Ante la caída de los ingresos públicos registrada en los primeros nueve meses de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó en contraer deuda para inyectar recursos en la economía, y prefirió agudizar las ya importantes medidas de austeridad que impulsó desde su llegada al poder: recortó 165 mil millones de pesos al gasto asignados a sus principales programas, partió a la mitad los recursos destinados a obras y adquisiciones para este año, y entregó a los gobiernos estatales 155 mil millones de pesos menos que en 2019.

El gobierno de la Cuarta Transformación aplicó sus tijerazos multimillonarios de manera casi homogénea en el gasto público. Ni los programas sociales ni las instancias de derechos humanos; mucho menos las entidades federativas se salvaron, según el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del tercer trimestre de 2020, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, hubo excepciones destacadas: el Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvieron fuertes incrementos presupuestarios –igual que la Secretaría de Economía, que destinó cerca de 30 mil millones de pesos al programa de créditos a microempresas familiares para atender la urgencia causada por el covid-19–, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Energía (Sener) y los fondos destinados al Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico quedaron intocados.

La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos –que López Obrador tachaba de organismos inútiles en el arranque de su sexenio– recibieron montos muy superiores a los presupuestados, mientras que la Lotería Nacional, que organizó la polémica “rifa” por el precio del avión presidencial, recibió este año 2 mil millones de pesos no contemplados en el presupuesto 2020.

Esto no fue el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de las Mujeres, o la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, todas ellas  sufrieron “adecuaciones presupuestarias” a lo largo del año, que les quitaron entre 18% y 44% de sus asignaciones.

El sector de la salud pública, en primera línea de la lucha contra el covid-19, vio un recorte brutal al presupuesto asignado a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud –de 44%– y ahorros en prácticamente todos los demás rubros, mientras que 55 mil millones de pesos fueron reasignados hacia el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, manejado por el Instituto de Salud para el Bienestar.

Además de los recortes al gasto programado, las dependencias del Gobierno Federal realizaron un subejercicio casi sistemático del gasto público, por un monto total de 202 mil 558 millones de pesos, según la SHCP.

Así, entre enero y septiembre, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas gastó apenas la mitad del presupuesto que tenía asignado; la Secretaría de Bienestar se quedó con 16% de los recursos que debió entregar a través de sus programas sociales –equivalente a cerca de 26 mil millones de pesos–, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –ya castigada en presupuesto– se quedó con un subejercicio de 11%.

Según el informe de la SHCP, los subejercicios, muestras de una planeación deficiente, se observaron incluso en algunos de los proyectos de mayor importancia para la Cuarta Transformación. Así, si bien el presupuesto del Tren Maya no sufrió ningún recorte, el megaproyecto dirigido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo había gastado apenas 5 mil millones de pesos entre enero y septiembre, un 40% del monto que debió haber ejercido en ese momento.

En medio de este contexto de ahorros generalizados, algunas dependencias dirigidas por personas cercanas a López Obrador no siguieron la regla y gastaron más de lo asignado. La cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon, gastó 865 millones de pesos extras por “la atención, protección, servicios y asistencia consular, así como para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por Rosario Piedra Ibarra, tuvo un gasto de 260 millones de pesos no programado, a pesar de que el presente año resultó muy caótico para el organismo autónomo, y la labor de su titular fue cuestionada por víctimas y defensores de derechos humanos.

El INM, encargado de detener y deportar a los indocumentados en la frontera sur de México para evitar que lleguen a Estados Unidos –derivado del acuerdo que el gobierno de López Obrador y el de Donald Trump pactaron en junio de 2019–, también reportó un gasto extra de mil 278 millones de pesos este año.

El proyecto de presupuesto 2021 elaborado por la SHCP contempla un nuevo recorte de 108 mil millones de pesos a los estados y municipios y 2 mil 184 millones de pesos menos a los organismos
autónomos.

Al parecer, en lo que va del año la Fiscalía General de la República (FGR) ya se había preparado para el recorte, pues reportó un subejercicio de 3 mil 343 millones de pesos entre enero y septiembre, debido a “menores erogaciones en el gasto de operación”; respecto al año pasado, la FGR gastó mil 500 pesos menos, debido a la “disminución de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal, y delitos relativos a la delincuencia organizada”.

El diputado Enrique Ochoa Reza, quien carga sobre su pasado haber entregado, en su calidad de presidente nacional del PRI, los peores resultados en una elección presidencial, se convirtió en el debate sobre el paquete económico 2021 en asiduo orador contra los dictámenes de la mayoría legislativa encabezada por Morena.

En ese papel tomó la bandera de la vacuna contra el covid-19 y una y otra vez propuso que se etiquetaran los recursos y hasta ofreció que votarían a favor de la propuesta morenista si accedían a su petición. Y en esa dinámica, la noche del miércoles 11, caliente el debate sobre el presupuesto de egresos, subió a la tribuna de San Lázaro y en tono comedido, sin aspavientos soltó: “En materia de la vacuna contra la pandemia del covid-19, Morena es un mar de contradicciones”.

Quien fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por dos años en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2014-2016) e impulsor de la cuestionada reforma energética exhibía las que llamó contradicciones entre legisladores de Morena “que dan espacio a no creerles de dónde van a obtener el dinero para pagar la vacuna y cuándo se va a pagar”.

Engolosinado, se refirió al legislador Iván Pérez Negrón, quien sostuvo que en el presupuesto estaban incluidos los recursos para su compra, pero también a Javier Hidalgo Ponce, quien declaró que los recursos saldrían de los fideicomisos extinguidos; aludió también a Pablo Gómez Álvarez, quien minutos atrás comentó que como no existía todavía la vacuna no se podía presupuestar algo inexistente.

Avanzó su intervención: “Entonces, aquí tenemos tres versiones completamente distintas: Pérez Negrón, Morena 1; Hidalgo, Morena 2; Pablo Gómez, Morena 3. ¿A cuál creerle? El dinero viene del fideicomiso de los 109, el dinero viene del fideicomiso que era el Fondo de Salud para el Bienestar o el dinero no se necesita porque no se sabe todavía a quién le van a comprar la vacuna”.

