Debo felicitar al reportero de La Jornada Aguascalientes, el señor Oscar Delgado, por su excelente entrevista al director del transporte del Gobierno de Aguascalientes. Gracias a su contenido, hoy puedo abordar un tema vital de la economía de Aguascalientes, y proponer que pongamos un alto al incremento de tarifas de transporte urbano, que dañan a la economía de los trabajadores y sus familias, además de que sus rutas son arcaicas. Me explico.
Yo tengo la certeza de que, en estos momentos, un incremento al transporte público, solamente irritará más a la gente, aunque por supuesto que hará más ricos a algunos concesionarios pues más de un 50 por ciento de ellos seguirán quebrados, porque la solución no consiste en incrementar precios o bajar los salarios de los choferes, sino en elevar la productividad de sus unidades utilizando la tecnología y modernizando el sistema general. Así lo dicen los estudiosos de la economía. Y por cierto que es un principio doctrinario del desarrollo de los pueblos.
Ciertamente el precio del transporte resulta muy alto para el ingreso de la fuerza laboral de Aguascalientes. Recordemos que según INEGI casi el 80 por ciento de los trabajadores no obtienen más allá de tres salarios mínimos por su trabajo. En tal razón, me parece un despropósito el razonamiento del director del transporte público. Ante tal razonamiento sería conveniente preguntar, ¿acaso en el Distrito Federal el transporte público está subsidiado? Recordemos que un pasaje en la añeja Ciudad de México cuesta tres pesos de manera general, mientras que los peseros cobran un precio relativo a los kilómetros que se recorren, pero que por mucho llegan a cobrar los seis pesos. ¿Entonces cómo le hacen las autoridades “chilangas del PRD”, para garantizar que el transporte urbano sea rentable? La respuesta es simple: incrementando el aforo en las unidades. Por esta razón, ha sido todo un éxito, en imagen y eficiencia, el proyecto del metrobús.
A mí me parece que el señor director del transporte urbano de Aguascalientes, al atreverse a declarar que la solución al transporte público urbano está en el “subsidio”, no parece tener conocimiento del tema, a menos que pretenda ocultar su fracaso en este rubro, o impulsar acuerdos tomados en lo oscurito y asestar un ataque más a la economía y dañar el bienestar de las familias de Aguascalientes.
El hecho es que los concesionarios del transporte urbano se niegan a cumplir con la ley y mantienen un funcionamiento vehículos chatarra (aclaro que hay dignas excepciones), y también lo es que un grupo reducido de ellos se niegan a modernizar el sistema de transporte en general. Me explico, los pocos beneficiados de muchos años atrás sólo buscan permanecer en el lucro individual. A lo largo de los años, algunos de los transportistas han comprometido apoyos a políticos “chatarra”, y han logrado obtener la operación de las rutas más lucrativas, dañando a la mayoría de los concesionarios que deben conformarse con operar rutas incosteables por los altos costos que les impiden siquiera recuperar los gastos de operación; y esto es ciertamente injusto.
La solución del problema es de todos conocido: y no se encuentra en el incremento de tarifas, y mucho menos en el subsidio público, sino en un mejor diseño de las rutas que permitan incrementar el aforo para hacer rentable la operación de las unidades, que tienen el deber de cubrir las necesidades de movilidad de las personas y garantizar el servicio, desde y hacia todos los centros de población, en todo el territorio municipal, aún en los más alejados.
Sumado a lo anterior, se conoce la mejor de todas las soluciones en este tema que ya se está operando en otros municipios del país: consiste en que los señores transportistas superen su “trauma” de ser “hombre-camión”, y procedan a modernizar el sistema en general. Y el gobierno es absolutamente responsable de esta modernización, los señores del transporte jamás lo harán por decisión propia, por lo tanto, el gobernador Lozano de la Torre, en un acto de justicia para los propios transportistas y en cumplimiento con la ciudadanía, debería de tomar cartas en este asunto.
Cuando el Gobierno se decida a actuar con responsabilidad para revitalizar la economía local, los concesionarios deberán dejar de ser el romántico hombre-camión y transformarse en empresarios que puedan operar con mayor eficiencia un sistema de transporte con instrumentos tecnológicos de cobro pre-pago y caja única. Es evidente que un egoísmo de unos pocos concesionarios, desalienta la rentabilidad en el transporte que consiste en garantizar un mayor aforo, supervisar la velocidad y frecuencia con la que sus unidades recorren las rutas, y en compartir un pago más igualitario para cada unidadpor cada kilómetro recorrido.
Así las cosas, independientemente de que en la ruta recorrida su aforo sea mínimo, cada concesionario obtendrá el pago justo, por kilómetro recorrido y por brindar un servicio eficiente a toda la fuerza laboral. No debemos olvidar que el objeto de la concesión de servicio público consiste en brindar movilidad de personas para apoyar el proceso productivo, no en el lucro desmedido del transportista. La productividad en Aguascalientes radica en gran parte en la operación eficiente de un transporte público urbano que debe mirarse como un detonante de la productividad, como una herramienta fundamental del proceso industrial, pues por sí mismos, los transportistas no producen nada.
Seguramente el director del Transporte Público en Aguascalientes desconoce las conclusiones obtenidas de la consulta pública realizada durante la campaña política de 2010. Pero quizás lo que sucede es mucho más que simple; algunos rijosos concesionarios creen que existe un gobierno debilitado por el resultado de las recientes elecciones y quieren operar el chantaje para acrecentar sus beneficios individuales.
El meollo del asunto es que el PRI perdió las elecciones en Aguascalientes, teniendo en sus manos el 100 por ciento del gobierno. ¿Y esto a qué obedece? La aplicación inoportuna de políticas públicas podría ser uno de los múltiples factores que contribuyeron a la derrota electoral. La tardanza en la ejecución de las obras públicas y los programas sociales del gobierno fue evidente. Ojalá que el gobernador Lozano, ordene a sus funcionarios que revisen pronto lo que la gente dijo durante su campaña de 2010, y actúe de inmediato para retomar el camino. No estaría de más que envíe a su director del Transporte a dar una vueltecita por el Distrito Federal, para que estudie a los funcionarios de Marcelo Ebrard, y analice cómo se deben aplicar las políticas públicas en materia del transporte para ganar ganarse la voluntad y el reconocimiento de la gente.
