Rigoberto fue una víctima del “jueves negro”. No perdió la vida, pero sí tres años de ella, los cuales pasó preso en el penal de Puente Grande, acusado injustamente de participar en la balacera del 15 de febrero de 2007, que dejó como saldo cuatro policías muertos y la marca del inicio de los sucesos violentos en Aguascalientes.
Además del tiempo, alrededor de 300 mil pesos, la vida de un hijo y la tranquilidad de su familia, recuperar su libertad requirió que un juez colegiado de circuito determinara hace seis días que no hay elementos suficientes para fincarle delitos como portación ilegal de armas, narcotráfico, homicidio y otros nueve que se le imputaban por mentiras de elementos municipales.
El jueves 15 de febrero de 2007 “nosotros veníamos hacia la salida a Calvillo por una pieza, entonces pasamos por el lugar menos indicado y a la hora también menos indicada”, narra en entrevista con varios medios locales. Hasta ese día, él era chofer y llegó a Aguascalientes en compañía de su jefa, María de Jesús García, a un recoger la parte automotriz que habían encargado con dos días de anterioridad.
“Como nosotros traíamos placas de Jalisco y la camioneta que había tenido un accidente, que había volteado, también tenía placas de Jalisco (…) pues nos enredan al momento de estar buscando a alguien para inculparlo de principio”, continúa.
Elementos de la policía municipal le detuvieron, “me encañonan y cortan cartucho, como dicen; ahora ya lo sé, porque no vivía al tanto en esas cosas de delincuencia”, mientras que a su patrona sí la dejaron salir, ignorando la defensa que hacía de su empleado.
Esos policías, que un año después fueron homenajeados por su valentía, lo golpearon para que confesara, le tomaron sus datos y una “declaración”, lo subieron a una patrulla y “ya me llevaron a una delegación que no conozco el lugar porque en ese momento ya te ciegan. Me decían que me iba a pasar lo mismo que a sus compañeros porque yo había hecho eso” y pasó día y medio detenido en la ciudad.
Así, lo pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), donde un alto mando pidió que “ya no me lo golpeen tanto”; en el parte incluyeron mentiras como que lo habían detenido en otro punto, que estaba armado y que intentó darse a la fuga. Después, fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde permaneció dos días, para luego ser arraigado durante 90 más.
“Ya te tratan todo el tiempo ocultado, no sabes qué movimientos haces (…) las averiguaciones, no me toman en cuenta en muchas (…) Ya pasan esos 90 días y entre mí dije: pues a eso venimos, a que se aclararan las cosas… No, enredaron más las cosas y ya de ahí tomaron la decisión de llevarme a un penal de máxima seguridad”, Puente Grande, Jalisco; donde pasó aproximadamente dos años y ocho meses.
A pesar de todo lo vivido hasta hoy, Rigoberto se considera afortunado porque “a como ellos (los policías municipales, la PGR y la SIEDO) pasaron el caso, hubieran sido 30 años” los que tendría que haber permanecido preso.
Durante los casi tres años que pasó ahí, dice, lo más difícil era hacerse el fuerte por su familia. Cuando empezó lo que él llama “un calvario”, estaba recién casado y su esposa tuvo un aborto provocado por la tensión de la situación.
El ambiente del penal lo describe como “muy fuerte” y “un poquito más peor” para una persona inocente porque lo único que escuchas es que no vas a salir nunca –“para ellos, todos somos culpables”- y en esas situaciones, asegura, mi familia siempre estuvo a mi lado –sus padres, de escasos recursos, acudían a visitarlo periódicamente-; “(ahí) lo único que piensas es que no sufran ellos”.
“Que te pase esto y te inculpen injustamente, es muy difícil, te cambia la vida”; para sobrevivir adentro de la cárcel el único pensamiento constante tiene que ser sobresalir no demostrando la depresión, la incertidumbre, la tristeza y, en su caso, pasar casi tres años pensando que “tal vez mañana salga”.
Rigo, como lo llaman sus familiares, asegura que ahí dentro sólo aprendió qué era arraigo y términos como ese, porque procuraba hacer amistad con aquellos internos que respetaban su forma de ser; por su parte, nunca quiso preguntar qué habían hecho o por qué estaban ahí, para evitar que quisieran enseñarle a delinquir.
Al voltear hacia atrás y recordar la respuesta de las instancias de Derechos Humanos al acudir su familia por ayuda –no se puede intervenir hasta que un juez dicte sentencia-, no contempla demandar a ninguna de las autoridades que hicieron oídos sordos ante su caso.
“En su conciencia queda”, comenta; lo único que pide es “nomás que no sean tan crueles con lo que hacen (…) nada más quiero que reconozcan que hicieron algo mal”. “Yo llevaba una vida muy sana, libre, muy feliz y ya ahora sale uno un poco traumado”.
De aquí en adelante, Rigoberto Soto Zermeño sólo quiere seguir trabajando para pagar las deudas que el proceso le dejó, limpiar su nombre y recuperar su identidad, pues durante su estadía en el penal le fue retirado el derecho al voto, destruyéndose su credencial del IFE y siendo boletinado a nivel nacional.
De este modo, dice su abogado, al proceso todavía le quedan unos días o tal vez meses en lo que se envían los oficios correspondientes.
El proceso
Enrique Trujillo Hernández, abogado de Rigoberto, detalló que para declararlo libre, “fue fundamental las declaraciones de la patrona junto con dos testigos; por ahí unas cartas de recomendación que se ofrecieron dentro del plazo constitucional”. Su cliente había sido acusado de delincuencia organizada, posesión de drogas, homicidio, secuestro, portación y otros.
Coincidió al calificar como mentiras los datos que se registraron en el parte y agregó que “hubo por ahí dos policías: Guadalupe Mena y Juan Carlos, de los cuales hasta la fecha se giraron oficios para sus testimonios a nivel federal (…) y jamás aparecieron”. Uno de ellos, aseguró, fue quien firmó el parte y otro más cayó en contradicciones hasta reconocer que los hechos no habían sido conforme lo narrado.
El proceso de Rigoberto se encuentra registrado en un expediente de 12 mil fojas que integran 32 tomos y gracias al cual el tribunal dictaminó que no existen elementos suficientes para procesarlo por ninguno de los delitos que se le imputaron.