Después de dos años de implementarse el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, continúan las deficiencias que se originan sobre todo por la poca capacitación que han tenido las figuras jurídicas como son: jueces, ministerios públicos, defensores y asesores jurídicos; así como el desconocimiento de los procedimientos por parte de los policías, como primeros respondientes.
Por principio de cuentas es importante destacar la continua rotación del personal que labora en las instancias encargadas de integrar las denuncias y presentar a los posibles vinculados en hechos delictivos ante un juez. No hay seguimiento de los procesos.
A lo anterior hay que agregar los constantes casos en los que los elementos de seguridad, que a veces hasta por desconocimiento, no entregan debidamente los formatos que el ministerio público exige tras la detención de una persona.
No hay cumplimiento ni siquiera en la inmediatez en la que un individuo al que se le acusa de un delito debe ser presentado ante la autoridad en la materia para la formalización de una investigación.
Además, las carpetas de asuntos pendientes, que se supondría tendrían que desahogarse con mayor facilidad, siguen siendo interminables; casi todo el personal que ahí labora, lo hace hasta más allá de lo que sus capacidades físicas y psicológicas le permiten; no cuentan tampoco con los recursos humanos y materiales suficientes para poder ofrecer los tan esperados frutos de esta reforma.
¿Qué es lo que percibe la ciudadanía?
Simplemente no hay respuesta a los reclamos más sentidos que la sociedad exige hacia las autoridades en la materia. Hemos sido testigos de un recurrente rechazo de la gente hacia las corporaciones de seguridad y justicia, pero más allá de ello y al no ver una solución a sus problemáticas, están actuando por su cuenta.
Los vecinos se han organizado en distintas colonias para y por medio de la tecnología, detectar, reportar, presentar las denuncias y hasta detener a los delincuentes en flagrancia, incluso hemos visto como personajes conocidos por su gran cantidad de detenciones, han sido golpeados y hasta han perdido la vida en manos de civiles.
Defendiendo sus pertenencias y a los integrantes de su familia, la población ha reaccionado y actúa en consonancia con las circunstancias, tristemente son a esos ciudadanos cansados de la problemática de inseguridad, a los que sí se procesa por llevar al extremo su enojo e impotencia.
Aquellos pocos ciudadanos que afectados por la delincuencia se aventuran a presentar sus denuncias, pierden la esperanza y padecen todos esos trámites engorrosos que además de recursos les quita tiempo.
En definitiva, los esfuerzos han servido de poco y la molestia crece al incrementarse también la comisión de ilícitos, sobre todo robos a viviendas, comercios, de vehículos o asaltos a las afueras de instituciones bancarias.
Una y otra vez se ha puesto de manifiesto -incluso desde trincheras que defienden los especialistas en la materia- los pocos resultados que a la fecha se han visto en la aplicación de este sistema. En la contraparte, organismos ciudadanos han denunciado que los derechos de presunción de inocencia siguen vulnerándose; se habla además de la parcialidad con la que actúan algunos jueces en todo el país.
Si bien éste será un tema que requerirá años para su adecuada aplicación, es imperativa la capacitación de todos los involucrados, y al mismo tiempo se requerirá más voluntad política para adecuar las leyes de acuerdo a las deficiencias que este sistema consecutivamente sigue presentando.
