La representación ciudadana está desgastada, incluso por aquellos mismos que dicen representarnos. Si los que eligen no se sienten representados, peor es que aquellos a quienes se les ha otorgado la facultad de decidir afirmen en sus conductas que no nos representan. Para todos es evidente que el sistema político mexicano está en una profunda crisis, y aunque a veces sólo percibimos los escenarios nacionales, los escenarios locales se muestran todavía más preocupantes.
Los diputados locales de la LXIII Legislatura han dado muestra una vez más de su falta de compromiso no sólo con la ciudadanía, sino con su responsabilidad como servidores públicos al incumplir con la propia ley que ellos representan. Y es que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, “El ejercicio del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes se deposita en una Asamblea denominada Congreso del Estado, que procurará un orden público, justo y eficaz, a través de leyes y decretos en el ámbito de su competencia, conciliando y sumando los distintos intereses legítimos de la sociedad”. De esta forma la omisión expresa al lanzamiento de la convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo no es sino una muestra más de que los legisladores locales hacen caso omiso de las leyes o acuerdos que no han sido emanados de sus propios partidos, o que no son de su interés.
La pertinencia del Premio Estatal de Periodismo es esencial para la vida democrática en Aguascalientes. Los recientes hechos suscitados con las normalistas de Cañada Honda son suficientes para poner en evidencia el uso tergiversado de los hechos y de la información por parte de varios medios de comunicación, cada vez más subordinado a los intereses del Estado. Más allá de lo que representa este premio, su omisión prueba la falta de interés de los representantes ciudadanos ante el ejercicio de la libertad de expresión y la urgencia de generar espacios de reconocimiento para el periodismo, además de promover una prensa libre ante las distintas formas coercitivas del Estado. El reconocimiento de los periodistas desde el Poder Legislativo no puede asumirse como un “retroceso democrático” sino la oportunidad para que estos “representantes populares” den muestra de su carácter representativo de los intereses de los ciudadanos. Y es que el Congreso del Estado de Aguascalientes como en el resto del país, lo “integran grupos de ciudadanos, y su función primordial es representar al pueblo en las labores políticas y la elaboración de las leyes”. Entonces justo es que ejerzan esta función al ser representantes del pueblo de acuerdo al párrafo tercero de la fracción III, inciso A, del artículo 17 de la Constitución de Aguascalientes. Así, incluso podemos afirmar que la omisión del Congreso del Estado ante el Premio Estatal del Periodismo es una falta de responsabilidad para lo que fueron electos amparados en que no existe un órgano sancionador que vigile el cumplimiento de sus obligaciones: “Las obligaciones de los Diputados consisten en el ejercicio de las funciones legislativas de representación popular, fiscalización, nombramiento, presupuestal, de control, jurisdiccional, sanción y demás que establezcan las leyes; y desempeñaran sus funciones en el Pleno del Congreso del Estado, Diputación Permanente, Gran Jurado, Comisiones y Comités del Poder Legislativo”.
Por ello, más allá de las declaraciones del diputado del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Augusto López Ramírez en la justificación del incumplimiento de la ley, afirmar que los comentarios emitidos por los representantes de los medios hacia el premio “quienes le manifestaron su desacuerdo con este premio ya que una autoridad no puede reconocer la labor de un medio de comunicación, ya que o lo reconoce porque nunca lo critica o porque siempre hablan bien de determinado funcionario o poder”, habla también del olvido de los mismos medios al reconocimiento de la decisión popular en la representación que se les confiere a los diputados como representantes ciudadanos, y entonces parece que omiten cuales son las obligaciones de dichos representantes. De ahí que sigamos viviendo un congreso sumido en la absoluta somnolencia.
Y es que, incluso más preocupante que la propia declaración de López Ramírez es que emitida por el diputado Jesús Morquecho Valdez, diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura cuando afirma “desconocer a qué comisión legislativa corresponde el establecer la creación del comité organizador”, siendo que la misma Ley que crea el Premio Estatal de Periodismo del Estado de Aguascalientes estipula en su artículo 3. que “el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Aguascalientes, (…) fungirá como presidente del Comité Organizador”, ello hace evidente que el diputado desconoce no sólo cuáles son sus responsabilidades legislador sino como presidente de una comisión: “La ley establece que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones, evaluaciones y propuestas de resolución contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”. Queda más que claro que el diputado Morquecho Valdez no cumplió con su función.
El incumpliendo de las funciones legislativas de los que son nuestros representantes en el Congreso del Estado es algo que no podemos pasar por alto. Durante el siglo XX en México la cultura de la representatividad sólo era atribuida en el imaginario el Poder Ejecutivo, sin embargo, la historia y los contextos actuales nos muestran la importancia para el ejercicio democrático de las legislaturas en nuestro país. El ejercicio de la pluralidad política y de sus facultades constitucionales parece letra muerta para los legisladores locales, al menos para el representante del Verde Ecologista y del Partido Encuentro Social. Hoy es su omisión ante la Ley de Premio Estatal de Periodismo, ¿mañana cuál será?