Y cerró esa intervención incluyendo a un cuarto protagonista de su historia, a Dolores Padierna Luna, cuya “visión” es con la que “estoy de acuerdo, y quien ha dicho aquí, en tribuna, con talento, que en el presupuesto ella advierte 33 mil mdp adicionales y que con ese dinero se va a comprar la vacuna”.

Fue precisamente la vicepresidenta de la Cámara de Diputados quien le contestó primero: “Él dice que a quién creerle, yo le propongo que le crea al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en el artículo octavo transitorio.

Pérez Negrón también pidió el uso de la palabra: “La subsecretaria de Hacienda (Victoria Rodríguez Ceja) comentó que la vacuna va a costar mil 600 millones de dólares y que a finales de este año e inicios del próximo se va a contar con los primeros lotes de vacunas, y esos recursos provienen de los fideicomisos, más los 33 mil millones de pesos que se van a ir al rubro de salud para enfrentar no sólo la pandemia, sino todos los requerimientos de salud de los mexicanos”.

Ochoa Reza no se conformó. Insistió en que los recursos no aparecían en ningún lado del presupuesto, y repitió: “Si los etiquetan, los apoyaremos con nuestro voto”.

Pérez Negrón volvió a tomar la palabra: “El diputado (Ochoa Reza) se la ha pasado diciendo sandeces, están muy acostumbrados (los priistas) a que antes se etiquetaba absolutamente todo para tratar de solventar sus gastitos y sus bolsas, pero eso ya no existe”.

Y soltó el buscapiés: “Yo quisiera más bien que nos dijera, de manera contundente, cómo fue que se etiquetó, cuando fue director general de la CFE, ese bono de marcha y cómo le hicieron para dejar también, en crisis, a la CFE”.

Ocho Reza acusó el golpe. A finales de septiembre de 2016, los reporteros de Proceso,­ Homero Campa y Mathieu Tourliere, publicaron un reportaje revelando que el ahora diputado priista obtuvo un millonario bono de marcha por sus dos años al frente de la CFE, no sólo cuestionable por el monto, sino también porque se había tratado de una renuncia voluntaria y no de un despido.

En su siguiente oportunidad al micrófono, Ochoa Reza le respondió a Pérez Negrón sin mencionar su nombre. “¿Cuál es el verdadero tamaño de un diputado que, cuando se le acaban los argumentos, empieza con ataques personales? ¿Será que es un títere? ¿O será que es un titiritero? Ya lo veremos en los próximos días”.

Casi olvidado el tema en la maratónica sesión, Ochoa Reza volvió a subir a la tribuna para proponer que se le asignara un mayor presupuesto a la CFE, pero de pronto hizo una pausa y, fuera del tema, comentó de cara al pleno camaral:

“El finiquito que recibí como director de la Comisión Federal de Electricidad es legal conforme a la regulación que incluso es vigente el día de hoy, pero, en un acto de transparencia y de publicidad, doné la totalidad de ese finiquito en diciembre de 2016… Lo doné a las fundaciones Michou y Mau, y a la Fundación UNAM, precisamente para impulsar las becas dentro de las áreas correspondientes a la Fundación UNAM y para atender a niñas y niños quemados en México.”

Ochoa Reza se guardó informar en tribuna que el bono de marcha que recibió por trabajar dos años en la CFE ascendió a 1 millón 206 mil pesos, cifra cinco veces mayor que la que le correspondía.

De hecho, la donación a la que se refirió en San Lázaro, ya la había difundido. Lo hizo dos días antes de la Nochebuena de 2106, tres meses después de que Proceso diera a conocer el bono de marcha con el que se había autodespedido de la CFE.

En los tiempos de la Cuarta Transformación perdura la vieja práctica priista que convierte las estructuras de programas sociales en plataformas electorales.

Así, siete de los delegados de Bienestar –también llamados “superdelegados”– ya presentaron sus renuncias al presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de competir por las gubernaturas de los estados donde administraron respectivamente los programas en los últimos dos años.

Después de separarse de su cargo, Víctor Manuel Castro Cosío se alistaría como candidato para Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva buscaría el gobierno de Colima, Juan Carlos Loera de la Rosa se presentaría en Chihuahua, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros pelearía por Guerrero, Lorena Cuéllar Cisneros se lanzaría en Tlaxcala y Manuel Peraza Segovia buscaría el poder en Nayarit.

Aparte, Hugo Éric Flores Cervantes, el fundador del Partido Encuentro Social (PES), renunció a su cargo de superdelegado en Morelos para presidir su organización política –que acaba de recibir su registro como partido, con todo y una bolsa de recursos públicos de más de 169 millones de pesos para 2021–, y el superdelegado Roberto Pantoja Arzola expresó su deseo de ser gobernador de Michoacán, aunque hasta el momento permanece en su puesto.

Con el precedente de Jaime Bonilla Valdez –quien fue superdelegado en Baja California y posteriormente ganó la gubernatura del estado bajo la bandera de Morena–, la reciente ola de renuncias confirma que la “Coordinación General de Programas para el Desarrollo”, una estructura creada en el gobierno actual y dirigida por Gabriel García Hernández, es una fábrica de candidatos.

No es sorpresa: aparte de su amistad de dos décadas con López Obrador, García Hernández es un profesional de las elecciones: fue apoderado legal de la organización Honestidad Valiente, en 2012 coordinó la campaña del tabasqueño, y antes de las elecciones de 2018 era secretario de Organización de Morena, con lo que supervisó toda la estructura del partido en vistas a los comicios.

Todos los “superdelegados” también tienen perfiles orientados al juego electoral: 21 tuvieron algún cargo de primer nivel en Morena, algunos fueron candidatos a gobernadores –como Delfina Gómez, en el Estado de México–, muchos son o fueron legisladores federales, y algunos llevan amistades añejas con López Obrador.

