Después de nueve años y de varias demandas de los concesionarios contra el apagón analógico, éste llegó. La primera ciudad en América Latina fue Tijuana. Todo quedó listo y empezó, pero hubo algunas fallas, porque son procesos que difícilmente pueden salir bien al 100 por ciento en los primeros días. En este caso salió adelante el 93 por ciento y eso fue suficiente para que se diera marcha atrás. Una muy mala señal en plena época del Pacto por México, cuando está por publicarse la reforma de telecomunicaciones y en el momento en que vendrá la elaboración de leyes secundarias y la construcción de la nueva institucionalidad, el Ifetel.
Los antagonistas, el duopolio y sus aliados no se dieron por vencidos y empezaron a manipular la información para detener el apagón analógico. Las imágenes de habitantes de Tijuana que se quedaron sin señal se utilizó como nota de primera importancia. Qué lamentable, cuando no se compra el voto de los pobres, se les exhibe para sacarles ventaja.
Luego llegó el pretexto político que movió el botón: las elecciones en Baja California. Algunos partidos aprovecharon la ocasión para hacerle un favorcito a sus aliados y pidieron suspender el apagón: del organismo electoral de Baja California se pasó al IFE y luego salió el gobierno de Peña Nieto, en voz del secretario de la SCT, quien pidió a la Cofetel suspender la medida, y ahora será hasta el 18 de julio la fecha del apagón.
¿Es válido pedir que se posponga una política, cuyo planteamiento viene desde el año 2004, porque 1 por ciento del padrón electoral se quedó sin señal de televisión?
Ahora que el gobierno de Peña Nieto había decidido regular el espectro radioeléctrico, el duopolio televisivo vuelve a las andadas y con dos días de imágenes manipuladas logra salirse con la suya y retrasar el apagón analógico y la digitalización hasta que pasen las elecciones. No es la prisa, sino el hecho; es decir, se retrasa la recuperación del espectro, la devolución de los canales espejo, la entrada de nuevos jugadores, la competencia, el desarrollo tecnológico, la innovación y, por supuesto, una regulación mediática más eficiente.
Se trata de una lucha que se gana y se pierde centímetro a centímetro y lo que se logre retrasar es ganancia para las televisoras y una pérdida para el país. Una vez más los poderes fácticos le ganan una batalla a las instituciones del Estado. ¿Se puede tener un Estado eficiente, como plantea Peña Nieto, cuando a la primera presión se cede ante los poderes fácticos?
¿Se pueden recuperar las capacidades reguladoras sobre los espacios públicos cuando la corrupción sigue su marcha y la violencia no baja? El país atraviesa por graves problemas. La exhibición pública de la corrupción galopante de la clase política, sintetizada ahora en el último caso, el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, es una muestra de lo que es el asalto en despoblado. Porque no se trata de excepciones, sino de formas regulares.
Los expedientes de gobernadores abundan: Marín en Puebla, Ruiz en Oaxaca, Montiel en el Estado de México, Moreira en Coahuila, y un largo etcétera que seguirá, porque todos los filtros y aduanas de fiscalización y rendición de cuentas fallan, los estatales y los federales. El gobierno de Peña Nieto quiere una mayor recaudación fiscal, pero, ¿cómo se legitimará esa reforma con tales bolsas de corrupción de la clase política? Por otra parte, los vientos sucios de la violencia siguen soplando.
El número de muertes con violencia en los primeros meses del sexenio priísta se ubica ya en la cifra de 8 mil 49 personas. Si el gobierno pidió un año de plazo, los primeros resultados de su estrategia no dejan un horizonte de mejoría. Si multiplicamos esa cifra por lo que falta del año y luego por los seis años de esta administración, veremos que el país está muy lejos de una pacificación. Así que al cumplir los primeros seis meses del gobierno los graves problemas de captura de los poderes fácticos siguen en plena batalla; la corrupción como mal ancestral que está más allá de los colores partidistas es una avalancha sobre los tímidos esfuerzos para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y una fiscalización eficaz de los recursos públicos.
El cumplimiento de las promesas de cambio se empieza a esfumar de nuevo. Ahora que se ha terminado el bono democrático de Peña la señal de retrasar el apagón puede ser un indicador de los tiempos que vienen frente a los poderes fácticos. El problema de un gobierno que se apaga es que después será muy complicado encenderlo.
