La propuesta de constituir un Gobierno de Coalición señalado en el Compromiso 87 del “Pacto por México”, representa una solución a la gobernabilidad democrática en México. Con la implementación de esta eficaz práctica legislativa, se han superado los desencuentros que habían impedido la implementación de importantes reformas estructurales para el desarrollo de la economía de la república.
Las coyunturales coaliciones electorales, han servido para garantizar la alternancia en los gobiernos municipales, estatales y federal; sin embargo, resultan insuficientes para generar acuerdos de gran trascendencia entre las formaciones partidistas una vez que entran en funciones los gobiernos constituidos.
Yo tengo la certeza de que el Presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de no contar con una mayoría Legislativa en el Congreso de la Unión, actúa bajo un auténtico Gobierno de Coalición. A pesar de que no cuenta con una norma jurídica específica que reglamente es figura de gobierno, actúa a través de “pactos y acuerdos” y ejercita una vieja receta política de “concertación y diálogo” que no ocupa de leyes específicas que al paso del tiempo se convierten en “letra muerta”.
Recordemos que en la reforma política de 1986, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) incorporó en su artículo 54 la llamada “cláusula de gobernabilidad” que garantizaba la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión; lo mismo sucedió en los congresos locales. Esa norma fue conocida como de la “sobrerrepresentación” y hasta antes del arribo de la alternancia en los gobiernos federal y estatal, le concedía la mayoría absoluta al partido que obtuviera el 35% o más de la votación emitida y el número mayor de constancias de mayoría. Tal cláusula fue derogada con la reforma política de 1993 cuando el artículo 54 constitucional prohibió dicha sobrerrepresentación en la integración del Congreso de la Unión.
Durante el proceso de transición democrática en México, la debilidad electoral del PRI metió en graves problemas legislativos al gobierno de la república y estatales; y luego sucedió lo propio con los gobiernos del PAN y el PRD. La pluralidad política se hizo una realidad en la conformación del Congreso de la Unión en 1997; desde entonces ningún partido ha tenido mayoría legislativa.
Morales Oyarvide señala: “no se ha dudado en sospechar que la propuesta del Gobierno de Coalición sea más producto de proyectos personales que de un auténtico deseo de transformar al régimen en México”. Y ciertamente, el riesgo del fracaso de un Gobierno de Coalición, se presenta cuando se sustente en acuerdos o pactos entre individuos, y no sobre líneas programáticas, o de Gobierno, entre los partidos.
Lo triste de este tema, consiste en que la alternancia de partidos en el poder, también ha generado un gran negocio para algunos legisladores y partidos políticos, que cual satélites, giran alrededor de los partidos mayoritarios. Hoy debemos sumar a las dirigencias nacionales y burocráticas de los partidos políticos a la nefasta práctica del clientelismo electoral, antes tan extendido entre los líderes sindicales, gremiales o de colonias populares.
Para los partidos, ha resultado muy lucrativo oponerse a todo como estrategia para obtener beneficios adicionales del partido gobernante. Siendo una práctica muy antigua, la conducta clientelar de los partidos satélites se ha intensificado; sólo apoyarán los proyectos de gobierno que les dejen ganancias en el corto plazo y jamás aceptarán cargar con el costo político de sus negociaciones. Cobrarán muy caros “sus favores” al gobierno constituido pero ante la sociedad no aceptarán ser responsables del resultado catastrófico de su implementación.
He dicho que con el Presidente Peña Nieto ya funciona de facto el Gobierno de Coalición; a todas luces observamos la conducta del PRD que luego de una lucrativa negociación con la Secretaría de Hacienda decidió apoyar la reforma hacendaria y financiera, mientras que el PAN, con bombo y platillo anunciaba su rotundo rechazo a tales reformas. Unos días más tarde, fue el PAN quien hizo lo propio, y tras negociar un “lucrativo” acuerdo con las Secretarías de Gobernación y de Energía, aprobaría en el Congreso de la Unión la reforma energética y política con el rechazo rotundo del frente de partidos de izquierda encabezados por el PRD, PT, y Movimiento Ciudadano.
Aquí y en China, esas prácticas identifican al Gobierno de Coalición.
