- El gobierno viola la Constitución al no entregar pensiones a adultos mayores, alertan juristas, quienes aconsejan ampararse. “Alguien no está haciendo su trabajo”, dice Nelia. “Voy a morir haciendo trámites”, se queja María
EMEEQUIS/ Norma Jiménez
Nelia Someillán, de 68 años, solicitó en marzo de este año su tarjeta de adulto mayor a la Secretaría del Bienestar. “Me dijeron que en dos meses me llamarían para darme una tarjeta o una orden de pago”. Pasó un mes y otro y otro, pero nada: después de más de medio año todavía no le habían entregado el plástico, lo que viola un derecho constitucional, de acuerdo con juristas entrevistados.
“Alguien no está haciendo su trabajo”, comenta con enfado Nelia, pues tres servidoras de la nación de la Secretaría del Bienestar le pidieron copias de sus documentos y nada de que llegaba su tarjeta o una orden de pago para cobrar los 2 mil 620 pesos de pensión bimestral que otorga el Gobierno Federal.
En esa larga espera enfrentó un grave problema de salud que sólo pudo costear con apoyo familiar, pues fueron 30 mil pesos para realizarse estudios y descartar un posible cáncer. El dinero de su pensión no contributiva no llegó cuando más lo necesitaba.
“Entiendo perfectamente que, en medio de una circunstancia de emergencia de salud, las instituciones de salud o la seguridad social, tienen que dar prioridad a pacientes con Covid. Tuve que hacérmelos en una clínica privada y pude solventarlos gracias al apoyo de mi familia. Me hubiera sido de muchísima ayuda haber tenido ya la pensión del adulto mayor”, lamenta.
Como Nelia, muchos otros adultos mayores no han podido obtener su Tarjeta del Bienestar, a pesar de que llevan varios meses y hasta un año haciendo trámites. Nomás los traen dando vuelta y vuelta.
Pueden recurrir al amparo
Para los juristas Luis de la Barreda, primer ombudsperson de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, y Gabino González Santos, constitucionalista y exsecretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal y la Secretaría del Bienestar violan la Constitución al incumplir el plazo de dos meses otorgado para la entrega de las tarjetas, luego de haber realizado la solicitud.
Los afectados pueden presentar un amparo para hacer cumplir su derecho y exigir la retroactividad del monto de la pensión, pues actualmente es un beneficio social establecido en el artículo 4 de la Carta Magna, indican.
De obtener la protección de la justicia, la autoridad tiene que acatar la sentencia de inmediato. De no hacerlo, los funcionarios podrían ser destituidos de su cargo.
De la Barreda señala: “Pueden presentar queja ante la Comisión de Derechos Humanos y tienen el recurso del amparo. Presentar queja ante la Comisión de Derechos Humanos no excluye que se empleen otros medios para defenderse de una acción o de una omisión de las autoridades. Entonces, tienen ambas vías”.
Lo secunda González Santos: “Podrían ir perfectamente ahorita a un amparo, alegando que no se da cumplimiento y que ellos presentaron su solicitud y no se ha entregado. (La autoridad) no sólo está cometiendo una ilegalidad, está faltando al cumplimiento de un derecho constitucional”.
Agrega: “En caso de que se conceda una sentencia de amparo y no cumplan las autoridades, ahí sí se constituye un delito”.
La odisea de Nelia
El pasado 26 de marzo, a unos días de haber empezado la contingencia sanitaria por el coronavirus, Nelia acudió a las oficinas de esa dependencia en la calle de Lucerna a realizar su trámite para gozar del beneficio que otorga el Gobierno Federal a los adultos mayores a partir de los 65 años para los indígenas y de 68 años para el resto de la población.
Después de tres horas y media, logró concluir su trámite y le comentaron que en un par de meses le llegaría su tarjeta o le entregarían una orden de pago. Pero pasaron dos, cuatro, seis meses y la tarjeta no llegaba; mucho menos el dinero de la pensión, que no sabe si será retroactivo, por lo que ha perdido unos 10 mil pesos.
“A los dos meses y medio me llamó una servidora de la nación y me volvió a pedir la documentación, le expliqué que ya la entregué hace más de dos meses, pero ella me dijo que tenía que dársela. Me dijo lo mismo y no pasó nada. Pasaron otros dos meses, volvió a llamarme otra servidora de la nación, no era la misma que la vez anterior y volvió a pedir los documentos. Esta información es la tercera vez que la doy”, indica.