Aparte, López Obrador y García Hernández ofrecieron a estos “superdelegados” las herramientas necesarias para asentar su poder: unos salarios brutos mensuales de 126 mil 617 mil pesos; una imponente infraestructura física y humana –cada uno tiene bajo su mando a varios subdelegados y cientos de “servidores de la nación”–, y una fuerte exposición mediática, derivada de la operación de los programas sociales y del respaldo popular a López Obrador.

El presidente dejó claro que su interés principal en materia de política social es que los beneficiarios de los programas reciban los recursos de manera directa, es decir, a través de las llamadas “tarjetas del Bienestar” y sin intermediarios que cobren “comisiones” de por medio. Pero el mandatario no ve con malos ojos que sus representantes tengan perfiles electoralistas.

En la conferencia matutina del 3 de diciembre de 2019, por ejemplo, se le sugirió que sustituyera los delegados por “verdaderos ciudadanos que no estén metidos en la política y que no tengan claras intenciones electorales”; inmediatamente, el mandatario reviró que “la política es un oficio noble, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla si la política se entiende como el oficio que permite al ser humano servir a los demás”.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías al frente de programas sociales también sirvieron de “trampolín” electoral para una serie de funcionarios, así como de delegados estatales y locales, y el propio José Antonio Meade Kuribreña aprovechó su breve estancia en la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para impulsar su candidatura presidencial de 2018.

Desde el arranque de la administración de López Obrador hasta la fecha, el papel formal de los delegados de Bienestar ha sido ambiguo.

En julio de 2019, García Hernández y María Luisa Albores González –entonces titular de la Secretaría de Bienestar– publicaron lineamientos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que les confirieron facultades amplias y vagas, como “apoyar en el combate efectivo a la pobreza, conforme a las instrucciones que reciban de la Coordinación General y de la Secretaría”, o “atender las políticas e instrucciones de la o el Titular de la Secretaría y de la Coordinación General”.

Formalmente, los superdelegados tienen que administrar el padrón de beneficiarios, “coordinar e implementar” los programas, pero también “recibir las demandas y peticiones de la población que se relacionen con los programas”, “brindar asesoría”, y “vigilar y asegurar que los beneficios económicos y en especie (…) se entreguen de manera directa”.

Los delegados y las estructuras que encabezan responden a García Hernández, pero formalmente están adscritos a la Secretaría de Bienestar, y más particularmente a la Unidad de Delegaciones, dirigida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, también experta en la operación electoral, pues fue diputada federal y en los comicios de 2018 fue comisionada de Elecciones en Morena.

Si bien las áreas centrales de la Secretaría de Bienestar no tienen control real sobre la estructura de los delegados, López Obrador dejó a la dependencia y a su titular, Javier May Rodríguez, la gestión del programa Sembrando Vida, particularmente enfocado al sureste mexicano y dotado de un presupuesto de casi 30 mil millones de pesos este año.

May, amigo de López Obrador, es empresario ganadero y cacique político en su bastión de Comalcalco, en Tabasco. El hombre, titular de un bachillerato, es senador con licencia –fue señalado por contratar a su esposa en el recinto legislativo– y fue presidente de Morena en Tabasco; se le atribuyen ambiciones de ser gobernador de Tabasco en 2024.

A principios de octubre, López Obrador mandó a May a Tabasco con el pretexto de atender a las personas afectadas por las inundaciones y entregarles apoyos federales de 10 mil 500 pesos, lo que partidos de oposición local, como el PRI, señalaron como una maniobra en vistas a 2024. El propio gobernador, Adán Augusto López Hernández, lo cubrió de elogios, y en entrevista con el medio local Telereportaje, May no descartó una futura candidatura. “Vamos a ver, pero falta mucho tiempo”, dijo.

Sea como sea, May tiene bajo control a los principales puestos de las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, excepto la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, dirigida por Ariadna Montiel Reyes. May entregó, por ejemplo, cargos clave a cuatro de sus socios en empresas –La Melcocha y Agroproductos El Tintal–, que ya habían trabajado para él en la Presidencia Municipal de Comalcalco.

Más allá de los funcionarios en las oficinas centrales, May dirige a los delegados de Sembrando Vida en los estados. Si bien varios de ellos tienen perfiles más técnicos y menos políticos que los “superdelegados”, algunos destacan por sus perfiles atípicos, como Dalila Rosas Medel, delegada en Palenque, Chiapas, quien es suplente de la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente López Obrador. 

El presupuesto es una pócima de la verdad para el discurso político. Esos números desmienten o confirman fríamente las intenciones del gobernante.

Recién se aprobó el dictamen para el presupuesto de 2021. La mayoría con que cuenta el presidente en la Cámara de Diputados logró que prácticamente no se moviera nada del proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda a las y los legisladores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es muy elocuente con las palabras, respecto a las causas que apoya y también a propósito de las políticas que desestima. En está ocasión ha sido igual de enfático con las comas y los acentos del gasto público.

A la luz de la deprimida circunstancia sanitaria y económica por la que atraviesa el país, el análisis del presupuesto es políticamente relevante porque exhibe sin ropaje las prioridades presidenciales y aún más nítidamente los rubros que no le son relevantes.

La actual coyuntura ameritó colocar, en primerísimo lugar, a la política sanitaria dispuesta para vencer a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, a pesar de que en el corazón de esa tarea se halla, obviamente, la adquisición masiva de la vacuna contra el covid-19, el presupuesto fue omiso en este rubro preciso.

Resulta, por tanto, paradójico que no haya una sola letra dedicada en el presupuesto de 2021 para la compra del antiviral más preciado en el mundo.

El presupuesto destinado a la compra de vacunas es exactamente el mismo que el del año previo: poco más de 2 mil millones de pesos. No contempla la inversión suplementaria que debería hacerse el año próximo para proteger a la población frente al coronavirus. Debió hacerse una previsión de alrededor de 36 mil millones de pesos que no aparece en el dictamen aprobado.

Viene de la mano de la crisis sanitaria una depresión económica cuya dimensión aún se desconoce, aunque los pronósticos rondan entre 6% y 10% de pérdidas relativas al Producto Interno Bruto.

