La visita e investigaciones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- , en México, ha despertado una serie de acciones y de presiones sobre un problema lacerante que vive nuestro país, pues de acuerdo a declaraciones del Relator Especial de las Naciones Unidas -ONU-, sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, en la guerra contra el narcotráfico se han cometido 70,000, de un total de homicidios intencionales de 102,696. Esto en nueve años, lo cual también es avalado por organizaciones de defensa de garantías fundamentales. Todo esto a raíz de la visita, a nuestro país, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, el cual se ha entrevistado con el presidente de la República, con los senadores y diputados, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y con la procuradora general de la República.
Dentro de la información que se ha proporcionado, hay datos verdaderamente escalofriantes, como que se han presentado ante la PGR, 4,055 denuncias por tortura. En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay reportados 25,821 casos; o sea ese mismo número de familias mutiladas, y en su mayor parte quedan desamparadas y traumadas, al desaparecer el sostén de la misma, o un hijo. Y qué decir de los periodistas asesinados, que se dice son más de 80, y 17 desaparecidos.
Ante estas situaciones, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, se ha manifestado de acuerdo a que se respeten los derechos humanos, y que la impunidad sea combatida en todo el país, pues hasta hace poco tiempo no se permitía la visita de organismos internacionales para evaluar estos hechos, invocando la “soberanía”, o bien limitando su accionar a determinadas áreas pre acordadas. Pero los hechos de los estudiantes de Ayotzinapa detonaron las acciones de protesta, y se activaron las organizaciones de respeto a los derechos humanos, y ahora es muy difícil que puedan cerrar la puerta, o bien desconocer la gravedad del asunto.
Pero estos hechos no son el problema mayor. Debemos tomar en cuenta la trata de personas, pues se confirma que nuestro país, respecto a Latinoamérica y el Caribe, tiene un problema grave y relevante, pues en la región se habla de que se ven afectadas aproximadamente 1.8 millones de personas, y según el foro de Viena, es el negocio del crimen organizado, que es el tercer lugar en sus actividades, después del narcotráfico y el contrabando de armas, pues se calcula que les produce $36,000 millones de dólares, y destruyen la vida de quienes caen en sus garras, ya sea a través de la prostitución o la explotación laboral. Y esto no puede ser posible si los delincuentes no tienen la protección de autoridades corruptas o incompetentes.
El hecho es que tímidamente el Gobierno Federal comienza a dar pasos. A dejar de rechazar estos delitos y reconocer que tenemos un problema muy grave, el cual debe ser atendido y que lo sociedad está de pie, exigiendo que se castigue la corrupción y la impunidad, y que los derechos humanos deberán, como lo dice la constitución, ser respetados ante cualquier situación. Ya el secretario de la Defensa, en una entrevista, reconoció que el hecho de que el ejército esté haciendo labor de policía, es porque las dependencias de seguridad civiles no han sido profesionalizadas y depuradas como lo marca la ley, y hay un vació en ese rubro que han tenido que llenar.
Un primer paso es que ha sido creada la fiscalía en la PGR para atender los casos de personas desaparecidas; pero creo que deberá de definirse como tratar un caso de desaparición por causas del crimen, y como el provocado por algún cuerpo de seguridad de los tres ámbitos de gobierno, pues su tratamiento deberá ser muy diferente. Y cómo será el castigo y el área judicial que se hará cargo del hecho.
Son momentos cruciales para que el respeto a los derechos humanos en nuestro país sean una realidad, y que cualquier ciudadano esté seguro de que si le son violadas sus garantías individuales, habrá castigo para los culpables.