Nelia es narradora oral escénica, trabaja de manera independiente y actualmente no tiene ingresos por la pandemia. Con un tono de desesperación, por no encontrar respuesta inmediata a su petición, comenta que “no sólo es por mí, sino también es pensar en los demás”.
“Si hay otros adultos mayores que estén en una circunstancia económica más difícil que en la que yo puedo estar, bueno, me parece tremendo que esta ayuda, insisto, es para solventar las cuestiones básicas de alimentación, de medicamento, que sé yo. Me parece lamentable”, se queja.
Un padrón de 8 millones de personas
La Secretaría del Bienestar tiene un padrón de 8 millones 378 mil 227 adultos mayores beneficiados de la pensión no contributiva en el ámbito nacional, de los cuales el 10% reside en localidades indígenas. El presupuesto total es de 129 mil millones de pesos al año.
Del total de derechohabientes, 4 millones 775 mil 082 reciben el apoyo a través de transferencias electrónicas (57%), es decir, tienen una cuenta bancaria. A 3 millones 603 mil 145 (43%) les pagan en efectivo.
La dependencia ha reconocido que mantiene un rezago de más del 70% en la entrega de las tarjetas de bienestar para los adultos mayores, así como en los pagos en efectivo a los derechohabientes.
Mientras que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no hay cifras oficiales del número de quejas presentadas por el retraso en la entrega de estos apoyos entre 2019 y 2020.
Tan sólo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), se habían recibido más de mil quejas por el retraso en la entrega de este apoyo hasta finales de 2018, fecha en la que este programa dejó de ser local.
Se estima que el 12.3% de la población en México es adulto mayor de 60 años, es decir, 15.4 millones. Pasaron de ser el 6.2% del total de la población en 2010, al 7.2% en 2015 y para 2050 prevén que será el 25% de los habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que México se está volviendo un país de tercera edad. La edad media en nuestro país actualmente es de 27 años.
Para el gobierno de López Obrador estos programas de apoyos sociales son una prioridad; sin embargo, no ha cumplido en tiempo y forma en atender los miles de retrasos registrados, tanto para las pensiones no contributivas, como contributivas, establecidas en el artículo 123 de la Carta Magna.
Se solicitó una entrevista con la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, sin que hasta el momento haya habido respuesta.
Me voy a morir haciendo trámites: María
Hay muchos casos como el de Nelia. Por ejemplo, María, de 73 años, también enfrenta la misma situación, pues tiene casi un año que perdió su tarjeta del adulto mayor y no se la han repuesto, además de que por la pandemia las oficinas estuvieron cerradas varios meses.
El 24 de enero de este año, María acudió a las oficinas que están en la Unidad Santa Fe a reportar su tarjeta como extraviada y llevó nuevamente sus documentos. “Me atendió Cinthia Nayelli Estrada Corona y me dieron número de folio. Me dijeron que en un mes me llevarían mi tarjeta y ya llevo más de 10 meses y nada”.
Y fue hasta el 5 de octubre pasado que logró conseguir una nueva cita en las oficinas del Teatro de la Juventud de la Alcaldía Álvaro Obregón, para llevar nuevamente sus papeles. Le dieron otro folio, pero sigue en espera de que le entreguen su tarjeta.
Pero mientras sigue esperando a que le den su nueva tarjeta, en su cuenta bancaria ya acumuló más de 20 mil pesos, que no puede cobrar, pues en el banco le dicen que sólo lo puede hacer con su plástico. No puede retirar en ventanilla, pues así lo convino la institución financiera con el gobierno, para evitar fraudes, le informaron.
“Yo creo que me voy a morir haciendo los trámites y sin poder cobrar mis más de 20 mil pesos que ya tengo acumulados en mi cuenta. Me traen vuelta y vuelta y no me resuelven nada. Ya hablé infinidad de veces a los teléfonos de la Secretaría de Bienestar y para que te contesten, es como sacarte la lotería, y cuando lo logras, nadie me puede dar respuesta de mi trámite.
“No es justo que nos traigan así, somos personas mayores que no podemos estar yendo solas de un lado para otro. Es desesperante, sólo porque necesito el dinero”, dice angustiada.
Pero, el Gobierno Federal no sólo se ha rezagado en la entrega de las pensiones del programa del adulto mayor, sino también en el pago de las pensiones de los trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya sea por cesantía, viudez, enfermedad o accidente de trabajo.
A Rafael, de 83 años de edad, quien recibe una pensión por viudez, le han retrasado sus pagos, en la subdelegación administrativa número 6 del IMSS, hasta por tres meses y no se la han podido regularizar.
