Stars, in your multitudes
scarce to be counted, filling the darkness
With order and light.
You are the sentinels, silent and sure
Keeping watch in the night
Stars – Les Misérables
Las propuestas que integraron el dictamen de Ley de Seguridad Interior llevan meses en el ojo público. Salvo en ciertos círculos especializados, no se había sabido popularmente -de bien a bien- qué contenía el dictamen final salido de la Cámara de Diputados. Se conocían, sí, aspectos de las iniciativas de las distintas fuerzas políticas; sin embargo, con la aprobación del dictamen en la cámara baja, y su posterior turno al Senado de la República, que ya se analiza en las comisiones de Marina, Defensa Nacional, Gobernación, Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales del Senado, se espera que antes de que termine el año se turne al pleno del Senado para su discusión y aprobación. Aquí, en este enlace, puede consultar el proyecto de ley turnado al Senado: https://goo.gl/RoKnCg
No es un debate menor. Por cómo está construida la propuesta, hay varios focos de atención que pueden producir una ley mal hecha, en detrimento del combate al crimen, de los derechos humanos, y de la situación particular de las fuerzas armadas del país, arrojadas a pelear contra delincuentes desde hace ya dos sexenios, con resultados muy cuestionables. Esta iniciativa integra las propuestas de las distintas fuerzas políticas y observa las anotaciones de distintos grupos que colaboraron en el análisis.
A pesar de que denota un esfuerzo amplio, aún hay eslabones delgados por los que podría romper la cadena; el primero, la legitimidad en su aprobación por los diputados: se aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, de un total de 500 legisladores. En su aprobación, se impuso el PRI, con 183 votos; 35 del PVEM; luego siguió el PAN, con 14 votos; 2 del PRD; 4 del PES; y finalmente un voto de un diputado sin partido. Las 48 abstenciones fueron de diputados panistas. Además de los costes en la legitimidad, y de la evidente división al interno del PAN (recordemos que Gil Zuarth y Manuel Espino encabezaron propuestas) hay otros lados flacos en la iniciativa de ley. A continuación, enlisto los artículos que -de ser aprobados como están- pueden producir puntos de conflicto en su posterior aplicación:
Artículo 4. Fracción IV. Declaratoria de protección a la seguridad Interior: el mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas. A pesar de que el titular del Ejecutivo es el comandante supremo de las fuerzas armadas del país, se deja en sus manos demasiada discrecionalidad en el uso de la fuerza armada.
Para el uso de la fuerza armada en las tareas que contempla la ley, se necesita que el ejecutivo apruebe una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuyo mecanismo se detalla en la propia propuesta de ley; sin embargo, de acuerdo al Artículo 6. Las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas… implementarán sin necesidad de Declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, hay candados, pero están abiertos.
De acuerdo a la propuesta, se vigila la procuración de los derechos humanos, en el Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas. Los llamados “casos de perturbación grave de la paz pública” no se refieren, sin embargo, a la protesta social, de acuerdo al Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior. Pero queda la ambigüedad interpretativa “de conformidad con la CPEUM”.
Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. Esto es peligroso en hipótesis -por ejemplo- de los trabajos de investigación e inteligencia que revelen nexos de las fuerzas políticas con el crimen organizado. La discrecionalidad de mandar esta información a reserva es un retroceso.
Artículo 10. La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Una peligrosa oquedad, a todas luces. Es decir, no restringe la acción militar a las leyes de la función pública civil; finalmente, uno de los motivos por los que ha urgido discutir esta ley.
Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior. Igualmente, la ambigüedad del artículo se presta a acciones dolosas o desbrujuladas.
Artículo 12. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica. Igual que el artículo anterior, en términos de derecho, decir mucho puede ser decir nada.
Artículo 15. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año… Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones de Seguridad Interior. ¿Será que, por pretender dar certeza de la temporalidad, sin tener certeza de la efectividad de las acciones, es que -otra vez- se pone un candado, pero se deja abierto?
Artículo 18. En ningún caso, las Acciones de Seguridad interior que lleven a cabo las autoridades federales… tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno… En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública. Admitir como está este artículo, socava prácticamente la intención de todo el marco legal propuesto para esta ley.
Artículo 20. Las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate. Perogrullo ha hablado. El motivo de regular a las fuerzas armadas es que -justamente- las fuerzas federales se han mostrado o insuficientes o incapaces en el combate al crimen.
Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias… Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Es decir; sí, pero no, pero sí.
Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía. Sí, del conocimiento de los mismos ministerios públicos y policías que -en gran parte del país- están o rebasados, o coludidos. Aquí se escatima la intervención de inteligencia, y del posterior tratamiento de la información estratégica.
Ya que hablamos de inteligencia; se corrigieron versiones anteriores sobre los métodos para la obtención de información, en el Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, hay una connotación distinta si en vez de decir “cualquier método lícito”, dijera “cualquier método legal”. La venganza, por ejemplo, puede ser algo lícito, pero nunca legal.
Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley. Aquí se percibe cierto tufo de violación a la autonomía de organismos como la CNDH, el INE, las Universidades, etcétera.
Artículo 34. El incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, los dientes de la Ley de Seguridad Interior están tan chatos como el mismo Sistema Nacional Anticorrupción.
En síntesis, es una ley que dice y se desdice; que no precisa, y que deja márgenes a la ambigüedad. En una primera lectura, estos son los eslabones flacos en la cadena de la propuesta de ley, que pongo a la discusión. Sin embargo, ya otras instancias, como el Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra’ ad Al Hussein; o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado en el sentido de que este proyecto de ley carece de garantías adecuadas contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza, o que -de plano- contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos. Así mismo, no pocos actores y analistas han manifestado preocupación porque el proyecto de ley no contempla mecanismos para fortalecer a las policías o ministerios públicos; ni contiene una estrategia para la salida escalonada de la milicia en la seguridad pública. Como fuese, habrá que estar atentos a la discusión en el Senado; y una vez que ésta suceda, podremos volver a desmenuzar su contenido.
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