A este respecto el Gobierno Federal tomó la decisión de dejar que sean las unidades económicas afectadas quienes mueran o sobrevivan por sus propios medios. En este tema el presidente ha sido explícito al afirmar que no tomará dinero del contribuyente para salvar al sector privado, y lo está cumpliendo.

Por ejemplo, la reducción del presupuesto que antes dedicaba la Federación al turismo en 2021 rondará 40%, si se considera como año de referencia el 2018. La actual administración ha sido clara al afirmar que no le gustan los programas de desarrollo ni de promoción turística. Ahora lo confirma.

No cambiaron las valoraciones sobre el tema que tenía el presidente López Obrador antes de la pandemia. A pesar de que se trata del sector más afectado por la crisis sanitaria y que miles de trabajadores de esta industria sin chimeneas se han quedado sin empleo, el gobierno federal mantendrá para el próximo año el desinterés presupuestal que ya mostró en 2019 y 2020.

Coherente también con la política del laissez faire (dejar hacer), la administración loperzobradorista mantuvo a raya los apoyos a las pequeñas y medianas empresas, así como los programas dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías, la atracción de inversiones o la expansión de la industria exportadora.

Consecuentemente la Secretaría de Economía exhibe una caída de su gasto que oscila 40%, considerando, de nuevo, 2018 como punto de partida.

La política de fomento a las actividades agropecuarias se derrumba en esta misma proporción. De acuerdo con el presupuesto, para el año próximo no habrá recursos destinados para la banca de desarrollo, la comercialización, el aseguramiento o el pago de coberturas. A pesar de la relevancia que en el discurso lopezobradorista ha tenido la soberanía alimentaria, el campo será uno de los que más sufra el desdén presupuestal.

Un recorte que sorprende mucho es el que experimentará la Comisión Federal de Electricidad. Para el año próximo se pretende reducir 17% los recursos asignados para el mantenimiento de las centrales eléctricas del país. Se previó también un corte de 15% en la inversión para mantener las redes de transmisión.

El tema es delicado porque entre 2019 y 2020 se practicó una sustracción de magnitud similar, por lo que la disminución presupuestal en ambos rubros, entre 2018 y 2021, sumaría en realidad 33%.

Algo similar está ocurriendo con Pemex. A pesar de ser una dependencia muy importante para la política presidencial, desde el arranque de la actual administración se han realizado recortes en 36% sobre el gasto destinado a mantener la infraestructura petrolera del país. También se redujeron 40% los recursos necesarios para la distribución de los hidrocarburos.

Para el próximo año igualmente sufrirán el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, así como la Fiscalía General de la República. La propuesta de presupuesto plantea una caída de mil 130 millones para la operación de los juzgados y la judicatura, así como de 870 millones para el INE, justo en 2021 que es año electoral

Otro gasto disminuido es el que la Federación aportaba antes para promover la equidad de género. Desde 2018 a la fecha ha habido un recorte de 16% en los programas de atención al cáncer de mama, de 43% para las estancias infantiles y de 15% para las acciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

Perderá también capacidad de gasto la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual acumulará, entre 2018 y 2021, 45% de reducción en los recursos del programa de servicios y protección consular que atiende a las y los mexicanos que viven en el extranjero.

Por último, vale mencionar un desafecto que no sólo es discursivo sino también presupuestal hacia las entidades federativas y los municipios. Para 2021 el gobierno federal decidió no asignar fondos para financiar los convenios de coinversión con los estados que antes favorecían acciones deportivas y culturales, o que permitían la realización de obras de infraestructura, agua potable, drenaje o apoyo al desarrollo rural.

Para 2021 también se reducirá al mínimo la inversión que antes asignaba el gobierno federal para la construcción y el mantenimiento de carreteras y caminos rurales.

A estos recortes se suma la desaparición de los fondos que solían utilizarse para financiar la capacitación de las fuerzas del orden local, así como la adquisición de equipo y armamento policial.

Dada la crisis económica, era de esperarse que el Gobierno Federal tuviese que dejar fuera de su presupuesto temas sensibles para la población. Con todo, las prioridades y las decisiones desnudan la verdad detrás de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.   

En respuesta al incremento de contagios de Covid-19 en la capital del país, la arquidiócesis primada de México pidió a sus sacerdotes “reforzar” las medidas sanitarias dentro de los templos.

Por ejemplo, propuso reducir la cantidad de feligreses en las eucaristías, disminuir las celebraciones religiosas y realizar misas virtuales en las “colonias de máximo riesgo”.

“Ante el momento que vivimos, quiero reforzar el llamado a todos los fieles cristianos, laicos, miembros de la vida consagrada y al presbiterio de la arquidiócesis primada de México para que cuidemos al máximo la salud de todos dentro de los templos, respetando el no rebasar la cantidad máxima de fieles en las celebraciones, manteniendo las reducciones de horarios que se establecieron de acuerdo con las propias dinámicas parroquiales, y atendiendo las medidas sanitarias”, puntualizó en un comunicado el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes.

Y más: “Pido a los sacerdotes que tienen la posibilidad de trasmitir la Santa Misa de manera virtual, a priorizar esta manera de acompañar a su comunidad”.

El religioso indicó que algunas entidades federativas “han comenzado a regresar al semáforo epidemiológico en rojo, que contempla la restricción de ciertas actividades, entre ellas las celebraciones del culto público con presencia de fieles en las iglesias”.

Y en la Ciudad de México, dijo, se ha “dado un incremento significativo en la ocupación de camas en hospitales, lo que ha provocado específicamente la restricción de horarios en ciertas actividades, con el riesgo de que estas medidas sean cada vez más estrictas”.

En tal sentido, la arquidiócesis también debe ajustarse a estas medidas sanitarias, mediante la reducción de ceremonias en los templos o la realización de misas virtuales, abundó.

Primero fueron los gritos de júbilo; luego los sonidos de los cláxones, pero el clímax llegó con el golpeteo de cacerolas desde las ventanas y el tañer de campanas en las calles de Washington DC. La fiesta se desató de manera súbita, en pocos minutos.

