Cuando se ha hablado del próximo proceso electoral, inédito en Aguascalientes porque por vez primera en la historia reciente del Estado se llevarán a cabo el mismo día elecciones locales y federales, se pierde un poco la noción de la magnitud del evento que involucrará a todas las entidades del país.
Según datos de la consultoría Strategia Electoral, 3 mil 326 cargos serán renovados el primer domingo de julio en toda la república. Si lo midiéramos por la cantidad de urnas que habrá en cada casilla (y donde cada urna obviamente representa una elección) podríamos afirmar que en todos y cada uno de los estados del país habrá por lo menos las tres urnas federales: presidente, senadores y diputados. En el extremo, 9 entidades elegirán además gobernador del estado, diputados locales y ayuntamientos. En 14 se elegirán diputados locales y ayuntamiento, y en siete solo habrá una elección local ya sea de diputados o ayuntamientos. Solamente en Nayarit y Baja California no habrá elecciones locales por lo que solamente estarán en las casillas tres urnas.
Desde la perspectiva histórica se prevé una participación copiosa, no solamente porque las estadísticas de niveles de participación así nos lo indican, teniendo en consideración que la elección de presidente de la república cala hondo en el electorado y se dispara la intervención del ciudadano en las labores electorales, ya sea como funcionario de casilla o como votante, sino porque aunado a lo anterior, los electores mexicanos residentes en el extranjero podrán votar para elegir al titular del poder ejecutivo nacional y si son originarios de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas o Yucatán (algunas de estas entidades con amplia población migrante) también podrán hacerlo por gobernador de su estado.
Ante este hecho de carácter nunca antes visto en la materia electoral, es que las instituciones administrativas enfrentan, desde hace algún tiempo, el desarrollo del proceso que se realizará en condiciones de estricta colaboración entre el INE y los denominados Organismos Públicos Locales Electorales, con sus virtudes y sus defectos, con sus carencias o sus ventajas y, dada la experiencia manifiesta, cumplir el objetivo principal por el cual funciona el sistema electoral: permitir la renovación periódica de los poderes públicos de manera pacífica.
A la fecha se han alzado las primeras voces (seguramente y de manera lamentable conforme se acerque el inicio del proceso habrán de hacerlo muchas más) que abogan por eliminar la duplicidad de los organismos electorales. La Consultoría Integralia, afirma que es menester centralizar completamente el sistema electoral, y que el INE realice las elecciones federales y locales de cada una de las entidades, para asignar responsabilidades claras y reducir los costos de organizar elecciones, según su dicho. El Consejero del INE Ciro Murayama habla, por el contrario, de robustecer a los institutos locales electorales a efecto de no hacer del INE un gigante inmóvil.
Como todo en la vida, ambas posturas tienen su dosis de razón: quienes compraron la idea de que con la reforma electoral más reciente que otorga al INE 74 nuevas atribuciones, de las que destacan mayores facultades en la capacitación electoral y designación de funcionarios de casilla, la casilla única y las homologación del día, mes y año de las jornadas electorales, se iba a ver reflejado un ahorro en el costo total de las elecciones, menudo chasco se llevó al ver que la cantidad que se eroga para estos conceptos sigue siendo millonaria.
Y no es ningún secreto que a mayores atribuciones institucionales, se requiere a la par una estructura fortalecida de personas que van a llevar a cabo la operatividad de dichas nuevas facultades: fiscalización, monitoreos, vinculación interinstitucional, y demás, reflejan incluso un aumento en los presupuestos asignados. Añadido a lo anterior, en los procesos previos privó una entendible descoordinación producto de una serie de confusiones en cuanto a las atribuciones novedosas, mismas que se han ido corrigiendo también de manera natural.
Por el contrario, el argumento en pro de la vinculación habla de un fortalecimiento de los institutos locales, haciendo un parangón con el cuerpo humano: cuando uno de los miembros del sistema requiere de fortalecimiento, quizá la solución más fácil (pero no la mejor) sea la amputación. Una solución drástica no se lleva a cabo sino hasta haber concluido con todas las alternativas posibles. En este caso la amputación sería la centralización en un México que se caracteriza por ser uno y varios a la vez, tan distintos como cada entidad es un micro mundo en sí mismo y tan iguales como que nos llaman los mismos símbolos patrios.
Se habrá de realizar el mejor trabajo posible porque es la única manera en la que se puede encarar el proceso electoral más complejo de la historia. Debe privilegiarse la coordinación entre la sociedad, los institutos electorales, partidos políticos y todos los que actuamos de una u otra manera en el proceso, reconociendo en el INE la rectoría del sistema y, a la vez, la autonomía de los institutos estatales.
Pero lo más importante es reconocer que, como actividad humana, no hay proceso electoral perfecto, y no por una cuestión solamente atribuible a los organismos electorales (y no estoy tratando de curarme en salud) sino porque para la perfección habría de conjuntarse el ciudadano responsable, partidos políticos anteponiendo intereses colectivos a los intereses particulares, un gobierno eficaz y, por supuesto, organismos electorales imparciales.
¿Qué podremos hacer ante este escenario tan desolador? Finalizo con una pregunta: ¿Y si empezamos, cada quien, por hacer lo que debemos hacer?
/LanderosIEE | @LanderosIEE
