En el combate a la delincuencia organizada o común la sociedad ha quedado en una crispación permanente y con un alto grado de incredulidad. Cada vez que se detiene a un ex elemento de policía, ejército o seguridad privada, queda en la sociedad la sensación de que todo está perdido y lo único que puede hacer es pedir a Dios que no les toque ser las próximas víctimas de la delincuencia.
Analicemos qué ha pasado
En esta guerra y si avanzamos o retrocedemos
En 2000, el gobierno del Presidente Fox encontró que en los últimos tres años de gobierno del Presidente Ernesto Zedillo se comenzó a atacar al crimen organizado y los responsables en sus investigaciones encontraban que la eficacia en esta lucha se diluía, pues cada vez que se emprendía una acción de ataque a las organizaciones delictivas, éstas eran alertadas así que rara vez se detenían a delincuentes importantes o atajaban de modo eficiente cantidades de droga, armas o dinero, truncando cantidades muy pequeñas de crimen, comparado con la información que se tenía al armar los operativos contra la delincuencia.
Así, en el año 2000 se busca transformar, atribuyendo al CISEN la responsabilidad de ser un Organismo de análisis e investigación social, política, con la intención de informar al Presidente de la República de posibles conflictos. Sin embargo, la administración entrante se encontró con que su mayor esfuerzo se dirigía a investigaciones que permitieran un “control” político y social, incluso con investigaciones de la vida privada de las personas catalogadas como “riesgo”.
Pues bien, el Presidente Vicente Fox se propuso cambiar el CISEN a un Centro de Investigación que atendiera una agenda de riesgos políticos, económicos, sociales y por primera vez riesgos derivados de desastres naturales y de salud debido a la inmigración ilegal de todas partes del mundo, incluyendo países que hoy tienen todavía el flagelo de enfermedades que, en nuestro país, tienen muchos años de haber sido erradicadas. Esto con la finalidad de detectar áreas de la nación donde prevalezcan prácticas que no vayan de acuerdo con la búsqueda de una verdadera libertad y un sistema democrático en sus gobiernos de los tres niveles y porque la obligación contemporánea es el respeto a todas las corrientes de pensamiento. Así pues, el CISEN se encuentra en este proceso de cambio donde su deber es tener informado al gobierno (federal) de la situación del país en todas estas disciplinas, para que la toma de decisiones sea la correcta y a tiempo.
Cuando suceden hechos delictuosos de alto impacto muchas personas se preguntan “¿y dónde estaba el CISEN? ¿Porqué no hizo nada?”. En primer lugar el CISEN sólo analiza e informa. Entonces lo que se debe preguntar sería:” ¿El diagnóstico del CISEN previó esto?, ¿Lo detectó? El CISEN no tiene agentes policiales armados o que intervengan contra delincuentes o los aprehenda. Sólo investiga, informa y analiza los sucesos y tendencias.
Desde el año 2000, los informes de seguridad avisaban que la corrupción y la impunidad habían llegado a niveles realmente preocupantes y se buscó detener este proceso, creando el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Ejército puso en función su Universidad de Inteligencia, se buscó traer asesoría de otros países en cuanto a la formación de policías más eficientes y eficaces contra la delincuencia. Se formaron los Institutos de Seguridad Pública federales y estatales con asesoría del gobierno federal (entre ellas la de Aguascalientes con resultados sobresalientes), se entregaron recursos federales especiales contra resultados a los estados y a los municipios para su modernización y equipamiento, pidiendo que se revisaran los salarios en policías mandos, agentes de ministerios públicos y la búsqueda de la modernización del poder judicial y su profesionalización(en Aguascalientes muy exitosa a la fecha).
Se detuvieron a jefes de cárteles del crimen organizado, en otros casos se extraditaron, aparte de la destrucción de cultivos de la droga, el Ejército apoyó a las policías en operativos especiales. Se creó la Secretaría de Seguridad Pública, aunque en este caso se tuvo que recurrir al auxilio del Ejército, para que 20,000 soldados aproximadamente, le dieran cuerpo y fuerza a la Institución.
Se Fortaleció la P.G.R., y se le apoyó con más elementos a la SIEDO, y los laboratorios de la P.G.R. se modernizaron, el equipo aéreo se reforzó, se creó el Centro del Consejo de Seguridad Pública Nacional, las reuniones de Procuradores para intercambiar información.