Eran las 11:30 de la mañana del sábado 7. Los principales medios de comunicación acababan de anunciar el triunfo de Joe Biden en la contienda presidencial. Miles de personas de la ciudad que lo votó en un 93% convergían hacia la Casa Blanca para celebrarlo. Una hora antes el presidente Donald Trump había reiterado su victoria “por mucho”.

Después del mediodía llegó la reacción del Comité Senatorial Republicano Nacional: “El Senado es la última línea de defensa”, decía su mensaje en la red social Twitter, llamando a mantener la actual mayoría del partido en la cámara alta, todavía por definirse.

La geografía de ese nuevo frente electoral podía atisbarse en la solapa de algunos empleados demócratas en pleno festejo: una estampa con un melocotón, símbolo de Georgia, el estado sureño, la batalla que viene por el poder legislativo.

Las maquinarias de ambos partidos ya se enfocan en lo que podría definir el éxito o fracaso del siguiente mandatario: en Georgia quedan por decidirse dos puestos al Senado, en una cámara controlada por los republicanos con una tenue mayoría de 50 senadores, contra 48 de los demócratas.

Dos victorias demócratas forzarían un empate. El voto definitivo para el desempate recae en el puesto de vicepresidente que detentará Kamala Harris, una vez ratificada la victoria. La ventaja le permitiría al nuevo presidente cumplir con su agenda y elegir a su gabinete sin obstáculos. De ganar el partido republicano, su líder en el Senado, Mitch McConnell, retendría el poder que hizo posible varias de las principales victorias de Trump. Tendría la capacidad de constreñir las políticas y las nominaciones de Biden, así como lo hizo durante el segundo mandato de Barack Obama.

El día de las elecciones, el balance de poder era de 53 senadores contra 47, a favor de los republicanos.

El voto fue mucho más reñido de lo esperado. Ahí donde Trump ganó, también ganó su partido. Los demócratas sumaron dos victorias clave: un puesto en Colorado y otro en Arizona, el que ocupaba el difunto senador republicano John McCain, uno de los escasos críticos del presidente. La excepción fue el estado de Maine donde, pese un voto contrario a Trump, se sostuvo la republicana moderada Susan Collins. También hubo una derrota demócrata, predecible, en Alabama.

Y luego vino Georgia.

El retiro del senador republicano Johnny Isakson el año pasado forzó una “elección especial” adicional a la ya programada, que hizo que por primera vez estuvieran en contienda los dos puestos senatoriales del estado el mismo año.

En la elección presidencial, una ventaja mínima a favor de Biden provocó que se dictara un recuento de los votos, que sigue en curso. Algo parecido ocurrió en las dos campañas del Senado: en la contienda prevista para este año el actual senador republicano David Purdue aventajó a su contrincante demócrata, Jon Ossof, por 49.7% contra 48%. La legislación del estado dicta que toda victoria por menos de 50% del voto exige una repetición de la elección, entre los dos candidatos con más escrutinios.

En la “elección especial” ocurrió algo inaudito: se presentaron dos candidatos republicanos y el voto por su partido quedó dividido. La actual interina republicana, Kelly Loeffler, quedó con 25.9%, contra 19.9% de Doug Collins, el preferido de Trump. Esto permitió que el candidato demócrata, el reverendo Raphael Warnock, encabezara la contienda con 32.9% del voto. De nuevo, el margen inferior a la mitad de los sufragios forzó a una segunda votación, ahora entre Loeffler y Warnock.

Un proceso electoral complicado por la pandemia, definido por la polarización y prolongado por la polémica, se extenderá por siete semanas más.

Un solo estado del sur, de 5 millones de habitantes, determinará el futuro del Congreso: Georgia, que no había votado por un presidente demócrata desde 1992 y por un senador de ese partido desde el 2000, toma un rol de parteaguas que hasta hace algunos años pocos le hubieran augurado.

“Creo que con estas dos elecciones la historia está en marcha en Georgia”, declaró el candidato demócrata Jon Ossof el viernes 6 a la cadena CNN. Delineó los factores que han convertido un estado tradicionalmente republicano en una moneda al aire: “estamos construyendo una coalición multigeneracional y multirracial en este estado, basándonos en el trabajo realizado en los últimos 10 años por Stacey Abrams y otros, para registrar y organizar a los votantes”.

El nombre de Stacey Abrams, abogada graduada de Yale y autora de novelas románticas (bajo el pseudónimo de Selena Montgomery), es el primero que muchos analistas mencionan para explicar el crecimiento del voto demócrata. Se le designa como el factor que en pocos años convirtió un cambio demográfico a lo largo del estado en un potencial cambio político.

Una derrota de Abrams, en 2018, alertó al país de que Georgia estaba cambiando. Como la primera candidata afroamericana a gobernadora del estado, ese año Abrams movilizó un electorado ausente de contiendas anteriores, y en una elección polémica quedó a tan sólo 55 mil votos del republicano Brian Kemp. Su rival fungía como secretario de Estado y era, por ende, el encargado de organizar una elección en la cual él mismo competía. Los esfuerzos de Abrams desde entonces por registrar votantes y aumentar la base demócrata han sido señalados como una de las claves de la ventaja de Biden en el estado.

Pese a ello, los republicanos siguen teniendo la ventaja en ambas contiendas. A diferencia de lo ocurrido en la reñida elección presidencial, sus candidatos tuvieron una mayor proporción del voto.

“El camino al socialismo no pasará por Georgia”, exclamó Loeffler en un evento el miércoles 11.

Queda por ver cómo impactará en la contienda la narrativa de fraude electoral impulsada desde la Casa Blanca. La estrategia de atizar el descontento podría movilizar a los votantes republicanos en Georgia, aunque existe un riesgo: que al socavar su confianza en el voto libre y justo se socave también su deseo por retornar a las urnas en enero.

