Deuda subnacional es el término con el que se manejó la comparecencia en Senado de los banqueros, encabezados por su presidente ejecutivo Luis Robles Mejía, para analizar en comisiones el tema del sobreendeudamiento de Estados y Municipios (ahora deuda subnacional). Algo que resulta interesante es que por un lado los banqueros aceptan que aquellos ejecutivos de cuenta que otorguen créditos con dolo, o no verifiquen la capacidad real de pago de la entidad, sean castigados, sancionados y sean corresponsables del quebranto o suspensión de pagos de las mismas. Con lo anterior ahora estará interesante ver quién querrá ser ejecutivo de cuenta de los estados y municipios.
Con estas consultas el Senado está tratando de tener información para proponer reformas constitucionales que regulen el endeudamiento de las entidades del país, las cuales a pesar de que se dice que los endeudamientos no ponen en peligro la estabilidad financiera del país, se está buscando regular esta situación, para que no haya sorpresas como las de los últimos meses.
Sin embargo no se toma en cuenta que no hay un buró de crédito que registre de manera puntual los créditos otorgados por la banca privada y las financieras a Estados y Municipios. Tampoco el registro acumulado de aquéllos que han emitido deuda a los mercados de valores. Tampoco hay información de deuda a proveedores en tiempo real de estos deudores; nunca se reporta a un Estado o Municipio que no paga a tiempo o que definitivamente se encuentra en mora, que por lo que hasta ahora se sabe son siete Estados y aproximadamente 380 Municipios, esto de manera “oficial”.
Tampoco se ha informado de denuncias o castigos para aquéllos que se endeudaron y violaron la ley al no invertir en obra pública los empréstitos conseguidos. Tampoco se informa de la responsabilidad de los congresos locales, que en complicidad con los Ejecutivos no revisaron las cuentas públicas en tiempo y forma y mucho menos detectaron desvíos de los cabildos que hicieron lo mismo.
Tampoco se ha dicho al pueblo que quien debe es él, o sea los ciudadanos, pues los gobiernos al terminar sus periodos constitucionales le dejan el problema, o sea la deuda, al que llega y éste a su vez tiene que pedir más dinero, sólo para pagar intereses y seguir endeudándose hasta para pagar los salarios. Lo inexplicable en algunos casos son aquellas entidades y municipios que están paralizados al no tener recursos para obra pública y en algunos caso para servicios, sin embargo su nómina sigue siendo la misma (muy grande para lo que hacen) y en algunos casos dicha nómina crece a pesar de la falta de recursos económicos. Normalmente es el pago de compromisos de campaña, las famosas cuotas de poder.
Es tal el desorden en el otorgamiento de estos créditos que en muchos casos si una dependencia, como el área del sistema de aguas, pide dinero, o bien la Secretaría de Finanzas, o el Estado directamente, estos créditos se registran a nombre de cada una de las secretarías y no de manera consolidada al Estado, como sucedió en Coahuila, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, y casi todos los estados, registrándose un desorden mayúsculo.
Esta reforma constitucional deberá contemplar una institución, o área, de la Secretaría de Hacienda que controle puntualmente los créditos solicitados y acumulados, los cuales se manejen de una manera transparente, cierta y que sea dentro de la capacidad de pago del solicitante, como se hace con cualquier particular. Las sanciones deberán ser igual que las existentes para cualquier deudor, debiendo existir la responsabilidad para los que soliciten los créditos y no paguen.
Creo que la mayor preocupación de los banqueros sobre esta reforma fue el clarificar qué tratamiento se dará a la deuda actual y si seguirán gozando de primacía o bien serán subordinadas. Creo que ahí habrá sorpresas. Es innegable que en muchos Estados y Municipios están endeudados hasta la coronilla, lo peor es que para las autoridades no hay responsables o culpables.
