Algunas administraciones públicas a lo largo y ancho del país, apuestan al autoelogio y a la propaganda de sus obras como legitimación de su ejercicio en el poder. Incurren entonces, a un mayor dispendio económico suponiendo que sólo así sus comunidades les darán su aval y podrán respaldar sus propósitos, que muchas veces está ligado a la permanencia del poder.
Nada más erróneo en estos tiempos, donde gran parte de los mexicanos se enfrenta a la estrangulación de sus finanzas domésticas y lo que más le ofende es ver cómo sus gobiernos gastan con exceso en lujos que sólo representan el beneficio a la élite en el poder.
La opacidad en el gasto público no es otra cosa más que un atentado a la democracia; la estrategia para hacer fuerte a la impunidad y la alternativa de algunos integrantes de la clase política para tener vigencia más allá de los periodos de la gestión pública.
Recientemente, en el Senado de la República aprobamos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En lo personal, uno de los dos brazos necesarios para poner freno a los abusos en el gasto que realizan los gobiernos.
El otro brazo y que debe prosperar lo más pronto posible tiene que ver con prevenir y desterrar la corrupción en la administración pública.
No estamos hablando de temas de moda. Tampoco se trata de una estrategia política ante el vacío de poder que tiene en este momento el país, luego de los escándalos por todos conocidos, sobre la dudosa adquisición de las propiedades inmobiliarias de la familia presidencial y del Secretario de Hacienda.
Sin embargo, tales episodios en la historia moderna de México, sólo confirman una corrupción en el gobierno imparable y creciente.
Tan sólo el reporte del Índice de Percepción y la Corrupción Mundial dado a conocer recientemente, ubicó a México en el lugar 103 entre 175 países analizados sobre la degradación que existe en el sector público.
Y así se ha mantenido durante una década. Sin mostrar avances en la honestidad para ejercer gobiernos pero con tendencia a ir empeorando en corrupción.
Para todos, es urgente poner una barrera invencible a la discrecionalidad y la corrupción en el poder. Sin embargo, sigo insistiendo que aún y con la aprobación de leyes, no será suficiente impedir que México siga perdiendo por sus malos gobiernos.
Yo creo más en los liderazgos que se distinguen por llevar una vida basada en la honestidad. Que entienden que la rendición de cuentas es básica para la democracia y el diálogo convincente, productivo y leal.
Quien ha hecho de la traición y la mentira su modo de vida, indudablemente que ese tipo de conductas le acompañarán por siempre. Son ese tipo de comportamientos los que hoy indignan a los mexicanos de bien y desprestigian al país y sus políticos en el contexto internacional.
Señalaba líneas arriba sobre la reciente aprobación que hicimos en el Senado a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, que si bien se obliga a las entidades públicas informar abiertamente sin restricciones y con mayor oportunidad sobre el destino que hacen de los recursos, se enfoca más a los poderes Legislativo y Judicial que al Ejecutivo.
También se genera una mayor burocracia con la transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información en una entidad pública rodeada de un sistema nacional de transparencia y distintas áreas fiscalizadoras en las dependencias gubernamentales.
Qué bien que el nuevo Instituto Nacional de Transparencia vaya a atraer los casos de las entidades federativas que no atiendan debidamente al ciudadano que requiera información.
También es aceptable que se sancione a los que escondan datos. Y que se hagan públicos los casos relacionados a los atentados a los derechos humanos y los que son delitos contra la humanidad.
Confiamos que ahora sí, los institutos estatales de transparencia no serán manipulables por los gobernadores en turno.
Pero creo que necesitamos hacer énfasis en profundizar la auditoría a los sindicatos y que se observen todos sus ingresos.
Es imprescindible que todos los sujetos obligados a la transparencia rindan cuentas puntuales. No apruebo que en este nuevo ordenamiento se haya dado plazo indefinido para sumarse a tal objetivo a los distintos grupos parlamentarios legislativos. Es decir, en transparencia como en la justicia no puede haber distinciones.
Estoy convencido en la importancia de promover una cultura de la transparencia entre la población, incidiendo en nuestra niñez, para lograr que se acostumbren a la práctica y al lenguaje de la información oportuna sobre sus actividades. A la promoción de los valores que les comprometa en la construcción de una mejor nación.
La transparencia se volvió en México una exigencia y una necesidad. La sociedad demanda gobiernos eficientes y honestos.
Quien hace un buen trabajo no debe temer a mostrar a la ciudadanía los resultados en hechos y con números.
Sólo así, lograremos transitar en el camino de la confianza, de la estabilidad y sobre todo de la gobernabilidad.