También podrían influir en las elecciones del Senado la inversión económica masiva por parte de ambos partidos y el desfile de figuras políticas que ya comenzó, al cual podrían sumarse figuras como Barack y Michelle Obama, y el propio Donald Trump. Es posible que el todavía presidente intente convertir la elección en Georgia en el último triunfo de su legado político.

La Federación Internacional de Natación (Fina) amenazó con sancionar a México si el presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, no envía una versión en inglés de su estatuto vigente y cancela las elecciones que están programadas para diciembre.

El viernes 13 (fecha del ultimátum), nada ocurrió, de acuerdo con fuentes consultadas por Proceso.

El presidente de la Fina, el uruguayo Julio Maglione, envió el miércoles 4 una carta dirigida a Todorov en la cual le recrimina que sistemáticamente se ha negado a cooperar, pues de 2013 a la fecha le ha solicitado en seis ocasiones que entregue una traducción certificada al inglés del mencionado documento.

Por el incumplimiento “de su obligación de cooperar”, la Fina lanzó dos advertencias: no reconocerá los resultados de las futuras elecciones de la FMN y si Kiril Todorov se empecina en llevar a cabo el proceso electoral, programado para el próximo 20 de diciembre, el organismo internacional “se reserva su derecho a imponer nuevas sanciones”.

De acuerdo con la Regla C 12 del estatuto de la Fina, la FMN puede ser sujeta a sanciones, como suspensiones, expulsiones y multas, entre otras, lo que afectaría directamente a los deportistas mexicanos de las disciplinas de clavados y natación artística que buscan calificar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que se realizarán en agosto de 2021.

En la Copa del Mundo de Tokyo, que tendrá lugar en abril próximo, los clavadistas mexicanos tratarán de conseguir seis plazas olímpicas en las siguientes pruebas: plataforma 10 metros individual varonil (1), plataforma 10 metros individual femenil (1), plataforma 10 metros sincronizados en ambas ramas (2), trampolín 3 metros individual varonil (1) y trampolín 3 metros individual femenil (1).

Hasta antes de que la pandemia por el Covid-19 detuviera las actividades del deporte internacional, los mexicanos ya habían logrado seis boletos olímpicos en plataforma 10 metros individual varonil (1), plataforma 10 metros individual femenil (1), trampolín 3 metros sincronizados varonil (1) y trampolín 3 metros sincronizados femenil (1), trampolín 3 metros individual varonil (1) y trampolín 3 metros individual femenil (1).

Los clavados es el deporte que más medallas olímpicas ha dado a México, con 14 (1 oro, 7 de plata y 6 de bronce). Ahora, incrementar ese legado está en riesgo si Kiril Todorov no acata las disposiciones de la Fina.

El equipo de natación artística buscará calificar a unos Juegos Olímpicos por primera vez desde Atlanta 96, en el preolímpico que se celebrará en marzo de 2021, también en la ciudad de Tokyo. Ese boleto está en riesgo por las faltas administrativas de Todorov.

De cara a las elecciones de diciembre –sobre las cuales Julio Maglione rechazó entrevistarse en agosto último con Proceso, bajo el argumento de que no deseaba interferir en ese proceso–, la Fina cuestionó a Kiril Todorov por el estatuto vigente, mediante unas cartas que le envió los días 2, 3, 15 y 24 de septiembre de 2020.

Todorov contestó por escrito el 21 de octubre último y el martes 3 con negativas a las solicitudes de la Fina, por ello Maglione lo acusó el miércoles 4 de “incumplimiento de la obligación de cooperar y no aprobación previa solicitada por la FMN”.

De conformidad con la Regla C 7.4 de la Fina, “los miembros deben solicitar aprobación para cualquier cambio de estatutos antes de que éstos entren en vigor, y no al revés. En el presente caso, la FMN ha tenido suficiente tiempo –dos meses– para aportar pruebas de que su estatuto de 2014 fue aprobado por la Fina antes de que entrara en vigor y para proporcionar una traducción certificada al inglés del estatuto vigente.

“No obstante, la FMN no cumplió con tales solicitudes pese a los recordatorios y plazos fijados por la Fina. En consecuencia, la FMN ha incumplido su obligación de cooperar”, se lee en el documento del cual Proceso posee copia.

La Fina también informó a Kiril Todorov que incumple con otras cuatro reglas: la C 8.2.2 (actuar de acuerdo con las decisiones del Congreso y del Comité Ejecutivo de la Fina, así como con apego a las reglas), la C 8.2.3 (pagar la cuota de membresía anual establecida de conformidad con la Regla C 11 y cumplir con otras obligaciones financieras), la C 8.2.5 (insertar en su estatuto, reglas y reglamentos las disposiciones requeridas de acuerdo con la reglamentación de la Fina) y la C 8.2.6 (gestionar sus asuntos de forma independiente y no ser influido por terceros).

Para la Fina, el hecho de que durante seis años Kiril Todorov no haya proporcionado una versión en inglés de su estatuto es el elemento que demuestra “que la FMN no solicitó al Comité Ejecutivo la aprobación previa de su estatuto”.

Acerca del cambio en el estatuto, y específicamente sobre el contenido discriminatorio del artículo 81, el Comité Ejecutivo de la Fina le pidió el 12 de octubre pasado al Comité Jurídico que se pronunciara acerca de si cumple o no con las reglas de la Fina.

“El 27 de octubre de 2020, el Comité Jurídico indicó que los términos del artículo 81 de la FMN ciertamente no son compatibles con las buenas prácticas de gobernanza. Por lo tanto, el Comité Jurídico consideró que: ‘El Comité Ejecutivo de la Fina seguramente no habría aprobado ninguna de esas disposiciones si la FMN hubiera presentado sus enmiendas al estatuto para su aprobación, según lo exigido por las reglas’”, le escribió Julio Maglione a Kiril Todorov.

Esto significa que, como la federación internacional no avala el estatuto aprobado en 2014, el artículo 81 quedará invalidado y se abre la posibilidad a que Fernando Platas y Felipe Muñoz, entre otros, se presenten como candidatos a la presidencia de la federación mexicana.

