Mi pretensión de libertad y autonomía se ve defraudada cuando salgo a la calle. Ahí encontraré que no tengo acceso de forma plena al espacio público por mi condición femenina, y menos si le sumo una minifalda o un escote que invariablemente acrecentarán mi temor, uno que llevo como marca de nacimiento, y que me hace estar consciente de que puedo morir a manos de hombre que tenga la inmensa necesidad de sentirse poderoso. Por fortuna, el Congreso, en una pequeña dosis de progresismo, acaba de aprobar la iniciativa del acoso callejero como delito. Mientras, todos los días hay que vencer el miedo porque no se puede vivir así.
Mi misma condición hará que, por ejemplo, sea interrumpida constantemente en mis cavilaciones, que no pueda expresar mis deseos sin ser juzgada o que la gente espere de mí lo que la historia y la costumbre le dicte.
Sin embargo, pertenecer a la hegemonía me ha dado privilegios y a la par sé que mi condición sexoafectiva me hace diferente a otras personas. A mí nadie en mi casa me rechazó o despreció por ser y sentirme lo que dicen es una mujer. Nunca me han sacado de un baño público porque no combino con la figurita de la puerta ni he sentido que alguien dude de mi identidad solo por mi aspecto o mi nombre, y con esto, de mi saber o hasta de mi honorabilidad, que claro que han dudado, pero no por mi figura. No sé lo que es sentirse encerrada en un cuerpo que no considero mío, que no me combina. Comprendo que los normales (comillas infinitas), los normados, mejor dicho, debemos de abandonar los prejuicios, dejar de establecer categorías agresivas para el “otro” y rechazar los vicios y la discriminación que impera para todos, pero que nunca es de la misma forma. Lo repito, siempre a favor de la diferencia, pero nunca de la desigualdad.
Mujeres y LGBT somos tan desiguales en esta sociedad como para despertar rencores y ser víctimas de los crímenes más violentos sobre nuestros cuerpos por lo que somos o decidimos ser. Compartimos crímenes de odio junto con pobres, razas y etnias, y nos volvemos los enemigos de los Congresos y las instituciones. Nuestra lucha por los derechos humanos la han vuelto el lobby gay y feminista que tanto repudio provoca como para movilizar autobuses y personas que hacen gastos millonarios que no combaten el hambre, la corrupción o la miseria, sino la libertad de nuestras mentes y cuerpos.
Ese mismo Congreso que tipificó el acoso rechazó en su mayoría la posibilidad de discutir sobre el matrimonio igualitario, el cambio de identidad sexo-genérica y la adopción homoparental, todo en combo, cortesía del grupo parlamentario mixto PAN-PES, que no se ha cansado ni lo hará de encontrar la oportunidad de menospreciar los derechos humanos con lo que parecieran normas reguladoras de las cuestiones políticas-sexuales, como el análisis del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la interrupción del embarazo o la tipificación del feminicidio como delito autónomo.
Hace unos días, Estefanía Vela publicó un artículo brillante que, como lo titula, crea puentes entre la lucha por la igualdad de género y otros movimientos, como el de la anticorrupción. En él establece cómo la corrupción no es solo un problema de individuos, ya saben, el policía que pide mordida, el que la ofrece, sino que “tiene que ver con sistemas que permiten, solapan y hasta incentivan” esta podredumbre. Menciona lo sistemático en las fallas de las instituciones del país, como ministerios públicos, o fiscalías, quién nos recibe al poner una denuncia, cómo se evita que se filtren sus prejuicios contra la víctima, cómo se vulneran los derechos humanos de todas las personas. Yo quisiera saber qué pasará cuando, una vez que se publique la ley contra el acoso, y una persona de la comunidad LGBT, un chico trans, por ejemplo, tenga que acudir a interponer su denuncia con toda la carga y validación de la discriminación que ha mostrado el Poder Legislativo. ¿Qué torta llevará bajo el brazo la ley si no hay una cultura de denuncia ni para la víctima ni para la policía? Ya lo vimos en la Feria de San Marcos, cuando el jefe de Seguridad Pública municipal acusó y culpó a las mujeres de no denunciar las agresiones. La realidad es que una cosa es lo que queremos y otra lo que sucede. La iniciativa del acoso indica que el infractor debe acreditar “cursos de concientización” que la autoridad considere pertinentes, que serán impartidos por la dependencia o entidad municipal que cada Ayuntamiento determine. También obliga a que los municipios capaciten a sus corporaciones policiacas y administrativas desde las instituciones correspondientes, ¿el IMA, el IMMA?, en un plazo no mayor de ciento veinte días naturales a partir de la fecha de su publicación. La instancia no debería dejar pasar que son temas diferentes la capacitación, el curso de concientización y la valoración y atención de un agresor.
