Quienes tenemos un contacto directo con las instituciones que tienen por espíritu fomentar la democracia en todas sus variantes (electoral, de participación ciudadana o de ejercicio de valores), andamos un camino que no tiene mucho de haberse formalizado. De la década de los noventa del siglo pasado a la fecha hemos sido testigos de notables cambios en leyes, códigos y procedimientos que han permitido una ciudadanización y posterior profesionalización efectiva de los órganos electorales, así como efectivo también resulta el sufragio.
Y sin embargo, cuando nos hemos topado (constantemente, debo admitirlo) con la apatía, en una multitud de ocasiones las razones que ha esgrimido el indiferente han tenido que ver con esos grandes problemas que nos aquejan, como pueden ser la pobreza o la injusticia.
Según el parecer colectivo, de poco o nada nos está sirviendo que el inicio del sistema, que lo es la elección de cargos públicos, se realice bajo altos estándares que no permitan la corrupción de los involucrados (y si existe, en su caso, sea reprendida legalmente), si después la consecuencia natural, identificada en los órganos de gobierno, carece de confianza pública.
Encuestas van y encuestas vienen sobre el tema, solo para mostrarnos las coincidencias entre el pensamiento de la población. Un reciente estudio de la UNAM muestra que siete de cada diez mexicanos considera que el país necesita cambios profundos o, de plano, radicales. Convencido estoy, desde mis años universitarios, de que solamente dentro del derecho se pueden materializar esos cambios sin violencia. Ahora bien, los mismos que contestan dicha encuesta dicen que les interesa poco o nada la política en una proporción de 54 por ciento. Lamentable, entonces, que la gente se encuentre dispuesta a un cambio, pero que no encuentre en la política la manera de hacerlo efectivo. Puede ser una razón que el 80 por ciento de los entrevistados considera “complicada” la política.
Como siempre nuestra tabla de salvación en estos casos es la esperanza. Ante cifras tan alarmantes, qué piensa la ciudadanía acerca de si vale o no vale la pena participar en política: contundente, casi el 72 por ciento manifiesta que sí vale la pena.
En resumidas cuentas, es el desencanto con la democracia uno de los principales problemas que ha sido identificado como el que nos aqueja. Entendemos a la democracia como el medio que nos permite la mejor forma de realizar elecciones libres y transparentes, sin embargo no hemos sido capaces de aplicar la democracia en nuestra vida cotidiana. El ciudadano participa en la elección ya como votante, ya como funcionario, pero hasta ese punto llega su participación.
¿Qué nos toca, como instituciones que fomentan la vida en democracia? A partir del presente año el Instituto Nacional Electoral, en conjunto con los treinta y dos institutos electorales locales de la república, ha diseñado la Estrategia nacional de Cultura Cívica, conocida como Enccívica, en la que se desarrollan tres aspectos centrales, a saber: la construcción de una ciudadanía que conozca, haga suyos y ejerza de manera consciente sus derechos en general, no solamente los políticos; que sea una ciudadanía informada que contribuya a la discusión pública de manera incidental; y una vez logrado lo anterior, que exija a los poderes públicos para favorecer el estado de derecho.
Esta política pública se diseñó para permitir que el ciudadano se apropie del espacio público, asimilándose como parte integrante de la sociedad y por ende de las decisiones que le afectan a sí mismo en su cotidianidad.
No hemos descubierto el hilo negro, sino sistematizado lo que se requiere para que una ciudadanía sea plena, y no solamente se llame ciudadano aquel que acude a votar: se requiere que la persona posea conocimiento verídico, información objetiva sobre lo que implica ser ciudadano, sus derechos inherentes y, con ese conocimiento, poder generar una opinión susceptible de ser difundida (e incluso sometida al debate), exteriorizada a través de la misma ciudadanía, que llegue a transformarse en una idea que genere temas de la agenda pública y que sean, inevitablemente, transformadas en políticas públicas que brinden soluciones a los problemas que aquejan al propio individuo y su comunidad.
Es por eso que la estrategia está pensada para que se involucren no solo las autoridades electorales, sino las universidades e instituciones de educación, organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, empresas y demás instituciones del Estado. Se auguran buenas cosas en el futuro. Seguramente escucharemos más de la estrategia en meses venideros, lo cual es en esencia bueno, porque no nos viene mal un poco de cultura cívica.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
