En los últimos días hemos sido testigos de algunas acciones, tanto de miembros de la Asamblea del Distrito Federal como del Congreso del Estado de Aguascalientes, las cuales nos dejan duda de a quién responden en sus decisiones.
La Asamblea del Distrito Federal modificó el artículo 362 para que 14 personas, presuntos culpables de actos vandálicos realizados el 1 de diciembre, detenidas durante la toma de protesta del Presidente Peña Nieto, que cometieron vandalismo y alteración del orden en pandilla, castigados por la ley en base a este artículo en donde se consideran dichos actos como delitos graves. Los daños, de acuerdo a declaraciones de los afectados, sobrepasaron los mil millones de pesos, y en otros casos los particulares que sufrieron daños en sus autos, o lesiones, sin haber provocado o enfrentado a estas personas. Y no fueron pocos policías los que fueron lesionados.
Los miembros de la Asamblea del D.F., o sea los representantes populares, modificaron este artículo con la única finalidad de facilitar que los detenidos pudieran salir libres bajo fianza al tipificar estos delitos como no graves. Justificaron este proceder declarando que lo hicieron “responsablemente”. ¿Esto es ser responsable? ¿Qué le van a decir a las víctimas?
Los derechos de los ciudadanos afectados una vez más han pasado a un segundo plano, y además ahora burlados; pues si un ciudadano pacífico, de trabajo y productivo pidiera a sus “representantes” que modifiquen algún artículo de la ley que le impide desempeñarse de una manera más justa, seguramente ni le harían caso, y si no se manifiesta en la calle o hace actos vandálicos, no le escucharán. También en nuestro Estado nuestros “representantes” aumentaron el impuesto a las nóminas, impuesto que desde mi punto de vista es injusto y ha sido motivo de desvíos, y su opacidad no termina de permitir el que la sociedad conozca realmente qué han hecho con ese dinero, que tanta falta hace a la liquidez de las empresas.
Durante la administración que tuve el honor de encabezar, no pocas veces se me propuso que estableciéramos este gravamen y me negué por las siguientes razones: quienes más empleo generan son las micro, pequeñas y medianas empresas, pues las empresas de alta tecnología, en proporción a la inversión, generan una cantidad de empleos muy por debajo del que generan las pequeñas.
Siempre consideré que este impuesto es un castigo a los generadores de empleos, porque los apoyos que se dan a los empresarios nunca podrán cubrir a todos los micro, pequeños y medianos empresarios, pues los apoyos siempre serán selectivos -para unos pocos-. Los préstamos otorgados que se han conocido, se han dado inclusive a grandes empresas.
El dinero circulando en los bolsillos de los trabajadores y en la liquidez de las empresas, al reciclarse en el mercado genera más beneficio que en las arcas del gobierno que realmente le invita a la creación de más burocracia. Es más benéfico para el Estado y la Federación el incentivar el pago de los impuestos establecidos como IVA, ISR y el criticado IETU, buscando por convencimiento o por revisiones selectivas y ordenadas que se elimine la evasión y dar cuentas claras y no permitir corrupción, pues eso desanima a la sociedad a pagar los impuestos.
En Aguascalientes hubo Legisladores que se molestaron porque se señaló como “injusto” el aumento a este impuesto y criticaron a quienes lo hemos hecho. Debo decirles que el aumento fue muy superior a lo que fue la inflación de 2012 que según el Banco de México fue de 4.3 por ciento y no el 20 por ciento que aumentaron el impuesto, lo cual es inflacionario.
Una promesa de campaña, que de manera importante generó votos, fue que se eliminaría el pago de la tenencia. La realidad fue que lo disfrazaron en un “subsidio” y en pago de derechos para seguir cobrándolo y ahora que se eliminó dicho impuesto a nivel Federal no tienen manera de decir que los obligan a cobrarla, los cual se convierte en un disimulo, pues ahora cobran registro vehicular y aumentan constantemente la verificación ambiental vehicular.
Debo reconocer que cuando en 1998 recibí el Gobierno del Estado, la deuda heredada llegaba a 185 millones de pesos y en caja me dejaron 220 millones de pesos. En el 2004, cuando entregamos la administración, se dejó una deuda de 385 millones de pesos y en caja se dejaron 495 millones de pesos. Asimismo se adquirieron para el pueblo de Aguascalientes los terrenos de los ex talleres del ferrocarril, la escuela de Cristo -primera escuela pública gratuita en nuestro Estado que donó Don Francisco Rivero y Gutiérrez que indebidamente fue vendida por un Presidente municipal a un particular-, se construyeron más de 300 de kilómetros de carreteras en nuestro Estado y también se construyó y se puso en servicio el Hospital Tercer Milenio, se adquirió toda la extensión territorial de la llamada Isla Guadalupe, hoy llamada Isla san Marcos, también se construyó una avenida que ha ayudado enormidades para el tránsito vehicular y que a lo largo de ya casi 10 años no ha reportado ningún bache, pues se construyó totalmente de concreto: la avenida Gómez Morín. Y así varias obras más. Todo lo anterior siendo cuidadoso en el manejo del dinero del pueblo y sin tomar o hacer mal uso de los dineros de la población.
Hoy la pregunta es: ¿cuánto dinero debe el Pueblo de Aguascalientes sin haberlo ni pedido ni gastado? Deuda aprobada por nuestros Representantes populares.
Por último permítame desearle, estimado lector, que este año que inicia sea pleno en logros, salud y armonía familiar, para usted y los suyos. ¡Felicidades!