Lo que no consideran ni el Judicial ni el Legislativo ni el Ejecutivo, este último poder rector de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género para el Estado, es la prevención. Prevención antes que punición. También el texto de Vela lo dice. No queremos que nos pase algo para que se castigue al agresor, no queremos pasar por el proceso del ministerio público, la mayoría de las veces revictimizante, queremos campañas de prevención, alharaca, un escándalo monumental como el del autobús naranja de la intolerancia. Queremos que el IMA, el IMMA, el IMAC, el ICA, la Sejuva, la Sedesom, todas las instituciones o secretarías se sumen a proyectos de difusión de la no violencia contra las mujeres y los grupos LGBT, no para infundir miedo porque hay una ley que cumplir y habrá castigo, sino porque todos tenemos derecho a vivir libres de violencia. ¿Por cierto, qué instancia en los organigramas estatal y municipales se encarga de atender a la comunidad LGBT? ¿Cuál que no sea un cajón de sastre y que se especialice?
El mismo Congreso que aprobó la iniciativa del acoso callejero es el que ha tenido otras prioridades antes que los derechos humanos, ¿ejemplos? La tipificación del abigeato como delito autónomo, que con la reforma al Código Penal Federal “se ha dado un gran paso para proteger al sector ganadero del país, incluyendo al de Aguascalientes”, dijo orgulloso el panista Raymundo Durón. ¿Qué voy a andar sabiendo yo de robo de vacas? ¿Cómo me atrevo a comparar el abigeato con un feminicidio? Los últimos dos suicidios de mujeres en Aguascalientes, el segundo estado en el país en el tema, han sido tratados por la prensa y los medios digitales con morbo y saña, revictimizando a las mujeres, sin análisis de las condiciones y de la participación de las parejas sentimentales de estas, y sin que la Fiscalía aplique el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio de la Procuraduría General de la República.
O como Guillermo Gutiérrez y María Cristina Urrutia de la Vega, panistas también, que “aclararon” que su postura en contra del punto de acuerdo en materia de diversidad sexual no se refiere a la aprobación del matrimonio igualitario, sino únicamente a tratar el tema de manera urgente. Porque para urgencias, la iniciativa de Cristina Urrutia de la Vega, hermana del fiscal del estado, René Urrutia de la Vega, sobre la prohibición de mutilaciones estéticas en perritos, prioridad a las iniciativas en derechos humanos.
Ahí están los puentes entre la lucha por la igualdad de género y otros movimientos. Nosotros no escogimos nuestras opresiones pero las vamos a combatir. Defendernos, procurarnos justicia y protección, observar nuestras diferencias para reconocernos. Porque no es solo un problema de individuos, sino que “tiene que ver con sistemas que permiten, solapan y hasta incentivan” esta podredumbre, mientras los grupos discriminados aspiramos a la igualdad. Somos el lobby gay y el feminista incómodo, el que se moviliza contra el hambre, la corrupción o la miseria, y por la libertad de nuestras mentes y cuerpos.
@negramagallanes
