y presión política.
En el Poder Legislativo las cosas no van a mejor. La representación que el partido del presidente tiene en las cámaras, así como las alianzas coyunturales con otras fuerzas políticas, han propiciado que las iniciativas preferentes del ejecutivo pasen al pleno y sean votadas sin ningún cambio, sin ningún análisis de fondo, y –prácticamente– sin oposición alguna. Esto ha convertido al legislativo en una oficialía de partes para aprobar las iniciativas del ejecutivo. Pensar en un legislativo que no contrapesa, implica pensar en un ejecutivo más cercano al presidencialismo del siglo pasado.
Otro ejemplo lo podemos ver en la forma en la que el presidente demerita a los órganos autónomos, a los medios de comunicación críticos, a las instituciones electorales. Cualquier organismo que funge como contrapeso ciudadano para circunscribir, observar, o hacer procesos de gobernanza en el ejercicio del poder público (y cuya existencia nos ha costado décadas de lucha), es visto con sospecha de ser manipulado políticamente para atacar al proyecto presidencial; y desde ahí se le trata como adversario.
Entre los ejemplos más representativos está, por supuesto, la manera en la que el poder ejecutivo ha empoderado inusitadamente al ejército. No sólo en la discrecionalidad presupuestal, o en la autonomía operativa, o en el respaldo mediático, o en la asignación de proyectos que corresponden a los civiles; sino en el cúmulo de guiños simbólicos que hacen que la institucionalidad, imparcialidad, y carácter popular, de las fuerzas armadas se ponga en entredicho. Esto, sin abundar en las acciones policiacas a las que se está dedicando el ejército, contradiciendo sus propias propuestas de campaña.
En 1655, en Francia, el rey Luis XIV dijo al parlamento: El Estado soy yo. Con lo que afirmaba que su persona, su carisma, sus decisiones, su visión, y su poder, eran la encarnación misma de la voluntad y el destino de su pueblo. La revolución arrasó con el rey y con su legado. Permitir que una sola persona o un solo órgano acumule un poder desproporcionado y sin contrapesos, es permitir que la democracia se extinga. La democracia puede ser un modelo mejorable, pero sigue siendo preferible al ejercicio del poder autocrático.
@_alan_santacruz
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