Este conflicto se suma a la larga lista de problemas que arrastra Kiril Todorov, entre ellos la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) por probable enriquecimiento ilícito y que, de acuerdo con fuentes consultadas, se presentará en breve ante un juez durante una audiencia de vinculación a proceso.

Pensar en los fundadores de la antropología moderna en México obliga a remitirse a una enorme lista de nombres que van desde Miguel Othón de Mendizábal, Manuel Gamio, Luis Castillo Ledón o Daniel Rubín de la Borbolla, hasta las aportaciones de estudiosos extranjeros, como Paul Rivet, Jacques Soustelle, Paul Kirchhoff o Johanna Faulhaber.

Los orígenes de esta noble disciplina –que ha contribuido al estudio de las poblaciones, su historia, culturas y lenguas, así como de sus problemas económicos, sociales, de educación y salud–, se remontan más atrás de la fundación del emblemático Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Están, y poco se sabe, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en cuya Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) se creó en 1939 el Departamento de Antropología y la carrera correspondiente.

Con el propósito de difundir esta historia y hacer un reconocimiento a quienes han contribuido a la formación académica de diversas generaciones, el etnólogo y maestro en antropología social Leonel Durán creó el seminario Fundadores de la Antropología Mexicana en el Siglo XX, junto con sus colegas del INAH, Yólotl González Torres, profesora emérita; Carlos Navarrete, investigador también de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Elsa Hernández Pons, de la Coordinación de Monumentos Históricos; y Lina Odena Güemes, profesora de la Escuela Nacional de Antropología (ENAH).

Apoyado por el INAH, la ENAH y la revista Arqueología Mexicana de Editorial Raíces –que dirige Enrique Vela–, el proyecto lleva a cabo investigaciones sobre “los personajes que hicieron posible la antropología mexicana, poniendo el acento en sus valores humanos, en relación con el mundo que les tocó vivir”. Como parte de este propósito, organiza de manera mensual un conversatorio entre diversos especialistas e investigadores, que se transmite en vivo por la plataforma YouTube en el canal Fundadores Antropología Mexicana.

Al hablar de cómo surgió el seminario, Durán, egresado de la ENAH y con estudios de posgrado en instituciones como la École Pratique des Hautes Études, Institut d’Études du Développement Économique et Social, Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine y Laboratoire de Sociologie Industrielle, en París, Francia, y quien ha ocupado a lo largo de su trayectoria diversos cargos públicos, sopesa el desarrollo que a partir del avance de las ciencias antropológicas ha tenido el INAH.

Al hablar de cómo surge este proyecto de difusión, el antropólogo rememora que el INAH –instituido en 1939, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas– gozó de un interés a nivel presidencial que se fue perdiendo desde el régimen posterior, no obstante que sus responsabilidades y labores permitirían hoy convertirlo en una secretaría de Estado.

Exdirector general de Culturas Populares, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), exsubsecretario de Estado para la Cultura (el cargo más alto en el sector en su momento) en la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el gobierno de Miguel de la Madrid, aborda también el problema presupuestal al cual se enfrentará el instituto en 2021 y sus impactos en la formación académica de las nuevas generaciones.

La historia de la antropología moderna en México inicia con los maestros fundadores del Departamento de Antropología en la ENCB del IPN, en la administración de Cárdenas: “Él, como sabemos, logra en su gobierno muchas transformaciones, entre ellas la creación del Politécnico Nacional, que tiene una historia muy interesante, en cómo logró concebirse, construirse, no de manera improvisada, sino con muchas gentes trabajando en ese propósito”.

La iniciativa de crear la ENCB –sigue el profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH– provino “en buena manera de la Universidad Obrera, con Vicente Lombardo Toledano”. Ahí se realizaba trabajo en áreas de microbiología, biología y botánica, y formaba parte de la institución el antropólogo Miguel Othón de Mendizábal, quien influyó en el proyecto del Politécnico.

Se convocó para ello a un grupo de entre 13 y 16 personas de diversas instituciones, como consejeros y para el desarrollo de iniciativas; en él se encontraba “nada menos que el antropólogo Manuel Gamio, con una trayectoria tan importante en la historia de la antropología, si recordamos que en los años veinte del siglo pasado encabeza un proyecto muy importante dentro de la Secretaría de Agricultura, que fue el Departamento de Antropología: “Ahí se inician una serie de estudios de enfoque regional con un carácter integral, la iniciativa de dividir al país en ocho regiones. Una de ellas es precisamente el estudio integral del Valle de Teotihuacán, un antecedente muy importante pues trabaja no solamente para una visión integral, sino también para desprender de ello las acciones que se llevaron a cabo en ese valle, que no solamente fue la investigación en arqueología, sino en diversos órdenes, historia de la naturaleza y otras ramas”.

La antropología comienza entonces a abrirse espacios de participación con la población regional en temas de educación, salud, iniciativas de colaboración en el trabajo. Gamio, quien fue subsecretario de Educación en la época de Plutarco Elías Calles y sale “por temas que serían una larga historia” (según Wikipedia, renunció tras detectar prácticas corruptas dentro de la institución), participa en la propuesta de crear los estudios formales académicos en antropología en la ENCB, que funcionan de 1938 a 1942.

“Cuando uno se acerca a la información documental y no suficiente por razones obvias en su tiempo, se encuentra un planteamiento extraordinario. Consiste en la existencia de un responsable, como en los otros departamentos académicos, que fue el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, pero además con un grupo de consejeros, y es aquí donde pueden iniciarse las sorpresas para los que hemos vivido el mundo de la antropología contemporánea y nos interesan sus orígenes”.

Al cierre de esta edición el presupuesto federal para 2021 aún se discutía en la Cámara de Diputados, donde se descartó la propuesta de una reasignación (a partir de una disminución al Proyecto Chapultepec) para el Sector Cultura surgida de mesas de trabajo entre integrantes del INAH, la ENAH, el Instituto Nacional de Bellas Artes, Radio Educación y la Dirección General de Culturas Populares de la SC, con la Comisión de Cultura y Cinematografía de dicha Cámara.