“Me traen vuelta y vuelta, ya van cuatro veces que voy y no me resuelven nada. Fui en el 29 de junio porque no me depositaron a principios de junio; me dijeron que para agosto me depositaban lo retroactivo. Llegó agosto y no depositaron nada. Volví a ir a finales de agosto y me dijeron que para septiembre, y en ese mes sólo me pagaron un mes y volví a ir en octubre y me dijeron que en diciembre me pagaban los tres meses que me deben”, comenta molesto.
Para el constitucionalista González Santos, el Gobierno Federal está cometiendo un delito por no pagar en tiempo y forma la pensión contributiva, que es un derecho adquirido establecido y está violando los artículos 123, 14 y 16 constitucionales, por lo que todas estas personas también pueden recurrir al amparo.
Lo que se le añadió al artículo 4
Ahora más que nunca, el Gobierno Federal está obligado por derecho constitucional a entregar en tiempo y forma la pensión no contributiva por 2 mil 620 pesos a los adultos mayores, ya que este apoyo se elevó a rango constitucional desde el pasado mes de mayo, asegura González Santos.
En mayo pasado entró en vigor una reforma al artículo 4 de la Carta Magna y se adicionó el siguiente párrafo: “Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad”.
Fue en 2001 cuando López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal inició la entrega de 600 pesos mensuales a más de 200 mil personas de la tercera edad que viven en la Ciudad de México. Posteriormente, en 2006, el entonces presidente Vicente Fox impulsó lo mismo, pero con una cantidad menor a entregar de 250 pesos al mes.
Desde entonces se han presentado retrasos y fallas por parte de la autoridad en el cumplimiento de este apoyo, por lo que algunos afectados presentan sus quejas ante las comisiones de derechos humanos y otros han recurrido al juicio de amparo para proteger un derecho que les fue concedido a través de un programa gubernamental.
Pero es hasta ahora que esta pensión no contributiva que da el gobierno federal se eleva a rango constitucional, por lo que a la autoridad se le puede fincar una responsabilidad mayor o separarlo de su cargo, apunta González Santos.
El también investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho precisa que “al ser un derecho constitucional es exigible vía amparo, ello con independencia de la ley que establezca como debe hacerse esa entrega. La no entrega de la tarjeta o el no contestar a la petición es materia de juicio de amparo”.
Manifiesta que lo más indicado es presentar el juicio de amparo para acortar los plazos de entrega y garantizar que sea retroactivo el pago, ya que “las autoridades tienen el deber de contestar de manera pronta. Además de que los afectados pueden promover un amparo colectivo”.
CNDH pierde autonomía y efectividad
Para Luis de la Barreda, primer presidente de la CDHDF de 1993 a 2001, los adultos mayores han presentado su queja ante la CNDH porque la pensión del adulto mayor es un derecho adquirido que ofrece el Gobierno Federal; además de que pueden recurrir a la vía del amparo. “Tienen ambas vías”.
El jurista recuerda que las comisiones de derechos humanos tienen una función más de conciliación con la autoridad y sus resoluciones no son vinculatorias, pero resalta que si la actuación del ombudsperson es independiente y la resolución está bien fundamentada, la queja será exitosa.
“Una comisión de derechos humanos no puede resolver un asunto, su resolución no tiene fuerza coactiva, no es vinculante jurídicamente, pero tiene dos vías de solución; la conciliación, es plantearle a las autoridades que cumple con su deber o bien en caso de que el asunto sea una violación grave de derechos humanos o se le quiera hacer al asunto mucha publicidad, que convenga por la importancia del asunto o falle la vía conciliatoria, la comisión tiene el recurso más espectacular del ombudsman que es la recomendación”, dice.
Deja claro que una comisión que tenga gran fuerza moral, actúe profesionalmente, emita recomendaciones bien fundadas, sin fisura y sólidamente armadas, puede tener un efecto muy importante, porque está exhibiendo en esa recomendación una violación a los derechos humanos.
“Este gobierno no parece muy favorable para atender las recomendaciones. Recuerdo el caso de las estancias infantiles una respuesta majadera por parte del gobierno, pero como la actual ombudsperson es de las simpatías del presidente López Obrador, dudo que actúe de manera autónoma, dado como llegó al puesto”, acota.
De la Barreda señala que durante su gestión no se presentaron quejas en el retraso en la entrega de las tarjetas del adulto mayor, pues fue hasta el final de su periodo cuando arrancó la administración de AMLO en la Ciudad de México.
@normiux_jimegui