En fin, sería muy largo enumerar las acciones llevadas a cabo en ese tiempo. Sin embargo una acción que debemos recordar fue el impulso a la Rendición de Cuentas y la Transparencia (que si bien para muchos ha sido herramienta de golpeteo político, ha valido la pena), a través de IFAI, de la Secretaría de la Contraloría Federal, de las estatales, del Órgano Superior de Fiscalización de la Federación y de las leyes que regulan éstas Instituciones. A su llegada en el 2006, el Presidente Felipe Calderón encuentra que a pesar de los esfuerzos hechos, la delincuencia no sólo seguía fortalecida sino que desgraciadamente en algunos municipios y estados, controlaba territorios y algunas campañas habían sido contaminadas con dinero del narco a cambio de corromper cuerpos de policía al grado que los honrados, los buenos policías eran los menos.
Detectando los grandes cárteles y los grupos de delincuencia dedicados al secuestro, a la extorsión, al robo de vehículos en grandes cantidades, y al trato de personas, las elecciones de 2006 habían sido muy reñidas y los movimientos postelectorales consideraban que a través de la presión social había posibilidades de debilitar al gobierno establecido y no sólo eso, sino que algunos de ellos buscaban provocar la caída del gobierno a través de presión, sobretodo en la capital. Los cárteles vieron en esto también su oportunidad, creyendo que al debilitarse el gobierno constitucional, ellos podrían ser un poder alterno y así obligar renuncias masivas en algunos municipios promoviendo en ellos a individuos afines, controlando esas regiones, llevando a cabo libremente el narcotráfico, así lograrían sus objetivos paso por el contrabando de todo tipo, proveyendo de armas a los delincuentes, formando grupos de sicarios que rivalizarían con la autoridad para imponer su dominio e institucionalizar la extorsión
Por lo que es importante que los estados y municipios del país que recurran al apoyo de empresas que vendan sistemas de video vigilancia para la seguridad pública, -de los cuales se han implementado desde hace muchos años-, sea importante resaltar que existen muchas vertientes en las cuales se debe valorar que las decisiones que se tomen, no se traduzcan en resultados de operar estos sistemas con mayores probabilidades de riesgo que de seguridad pública eficaz.
En el caso de los gobiernos que recurren a la compra de equipo y renta por parte de servicios de empresas privadas, para vigilar sectores estratégicos o de alta criminalidad, deberán solicitar los reportes o informes necesarios para generar inteligencia policíaca y traducirlo en estrategias para prevenir los delitos.
En el caso de las empresas que venden sus servicios a los gobiernos de vigilancia a través de video cámaras las 24 horas, es indispensable que los gobiernos estatales y municipales tengan la certeza de conocer cómo trabajan tales empresas, tanto en sus contratos de confidencialidad, así como en su estrategia operativa para mantener informados a los encargados de la seguridad de la situación que guarda la ciudad en tiempo real.
Unos de los grandes riesgos que corren los gobiernos al tener este tipo de estrategias de seguridad, es que alguien puede pagar para que se le esté entregando reportes a las autoridades sólo de ciertos sectores que mantengan la sensación que todo está controlado. También sería conveniente saber si los gobiernos reciben las grabaciones completas de la vigilancia realizada, así como si después de que se le retira el servicio a dicha empresa no haga mal uso de la información que haya recabado durante el tiempo que prestó sus servicios.
Analizando de manera individual esta situación, una persona que cuida un monitor solo puede atender un máximo de 4 cámaras de manera concentrada durante un lapso de 20 minutos, entonces esto quiere decir que el resto del tiempo se confunden con la recepción de tantas imágenes, y sólo en un caso especial en que haya habido una emergencia se centraría la atención en cierto monitor para analizar las imágenes.
Por lo que al implementar una estrategia de seguridad con la instalación de 2,000 cámaras, primero imaginemos el tamaño del tablero de control que tendría que tenerse, en segundo caso cuántas personas se tendría que tener contratadas, supervisadas para que estuvieran haciendo adecuadamente su trabajo, y tercero como definir esos 4 monitores principales que deberían estar supervisados por una persona altamente capacitada para mantener monitoreado la situación real de las actividades de la ciudad.
Pero lo más delicado de este tema es que los mismos gobiernos corren el riesgo de que aparte de invertir grandes cantidades de recursos para solventar una prioridad para las autoridades, que es la seguridad, corran el riesgo de que haya alguien que pueda vender dicha información a la delincuencia organizada, o que se esté monitoreando solo a ciertos sectores o personas para beneficio contrarios para lo que fue contratado los servicios. Por lo que el tema de seguridad es un asunto demasiado delicado.