Estamos viviendo una situación inédita en nuestro país en donde hay zonas en las que hay una ausencia de autoridad y una permisividad que raya en la desesperación.
Grupos perfectamente identificados y por lo visto entrenados para causar desorden, tomar vías de comunicación, extorsionar a particulares y al mismo gobierno, y todo esto al adueñarse de un movimiento que buscaba justicia por la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa. Hoy este movimiento es encabezado por líderes de organizaciones de violentos, que por décadas han estado buscando crear anarquía y debilitar a los tres órdenes de gobierno, hablando de tener territorios “liberados” en los cuales ellos serán el gobierno.
Esto es verdaderamente inadmisible, pues ellos en ningún momento han sufrido la pérdida de algún familiar y muchos menos han sido afectados por decisiones de las autoridades, pues la mayoría de ellos están en nóminas oficiales de alguna u otra manera, y con los bloqueos en las autopistas de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca al cobrar “cooperación” a los automovilistas, para apoyar a su movimiento -y de acuerdo con las autoridades-, esas extorsiones ya suman millones de pesos que estos delincuentes han logrado acumular para usar esos fondos para desestabilizar a esos tres estados, y sobre todo prepararse para hacer un nuevo intento de expandir su movimiento a otros estados de una manera que se antoja como un plan muy bien pre concebido y hecho por personas expertas en desestabilización.
Estos movimientos están apoyados por la desafortunada administración gubernamental de los gobernadores de esos estados, y en dos de ellos con gobernadores sin don de mando, pues las decisiones se toman desde el centro y no siempre son las adecuadas, pues la realidad es distinta a la que creen estar administrando. Uno de los retos a futuro más delicados es que de la forma en que se maneje serán los resultados, es el reto de que los grupos de violentos han acusado al Ejército Mexicano de ser el responsable de la desaparición de los normalistas, esto acompañado de acusaciones de dirigentes de ONGs afines a ellos que declararon que en crematorios de las zonas militares de esos estados se quemaron los cuerpos de los estudiantes. Ahora dicen que están vivos pero detenidos en alguna zona militar del país y que por lo tanto quieren entrar a esas instalaciones en todo el territorio nacional, algo que se antoja verdaderamente inverosímil. Creo que la intención no es buscar a las víctimas sino provocar a la milicia para que entre al juego de provocaciones con los desestabilizadores. Esto ya fue palpable en los ataques a la zona militar en Iguala, en donde inclusive lesionaron a soldados y policías sin que haya un solo detenido; han vandalizado las instalaciones lanzando vehículos que han secuestrado, en contra de los accesos, tratando quizá de que se generalice la violencia. Con el acompañamiento de organizaciones afines y de algunos miembros de las comisiones de Derechos Humanos se han dedicado a violar la ley a ciencia y paciencia de las autoridades, que al no aplicar la ley a tiempo han dado patente de impunidad a estos grupos, por lo que se creen intocables y aumentan cada día sus tropelías.
Hoy la pregunta es: ¿Cuál va a ser el límite que la autoridad piensa poner a estos desmanes?, ¿cuándo se comenzará a aplicar la ley?, ¿cuándo sabremos quién o quiénes son los que financian estos movimientos y por qué?, ¿de dónde sacan más de 200 vehículos sólo para movilizarse a Iguala, y ¿cómo le hacen para que las comisiones de Derechos Humanos les asignen elementos de 24 horas cuando un ciudadano es atropellado por alguna autoridad pasan días o meses en que sea atendido y tendrá que ir a las oficinas de dichas comisiones a poner su queja y presentar pruebas?
No es demasiado tarde para que se cumpla con el deber de aplicar la ley y que las autoridades cumplan con su juramento al tomar el cargo: “Prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la del estado y las que de ellas emanen, viendo siempre en ello por el bienestar de la población”. Se les ha olvidado que lo anterior es un juramento y una obligación.