Por ello se le plantea a Durán que si desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho se inició la falta de apoyo al INAH, puede hablarse –como ha dicho su colega Paul Hersch– de una pauperización transexenal. Considera que tendría que contar con más elementos para decirlo, pero concuerda en que hay un consenso general de recortar más los recursos al instituto.

Considera, sobre todo, de suma importancia que el instituto pueda tener la capacidad propia de formar nuevos cuadros entre los jóvenes, tanto para su propio desarrollo profesional como individuos y como institución, lo cual sin presupuestos es imposible. Eso ha impedido el relevo generacional, necesario en todas las instituciones: “Eso es muy preocupante, porque si no existe ese renuevo necesario, va a afectar el futuro del patrimonio. Debe darse para que conservar, salvaguardar y cuidar el patrimonio cultural en sus diferentes campos siga siendo, como fue en su origen, una política del Estado mexicano”.

Detener la 35 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), programada del 20 al 27 de marzo pasado, por el Covid-19, “fue muy complicado y sí tuvimos pérdidas económicas”, señala su directora general, Estrella Araiza Briseño.

Jalisco se encuentra en semáforo naranja y el festival se reprogramó del 20 al 27 de este mes de manera física y virtual. La cinematografía invitada será la de Perú, por lo cual el realizador Francisco Lombardi (Tacna, 1949) recibirá físicamente el homenaje iberoamericano de este año. Igual se reconocerán las carreras del compositor australiano Tim Davies (Brisbane, 1972) y de la directora jalisciense Patricia Riggen (Guadalajara, 1970), quien opina para Proceso vía correo electrónico ante la emergencia sanitaria: “El ser humano es un animal que se adapta a su circunstancia y vamos a tener que aprender a vivir con el Covid, pero obviamente cuidándonos. En producción será lo mismo, debemos aprender a filmar bajo esta nueva circunstancia. Sin duda va a costar más dinero y tiempo, así que los estudios tendrán que ser menos ambiciosos, y los cineastas independientes más creativos”.

Realizadora de La misma luna, Los 33 y Miracles From Heaven, se enfoca en las salas de cine: “Va a tomar tiempo la recuperación como todo lo demás en nuestra economía; pero ir al cine es una clase de diversión y entretenimiento que no será nunca sustituida por la experiencia de ver cine en casa. Por fortuna, en este momento tenemos todas esas plataformas digitales, mientras pasa la pandemia”.

Asimismo, el evento efectuará tributos póstumos al primer actor Héctor Suárez, al cineasta Jaime Humberto Hermosillo y al director de programación del FICG, Gerardo Salcedo Romero, fallecidos este año.

Para Raúl Padilla López, presidente del patronato, el 2020 ha significado casi como hacer dos festivales, “el que se realizaría en marzo llevaba un adelanto de inversión de 70%, y al posponerlo para noviembre se gastó más”. Reconoce que Estrella Araiza realizó un gran esfuerzo con el presupuesto de alrededor de los 50 millones de pesos que se gastan anualmente.

Nacida en 1981, la directora tapatía platica por teléfono a Proceso: “Fue muy complicado aplazar el festival, pero al final nuestra prioridad es la salud de todos. Se perdieron muchas cosas que nosotros ya teníamos como muy planteadas. Ahora que lo estamos retomando, hay muchas personas a las que les da miedo viajar y es entendible”.

–¿Se planeó en algún momento ya no realizarlo en este 2020?

–Sí, por supuesto se contempló. Era muy importante primero conocer bien las opiniones con diferentes epidemiólogos para que nos explicaran cuáles eran las posibilidades de contagio o qué riesgos corríamos si lo hacíamos, y a partir de eso organizarlo bien.

Cuenta que se desarrolló una plataforma digital donde se podrá vivir el FICG en un andador cultural moldeado en tercera dimensión, a fin de disfrutar conferencias magistrales y proyecciones especiales (udg3d.com). A la vez, Filmin Latino (www.filminlatino.mx), del Instituto Mexicano de Cinematografía, se sumó para que desde cualquier país se pueda seguir la 35 edición. Y se asoció el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, “porque aún hay personas que no cuentan con internet”, subraya Araiza Briseño.

La titular del encuentro estudió comunicación en el Tecnológico de Monterrey de Guadalajara. En 2012 fundó su propia compañía de distribución y ventas llamada Vendo Cine. Antes de ser la responsable del evento estuvo encargada del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en Los Ángeles, así como de las áreas de industria y mercado del propio FICG.

Comunica que el festival en esta ocasión organiza su mercado fílmico e industrial virtualmente. Y como al mismo tiempo ese mercado estará abierto al público de manera gratuita en las plataformas mencionadas –lo cual no es usual–, plantea una complicación para convocar a los profesionales, cuyas operaciones se efectúan a puerta cerrada. Para los intercambios de adquisición, informa, intervendrán unas 240 personas de industria, y aclara que en esta nueva modalidad no es necesario que la gente pague para conocer la oferta del mercado.

–¿Hay esperanza de que se vendan películas para distribuir y exhibir?

–Es muy difícil. De hecho han estado cambiando muchísimo los esquemas de las ventas. A partir de la pandemia hay muchísima más gente que adquiere los derechos para internet y obviamente las salas se han quedado rezagadas. Se podrán vender para las plataformas, porque muchas se han quedado sin contenido por dos cosas: primero dejaron de producir y, con el confinamiento, no pudieron comprar porque no se pudieron mover.

Pierre Emile Vandoorne Romero, director del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura del país sudamericano, expresa vía correo electrónico desde Lima que ser el invitado al FICG “es un gran honor para Perú y permite darle visibilidad a la diversidad del cine nacional, cuya producción ha crecido de forma sostenida desde hace una década.

“En Perú sentimos mucha afinidad con México, por la similitud de algunos de nuestros procesos históricos y culturales, por eso presentar nuestra cinematografía y nuestra cultura en el FICG es una oportunidad para que nos conozcan un poco más en México y nos reconozcamos como hermanos y hermanas”.